Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
No es políticamente correcto acoplar el timing en la procuración de justicia con el propósito de ganar elecciones o, al menos, evitar que la presencia del PRD crezca, porque nadie sabe para quien trabaja, tal y como están las cosas en México.
También es cierto que no existe el momento idóneo para solicitar una orden de aprehensión -que de todas formas adquirirá importancia política y electoral- y ejecutarla, cuando se trata de un candidato a una gubernatura, pero cuyos antecedentes resultan inocultables. El caso es que el gobierno federal actuó con audacia, e impuso su voluntad para que el Poder Judicial de la Federación procediera con esa obsecuencia colindante con la sumisión, porque de lo que se trata es que la administración de justicia también sea útil para conservar el poder durante estas elecciones y para el 2012.
Empecemos por el principio del desenlace del caso Gregorio “Greg” Sánchez Martínez. Un año antes de su detención, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Mario Villanueva Madrid, quien buscaba echar abajo una condena de 36 años de cárcel por proteger al narcotráfico en la década de los 90. Así, la primera sala confirmó la sentencia dictada el 26 de marzo por un Tribunal Colegiado de Circuito de Toluca.
Once meses después y sólo unos días antes de detener a “Greg” Sánchez, Mario Villanueva es extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y asociación delictuosa; es el primer ex gobernador priista en ser sancionado de esa manera. La PGR informó en un comunicado que era buscado por una corte federal de Nueva York bajo cargos de haber proporcionado apoyo, entre 1993 y 1999, al cártel de Juárez, para que pudiera introducir a Cancún cientos de toneladas de cocaína colombiana y luego transportarlas a Estados Unidos.
Supongo que los estrategas del panismo consideran que este procedimiento desacredita al candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, y que lo único urgente, necesario era proceder a instrumentar la detención de “Greg” Sánchez; debido al conocimiento que se tiene de sus tropelías, bien hubiese podido ser detenido hace meses, pero hacerlo en ese entonces no hubiera rendido tanto provecho político como ahora.
El artículo 38 constitucional parece ser muy claro y no necesita de interpretación jurídica para comprenderlo. Al momento de dictarse el auto de formal prisión, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, lo que para el sentido común resulta una aberración, porque antes de ser dictada una sentencia, que puede ser absolutoria, el justiciable se ve privado de sus derechos y prerrogativas -en sentido general, no hay aclaración ninguna-, privación que, es de suponerse, incluye su derecho a un juicio justo. Ésta no es sino la interpretación de un ciudadano de a pie, pero hay de otras con verdadero peso jurídico.
Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y solitario crítico del anatocismo, sostiene que Gregorio Sánchez sólo podrá ser suspendido de sus derechos políticos hasta recibir sentencia definitiva. El razonamiento es lógico y legal, porque como lo apunta el ciudadano de a pie, qué tal que la sentencia es absolutoria y, por lo pronto, ya lo desposeyeron de sus derechos.
Naturalmente muchos pensarán que es mejor servirse políticamente de la administración de justicia para administrarla, a que un delincuente del perfil de Gregorio Sánchez Martínez se haga con la gubernatura de una entidad como Quintana Roo, puerta de paso de la delincuencia organizada a México, para trasegar drogas y personas, negocio ilícito, negro, sucio, aberrante que puede tolerársele a un presidente municipal ajeno a los poderes fácticos, pero no a un gobernador nada afín a esos poderes que hoy determinan el futuro de México.
Abunda el ex ministro Castro y Castro: “el texto actual del artículo 38 de la Constitución tiene un error que no corrigió el Congreso, pues el auto de formal prisión ya no existe. 'El día 19 de junio de 2008, de acuerdo con el artículo transitorio primero, entró en vigor la reforma que establece como auto cabeza de todo proceso, el auto de vinculación a proceso, y desapareció el llamado auto de formal prisión que ya no existe…'
Pero claro que los ministros, magistrados y jueces en funciones, lo mismo que los legisladores y los funcionarios públicos celosos de su deber, tienen poco tiempo para leer o carecen de gusto por la literatura, por ello les recomiendo estas líneas de Sándor Márai, como escritas para México en estos aciagos días de guerra contra el crimen organizado.
“En aquellos años, la vida buscaba formas nuevas; de eso se trataba, y había que intentar comprender desde ese punto de vista las acciones desesperadas de los seres humanos. Todo estaba cambiando: modas, máquinas, ideas, ideales, convenciones… Todo había perdido su razón de ser, había envejecido, todo había quedado arrinconado, pasado de moda. Sin embargo, la tarea más importante del juez no era comprender, sino más bien confirmar. La sociedad sólo le exigía eso, ni más ni menos…”
Es cierto, no se puede permitir que un delincuente se haga con el gobierno de una entidad federativa, pero por qué lo dejaron llegar tan lejos, por qué no lo detuvieron a tiempo, por qué lo dejaron crecer, por qué para aplicar la ley proceden de manera similar al que persiguen.
