Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El caletre no me da para comprender algunas de las decisiones o propuestas del gobierno, del presidente constitucional, Felipe Calderón. Deseo equivocarme, pero los comunicados de prensa y las actitudes del titular del Ejecutivo -desprendidas de las fotografías- relativas a las consecuencias de la tragedia de la guardería ABC, sólo me dejan la sensación de que procede estimulado por un pesaroso sentido de culpa, remordimiento católico del que seguramente carecen los responsables de los muertos, de los lisiados y los dolores en el alma, del cual los padres nunca podrán reponerse.
La única actitud razonable y políticamente correcta es la determinación de que a los 80 niños que, sin tener lesiones por quemaduras pero que podrían haber aspirado el humo del incendio, se les expidiera un certificado de atención médica vitalicia en hospitales del IMSS y en instituciones privadas de México o Estados Unidos, aunque cinco padres de familia se negaran a recibirlo.
Luego el pozo profundo de la conciencia presidencial. Busca la manera de silenciarla, apaciguarla y, de algún modo, transformar el luto de los deudos en aliviada memoria, porque los tiempos bíblicos de las resurrecciones desaparecieron en cuanto se fundó el cristianismo. Cerrado el paso a las condolencias, al espejismo de una justicia que, diga lo que se diga, no es vinculante, pues el resultado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasará del escándalo en los medios y las críticas de sobremesa, para cederle el paso a la realidad.
El comunicado de prensa es puntual: “Durante cuatro horas, el presidente Felipe Calderón escuchó los relatos de cada uno de los padres de los niños y también se les informó que las investigaciones están en curso; se les anunció que la Procuraduría General de la República ratificará el dictamen realizado por un perito que contrataron los deudos para establecer las causas del incendio para que, en su caso, lo valore el juez de Distrito correspondiente”.
Luego, el pasmo, lo que no entiendo, porque no acierto a comprender ni las razones políticas que motivan ese ofrecimiento que a ningún lado conduce. El caso es que “el presidente informó a los ávidos de justicia, que se evaluarán los caminos legales necesarios para establecer una pensión que brinde apoyo vitalicio a las madres cuyos hijos fallecieron o resultaron lesionados, y que por tales circunstancias se encuentren imposibilitados para volver a trabajar”.
Pienso de inmediato en esforzarme por conocer cuáles son los caminos legales para que el Gobierno de la República conceda una pensión vitalicia a quien por servicios a la patria lo merece, o cuando menos para que el ISSSTE pueda pensionarlo después de 30 años de servicio y con 65 de edad, lo que hace de lo vitalicio un trayecto bastante corto. Y me acuerdo de los deudos de los militares y policías asesinados por sicarios, siempre luchando para que la sociedad se beneficie de la seguridad pública y jurídica, que ya es urgente. Los deudos de Pasta de Conchos que no tienen en qué caerse muertos, los deudos de la pobreza alimentaria y de la miseria, que de hambre también se mata.
Por último, el dosconcierto total. ¿Qué se necesita para que la memoria de ciudadanos de este atribulado país, merezca un día de luto nacional? En el vórtice de lo políticamente incorrecto, considero prudente que la sociedad se cuestione si el recuerdo de los niños fallecidos hace poco más de un año en la guardería ABC, realmente merece un día de luto nacional? ¿Y las víctimas civiles de la lucha contra los barones de la droga? ¿Los policías y soldados muertos en el cumplimiento de su deber? ¿Aquellos que fueron secuestrados, torturados, mutilados y nunca rescatados, no merecen un día de luto nacional?
No hay respuestas, por ello recurro a mi gurú en filosofía, quien me recuerda que “en la medida en que el pensamiento planea por encima de la disputa social, puede juzgar, pero no transformar”. Así pues, las propuestas y decisiones del Ejecutivo y la resolución no vinculante de la Corte nada cambiarán de nuestra realidad, aunque hayan juzgado. De tener un ápice de dignidad, los responsables habrían dejado de cabildear ante la SCJN y, con aplomo, presentado su renuncia.
Pero el gurú insiste: “En la medida en que el destino de un hombre depende de otros, su vida escapa no sólo a sus manos, también a su inteligencia; el juicio y la resolución no tienen ya a qué aplicarse; en lugar de combinar y actuar, hay que rebajarse a suplicar o a amenazar… porque no hay límites a las satisfacciones y a los sufrimientos que un hombre puede recibir de los otros hombres…”
Un día de luto nacional, promoción de una pensión vitalicia que está en veremos, y atención médica vitalicia a los 80 sobrevivientes de la tragedia, lo que no está mal, pero es sólo resultado de la atribulada conciencia presidencial que algo quiere solucionar -aunque el procedimiento sea incorrecto-, mientras la SCJN se esforzara por recuperar su dignidad y recomendar, al menos, que a los involucrados se les solicite su renuncia, para después fincarles responsabilidades sin el circo del juicio político.
