José Enrique González Ruiz
Para los gobiernos neoliberales, el tema de los derechos humanos es de coyuntura: se ocupan de ellos únicamente cuando son exigidos por instancias del exterior, como los bancos supranacionales o los bloques económicos. Así, el tema estuvo de moda en México cuando se estaban firmando tratados de libre comercio que exigían ciertos compromisos de esta índole. Todos sabemos que la Unión Europea incluye la Carta democrática en sus instrumentos jurídicos de corte commercial.
Pero la cuestión más acuciante para quienes ejercen el poder en nuestro país es hoy la de seguridad. La población está siendo atemorizada (y quizá hasta aterrorizada) por las abundantes noticias de asesinatos, masacres, secuestros y todo tipo de violencia sobre las personas y los bienes. Una somera revisión de los periódicos y de los noticiarios de radio y televisión nos dejará en claro que la nota roja ha pasado a ser la principal.
El actual régimen (que se instaló mediante lo que millones de mexicanos consideramos un fraude electoral) hizo de la "guerra contra el crimen organizado" su actividad primordial y su medio de legitimación. Para ello, echó mano del Ejército y le encomendó tareas de seguridad pública que evidentemente rebasan los linderos constitucionales. El artículo 13 de la Carta Magna limita nítidamente el fuero castrense a los actos relacionados con la disciplina militar. Pero en los hechos, hemos visto cómo los elementos militares extienden su accionar a la casi totalidad de la vida política de la nación.
Lo anterior explica por qué los derechos humanos no reciben ni la atención declarativa que tuvieron en el sexenio anterior. En esta etapa son vistos más como un estorbo que como un elemento indispensable para la democracia.
La formación militar hace a la gente obediente y no deliberante. En la milicia, las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen… aunque sean aberrantes y contrarias a las reglas fundamentales de la convivencia humana. El desacato al mandato de un superior constituye un delito del fuero militar. Por ello, cuando un soldado es acusado de violar los derechos humanos, recurre al argumento de "la obediencia debida".
Más aún: cuando se involucra al Ejército y a otras fuerzas armadas del Estado en el combate a la delincuencia organizada y al "terrorismo", se le hace ver que es el último bastión "del estado de derecho", "el último reducto de la legalidad". Por ello, cuando acciona en esta dirección, demanda que se le asegure la impunidad. Nadie se movería fuera de la órbita de los derechos humanos sin estar seguro de que jamás será castigado.
Pero el Ejército sabe que una guerra fuera de los marcos de la ley es una guerra sucia. Por eso, el secretario de la Defensa Nacional, general Galván Galván, demandó que se dicte una Ley de Seguridad Nacional que les autorice a hacer lo que están haciendo fuera de las normas jurídicas vigentes. Concretamente demandó a los legisladores las siguientes facultades:
1. Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.
2. Poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.
3. Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.
4. Intervenir las comunicaciones.
5. Potestad para rastrear páginas de internet.
6. Cancelar espectáculos públicos.
7. Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías.
8. Que el Ejército pueda declarar "zonas de excepción", es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, pueda ser detenido.
9. "Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas." (Apro, 16-IV-10).
Cuando algunos legisladores intentaron poner ciertos límites a esta demanda, los castrenses se molestaron y el tema se empantanó en el Congreso.
Vino a México la secretaria estadunidense de Estado Hillary Clinton, acompañada de los integrantes del gabinete de seguridad. Trajo indicaciones precisas para el equipo calderonista. Esto es posible, porque el actual ocupante de Los Pinos suscribió la Iniciativa Mérida, versión mexicana del Plan Colombia por el cual Estados Unidos tiene más de una docena de bases militares en territorio colombiano.
Por ello, no es extraño que el subsecretario de Estado para asuntos de Narcotráfico Internacional, David Johnson, se haya sentido con derecho para declarar que la justicia militar en México "debe transparentarse". Anunció que se instalará una oficina en la ciudad de México "para administrar la mencionada iniciativa (Mérida) donde mexicanos y estadunidenses trabajarán lado a lado" (La Jornada, 19-V-10, página 7).
Protectorado
Cada que es aprehendido algún capo de la droga, los estadunidenses presumen que es gracias a su "inteligencia". Todo mundo sabe que en nuestro territorio opera la DEA. Y ahora van a decirnos cómo rehacer el sistema judicial. Todo apunta a un protectorado.
No existe en el gobierno actual el menor rasgo de corrección del rumbo. Todo indica que continuará la aplicación de medidas contrarias a la ley y que los derechos humanos tendrán que esperar mejores tiempos.
