EFE
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México informó hoy que tres líderes sociales de San Salvador Atenco (centro) continuarán en prisión bajo proceso de otros delitos distintos al de secuestro del que ayer les exoneró la Suprema Corte por irregularidades en el juicio.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó "la inmediata liberación" de doce personas acusadas del secuestro de policías ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 durante un conflicto social en San Salvador Atenco, en el central Estado de México, condenadas a penas de entre 31 y 112 años.
En tales días, comerciantes y campesinos de la localidad de San Salvador Atenco se enfrentaron armados con machetes y bombas molotov contra una dotación de policía en protesta por el desalojo de vendedores callejeros.
Anoche salieron nueve de las doce personas acusadas y se esperaba hoy la liberación de las tres restantes, entre ellas Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Sin embargo, la SSP recién ha informado en un comunicado que Del Valle, Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez Hernández permanecerán en prisión por otros delitos distintos al de secuestro por el que la SCJN les exoneró ayer.
La SSP dijo que recibió la orden de absoluta e inmediata libertad de estos tres hombres por el delito de secuestro, pero "tienen en proceso las siguientes causas penales: robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte", en hechos relacionados con los disturbios de 2006.
Los tres están presos en un penal de alta seguridad y podrían ser trasladados a otras prisiones para que se les procese por delitos del fueron común.
La SSP agregó que deben cumplirse los procesos judiciales correspondientes a las cuatro causas penales para su liberación definitiva.
La controvertida acción policial de mayo de 2006 desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la comisión de abusos sexuales contra "al menos 26 mujeres".
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México informó hoy que tres líderes sociales de San Salvador Atenco (centro) continuarán en prisión bajo proceso de otros delitos distintos al de secuestro del que ayer les exoneró la Suprema Corte por irregularidades en el juicio.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó "la inmediata liberación" de doce personas acusadas del secuestro de policías ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 durante un conflicto social en San Salvador Atenco, en el central Estado de México, condenadas a penas de entre 31 y 112 años.
En tales días, comerciantes y campesinos de la localidad de San Salvador Atenco se enfrentaron armados con machetes y bombas molotov contra una dotación de policía en protesta por el desalojo de vendedores callejeros.
Anoche salieron nueve de las doce personas acusadas y se esperaba hoy la liberación de las tres restantes, entre ellas Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Sin embargo, la SSP recién ha informado en un comunicado que Del Valle, Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez Hernández permanecerán en prisión por otros delitos distintos al de secuestro por el que la SCJN les exoneró ayer.
La SSP dijo que recibió la orden de absoluta e inmediata libertad de estos tres hombres por el delito de secuestro, pero "tienen en proceso las siguientes causas penales: robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte", en hechos relacionados con los disturbios de 2006.
Los tres están presos en un penal de alta seguridad y podrían ser trasladados a otras prisiones para que se les procese por delitos del fueron común.
La SSP agregó que deben cumplirse los procesos judiciales correspondientes a las cuatro causas penales para su liberación definitiva.
La controvertida acción policial de mayo de 2006 desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la comisión de abusos sexuales contra "al menos 26 mujeres".
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