No es políticamente correcto acoplar el timing en la procuración de justicia con el propósito de ganar elecciones o, al menos, evitar que la presencia del PRD crezca, porque nadie sabe para quien trabaja, tal y como están las cosas en México.
También es cierto que no existe el momento idóneo para solicitar una orden de aprehensión -que de todas formas adquirirá importancia política y electoral- y ejecutarla, cuando se trata de un candidato a una gubernatura, pero cuyos antecedentes resultan inocultables. El caso es que el gobierno federal actuó con audacia, e impuso su voluntad para que el Poder Judicial de la Federación procediera con esa obsecuencia colindante con la sumisión, porque de lo que se trata es que la administración de justicia también sea útil para conservar el poder durante estas elecciones y para el 2012.
Empecemos por el principio del desenlace del caso Gregorio “Greg” Sánchez Martínez. Un año antes de su detención, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Mario Villanueva Madrid, quien buscaba echar abajo una condena de 36 años de cárcel por proteger al narcotráfico en la década de los 90. Así, la primera sala confirmó la sentencia dictada el 26 de marzo por un Tribunal Colegiado de Circuito de Toluca.
Once meses después y sólo unos días antes de detener a “Greg” Sánchez, Mario Villanueva es extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y asociación delictuosa; es el primer ex gobernador priista en ser sancionado de esa manera. La PGR informó en un comunicado que era buscado por una corte federal de Nueva York bajo cargos de haber proporcionado apoyo, entre 1993 y 1999, al cártel de Juárez, para que pudiera introducir a Cancún cientos de toneladas de cocaína colombiana y luego transportarlas a Estados Unidos.
Supongo que los estrategas del panismo consideran que este procedimiento desacredita al candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, y que lo único urgente, necesario era proceder a instrumentar la detención de “Greg” Sánchez; debido al conocimiento que se tiene de sus tropelías, bien hubiese podido ser detenido hace meses, pero hacerlo en ese entonces no hubiera rendido tanto provecho político como ahora.
El artículo 38 constitucional parece ser muy claro y no necesita de interpretación jurídica para comprenderlo. Al momento de dictarse el auto de formal prisión, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, lo que para el sentido común resulta una aberración, porque antes de ser dictada una sentencia, que puede ser absolutoria, el justiciable se ve privado de sus derechos y prerrogativas -en sentido general, no hay aclaración ninguna-, privación que, es de suponerse, incluye su derecho a un juicio justo. Ésta no es sino la interpretación de un ciudadano de a pie, pero hay de otras con verdadero peso jurídico.
Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y solitario crítico del anatocismo, sostiene que Gregorio Sánchez sólo podrá ser suspendido de sus derechos políticos hasta recibir sentencia definitiva. El razonamiento es lógico y legal, porque como lo apunta el ciudadano de a pie, qué tal que la sentencia es absolutoria y, por lo pronto, ya lo desposeyeron de sus derechos.
Naturalmente muchos pensarán que es mejor servirse políticamente de la administración de justicia para administrarla, a que un delincuente del perfil de Gregorio Sánchez Martínez se haga con la gubernatura de una entidad como Quintana Roo, puerta de paso de la delincuencia organizada a México, para trasegar drogas y personas, negocio ilícito, negro, sucio, aberrante que puede tolerársele a un presidente municipal ajeno a los poderes fácticos, pero no a un gobernador nada afín a esos poderes que hoy determinan el futuro de México.
Abunda el ex ministro Castro y Castro: “el texto actual del artículo 38 de la Constitución tiene un error que no corrigió el Congreso, pues el auto de formal prisión ya no existe. 'El día 19 de junio de 2008, de acuerdo con el artículo transitorio primero, entró en vigor la reforma que establece como auto cabeza de todo proceso, el auto de vinculación a proceso, y desapareció el llamado auto de formal prisión que ya no existe…'
Pero claro que los ministros, magistrados y jueces en funciones, lo mismo que los legisladores y los funcionarios públicos celosos de su deber, tienen poco tiempo para leer o carecen de gusto por la literatura, por ello les recomiendo estas líneas de Sándor Márai, como escritas para México en estos aciagos días de guerra contra el crimen organizado.
“En aquellos años, la vida buscaba formas nuevas; de eso se trataba, y había que intentar comprender desde ese punto de vista las acciones desesperadas de los seres humanos. Todo estaba cambiando: modas, máquinas, ideas, ideales, convenciones… Todo había perdido su razón de ser, había envejecido, todo había quedado arrinconado, pasado de moda. Sin embargo, la tarea más importante del juez no era comprender, sino más bien confirmar. La sociedad sólo le exigía eso, ni más ni menos…”
Es cierto, no se puede permitir que un delincuente se haga con el gobierno de una entidad federativa, pero por qué lo dejaron llegar tan lejos, por qué no lo detuvieron a tiempo, por qué lo dejaron crecer, por qué para aplicar la ley proceden de manera similar al que persiguen.
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