El caletre no me da para comprender algunas de las decisiones o propuestas del gobierno, del presidente constitucional, Felipe Calderón. Deseo equivocarme, pero los comunicados de prensa y las actitudes del titular del Ejecutivo -desprendidas de las fotografías- relativas a las consecuencias de la tragedia de la guardería ABC, sólo me dejan la sensación de que procede estimulado por un pesaroso sentido de culpa, remordimiento católico del que seguramente carecen los responsables de los muertos, de los lisiados y los dolores en el alma, del cual los padres nunca podrán reponerse.
La única actitud razonable y políticamente correcta es la determinación de que a los 80 niños que, sin tener lesiones por quemaduras pero que podrían haber aspirado el humo del incendio, se les expidiera un certificado de atención médica vitalicia en hospitales del IMSS y en instituciones privadas de México o Estados Unidos, aunque cinco padres de familia se negaran a recibirlo.
Luego el pozo profundo de la conciencia presidencial. Busca la manera de silenciarla, apaciguarla y, de algún modo, transformar el luto de los deudos en aliviada memoria, porque los tiempos bíblicos de las resurrecciones desaparecieron en cuanto se fundó el cristianismo. Cerrado el paso a las condolencias, al espejismo de una justicia que, diga lo que se diga, no es vinculante, pues el resultado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasará del escándalo en los medios y las críticas de sobremesa, para cederle el paso a la realidad.
El comunicado de prensa es puntual: “Durante cuatro horas, el presidente Felipe Calderón escuchó los relatos de cada uno de los padres de los niños y también se les informó que las investigaciones están en curso; se les anunció que la Procuraduría General de la República ratificará el dictamen realizado por un perito que contrataron los deudos para establecer las causas del incendio para que, en su caso, lo valore el juez de Distrito correspondiente”.
Luego, el pasmo, lo que no entiendo, porque no acierto a comprender ni las razones políticas que motivan ese ofrecimiento que a ningún lado conduce. El caso es que “el presidente informó a los ávidos de justicia, que se evaluarán los caminos legales necesarios para establecer una pensión que brinde apoyo vitalicio a las madres cuyos hijos fallecieron o resultaron lesionados, y que por tales circunstancias se encuentren imposibilitados para volver a trabajar”.
Pienso de inmediato en esforzarme por conocer cuáles son los caminos legales para que el Gobierno de la República conceda una pensión vitalicia a quien por servicios a la patria lo merece, o cuando menos para que el ISSSTE pueda pensionarlo después de 30 años de servicio y con 65 de edad, lo que hace de lo vitalicio un trayecto bastante corto. Y me acuerdo de los deudos de los militares y policías asesinados por sicarios, siempre luchando para que la sociedad se beneficie de la seguridad pública y jurídica, que ya es urgente. Los deudos de Pasta de Conchos que no tienen en qué caerse muertos, los deudos de la pobreza alimentaria y de la miseria, que de hambre también se mata.
Por último, el dosconcierto total. ¿Qué se necesita para que la memoria de ciudadanos de este atribulado país, merezca un día de luto nacional? En el vórtice de lo políticamente incorrecto, considero prudente que la sociedad se cuestione si el recuerdo de los niños fallecidos hace poco más de un año en la guardería ABC, realmente merece un día de luto nacional? ¿Y las víctimas civiles de la lucha contra los barones de la droga? ¿Los policías y soldados muertos en el cumplimiento de su deber? ¿Aquellos que fueron secuestrados, torturados, mutilados y nunca rescatados, no merecen un día de luto nacional?
No hay respuestas, por ello recurro a mi gurú en filosofía, quien me recuerda que “en la medida en que el pensamiento planea por encima de la disputa social, puede juzgar, pero no transformar”. Así pues, las propuestas y decisiones del Ejecutivo y la resolución no vinculante de la Corte nada cambiarán de nuestra realidad, aunque hayan juzgado. De tener un ápice de dignidad, los responsables habrían dejado de cabildear ante la SCJN y, con aplomo, presentado su renuncia.
Pero el gurú insiste: “En la medida en que el destino de un hombre depende de otros, su vida escapa no sólo a sus manos, también a su inteligencia; el juicio y la resolución no tienen ya a qué aplicarse; en lugar de combinar y actuar, hay que rebajarse a suplicar o a amenazar… porque no hay límites a las satisfacciones y a los sufrimientos que un hombre puede recibir de los otros hombres…”
Un día de luto nacional, promoción de una pensión vitalicia que está en veremos, y atención médica vitalicia a los 80 sobrevivientes de la tragedia, lo que no está mal, pero es sólo resultado de la atribulada conciencia presidencial que algo quiere solucionar -aunque el procedimiento sea incorrecto-, mientras la SCJN se esforzara por recuperar su dignidad y recomendar, al menos, que a los involucrados se les solicite su renuncia, para después fincarles responsabilidades sin el circo del juicio político.
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