Con ello, se exacerba la confrontación interna. ¿Será esto lo que busca la casta en el poder
Para los gobiernos neoliberales, el tema de los derechos humanos es de coyuntura: se ocupan de ellos únicamente cuando son exigidos por instancias del exterior, como los bancos supranacionales o los bloques económicos. Así, el tema estuvo de moda en México cuando se estaban firmando tratados de libre comercio que exigían ciertos compromisos de esta índole. Todos sabemos que la Unión Europea incluye la Carta democrática en sus instrumentos jurídicos de corte commercial.
Pero la cuestión más acuciante para quienes ejercen el poder en nuestro país es hoy la de seguridad. La población está siendo atemorizada (y quizá hasta aterrorizada) por las abundantes noticias de asesinatos, masacres, secuestros y todo tipo de violencia sobre las personas y los bienes. Una somera revisión de los periódicos y de los noticiarios de radio y televisión nos dejará en claro que la nota roja ha pasado a ser la principal.
El actual régimen (que se instaló mediante lo que millones de mexicanos consideramos un fraude electoral) hizo de la "guerra contra el crimen organizado" su actividad primordial y su medio de legitimación. Para ello, echó mano del Ejército y le encomendó tareas de seguridad pública que evidentemente rebasan los linderos constitucionales. El artículo 13 de la Carta Magna limita nítidamente el fuero castrense a los actos relacionados con la disciplina militar. Pero en los hechos, hemos visto cómo los elementos militares extienden su accionar a la casi totalidad de la vida política de la nación.
Lo anterior explica por qué los derechos humanos no reciben ni la atención declarativa que tuvieron en el sexenio anterior. En esta etapa son vistos más como un estorbo que como un elemento indispensable para la democracia.
La formación militar hace a la gente obediente y no deliberante. En la milicia, las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen… aunque sean aberrantes y contrarias a las reglas fundamentales de la convivencia humana. El desacato al mandato de un superior constituye un delito del fuero militar. Por ello, cuando un soldado es acusado de violar los derechos humanos, recurre al argumento de "la obediencia debida".
Más aún: cuando se involucra al Ejército y a otras fuerzas armadas del Estado en el combate a la delincuencia organizada y al "terrorismo", se le hace ver que es el último bastión "del estado de derecho", "el último reducto de la legalidad". Por ello, cuando acciona en esta dirección, demanda que se le asegure la impunidad. Nadie se movería fuera de la órbita de los derechos humanos sin estar seguro de que jamás será castigado.
Pero el Ejército sabe que una guerra fuera de los marcos de la ley es una guerra sucia. Por eso, el secretario de la Defensa Nacional, general Galván Galván, demandó que se dicte una Ley de Seguridad Nacional que les autorice a hacer lo que están haciendo fuera de las normas jurídicas vigentes. Concretamente demandó a los legisladores las siguientes facultades:
1. Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.
2. Poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.
3. Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.
4. Intervenir las comunicaciones.
5. Potestad para rastrear páginas de internet.
6. Cancelar espectáculos públicos.
7. Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías.
8. Que el Ejército pueda declarar "zonas de excepción", es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, pueda ser detenido.
9. "Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas." (Apro, 16-IV-10).
Cuando algunos legisladores intentaron poner ciertos límites a esta demanda, los castrenses se molestaron y el tema se empantanó en el Congreso.
Vino a México la secretaria estadunidense de Estado Hillary Clinton, acompañada de los integrantes del gabinete de seguridad. Trajo indicaciones precisas para el equipo calderonista. Esto es posible, porque el actual ocupante de Los Pinos suscribió la Iniciativa Mérida, versión mexicana del Plan Colombia por el cual Estados Unidos tiene más de una docena de bases militares en territorio colombiano.
Por ello, no es extraño que el subsecretario de Estado para asuntos de Narcotráfico Internacional, David Johnson, se haya sentido con derecho para declarar que la justicia militar en México "debe transparentarse". Anunció que se instalará una oficina en la ciudad de México "para administrar la mencionada iniciativa (Mérida) donde mexicanos y estadunidenses trabajarán lado a lado" (La Jornada, 19-V-10, página 7).
Protectorado
Cada que es aprehendido algún capo de la droga, los estadunidenses presumen que es gracias a su "inteligencia". Todo mundo sabe que en nuestro territorio opera la DEA. Y ahora van a decirnos cómo rehacer el sistema judicial. Todo apunta a un protectorado.
No existe en el gobierno actual el menor rasgo de corrección del rumbo. Todo indica que continuará la aplicación de medidas contrarias a la ley y que los derechos humanos tendrán que esperar mejores tiempos.
Con ello, se exacerba la confrontación interna. ¿Será esto lo que busca la casta en el poder
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