David Aponte / Contraflujo
El apetito del dinero en los congresos puede ser feroz, insaciable. La disposición de millones y millones de pesos y el manejo discrecional son una “virtud” en muchas de las instancias del Poder Legislativo en México. El caso de Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el ejemplo de una cascada de recursos económicos, que año con año va en aumento y no hay garantías, diques para que los diputados mejoren la calidad de su trabajo y desempeño. Otro problema fundamental es que tampoco rinden cuentas, no tienen mecanismos de transparencia para dar a conocer cómo y en qué gastan.
Un estudio elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, denominado Legislar en la Oscuridad, muestra el aumento del presupuesto de la Asamblea Legislativa entre 2005 y 2009, sin que haya una prueba del uso eficiente del dinero. En ese periodo, los diputados locales han duplicado el monto total, “pero eso no tuvo como consecuencia ningún cambio significativo en la producción de mejores leyes, en el desarrollo de más actividades de control parlamentario ni en una mejor calidad en la relación de los representantes y representados. Aumentar el presupuesto de la Asamblea sin una orientación clara hacia la profesionalización de la actividad parlamentaria y alejada de los criterios de control, transparencia y honestidad, resulta inconcluso y contraproducente para la institución y sus miembros”, expone.
El estudio, firmado por el investigador del CIDE, Khemvirg Puente, muestra la evolución del aumento en el presupuesto de Asamblea, que en los montos ejercidos siempre tiene una variación cercana al 5% del total aprobado (siempre se gasta un poco más de lo que se aprueba):
* 737 millones 829 mil pesos en 2005.
* 767 millones 342 mil pesos en 2006.
* 901 millones 106 mil pesos en 2007.
* Mil 122 millones 36 mil pesos en 2008.
* Mil 216 millones 350 mil pesos en 2009.
¿Cuál es el mecanismo o el plan para determinar el monto que los diputados gastan año con año? ¿Los legisladores cómo hacen sus cálculos? El estudio explica que la ALDF aprueba su presupuesto en secreto y de manera expedita, sin deliberación alguna, ni pública ni privada, en una reunión a la que asisten unos cuantos legisladores (muy probablemente los coordinadores parlamentarios). Para el ejercicio de los recursos de 2009, los legisladores acudieron a una sesión “privada” del Comité de Administración.
Los diputados locales tejen, hacen sumas y restas, de lo que se van a asignar con base en la legislación orgánica, que ofrece a la Asamblea la facultad de manejar, administrar y ejercer de manera autónoma su presupuesto para contar con los recursos necesarios para realizar sus actividades, con la utilización del modelo de separación de poderes. Sin embargo, “de ninguna manera puede interpretarse como una justificación para asignar recursos internos mediante procesos poco claros y en sesiones privadas”, considera el análisis.
Al final de la espiral, de los mecanismos opacos con los que los grupos parlamentarios se aprueban sus recursos, ¿cuánto toca a cada uno de los diputados y cuáles son los rubros? Durante 2009, cada uno de los legisladores recibió 257 mil 742 pesos mensuales, bajo distintos conceptos y en algunos casos sin necesidad de transparentar.
* 52 mil 964 pesos por dieta.
* Ocho mil 889 pesos de seguro por retiro (ahorro).
* 56 mil 861 pesos por apoyos del grupo parlamentario.
* 64 mil 27 pesos por gastos de módulo de atención.
* 75 mil pesos por el Programa Ciudad de Leyes.
El dinero para el Programa Ciudad de Leyes fue creado para que los ciudadanos estén enterados de las acciones de la Asamblea, pero el dinero se ha venido utilizando con fines clientelares entre comunidades, sectores y grupos sociales. Sólo basta la firma del diputado para justificar el uso y destino del dinero. Por ejemplo, algunos diputados han explicado el gasto con el pago de entrevistas de prensa, reuniones con delegados y entrevistas con el jefe de Gobierno.
El análisis expone que “un cuarto de millón de pesos mensuales para cada legislador puede parecer un ingreso ‘suficiente’ para el desempeño de su función, aunque no necesariamente ‘justo’ o en términos de la Constitución, ‘adecuado’. De cualquier manera, resulta paradójico que aún cuando la entrega de los recursos es legal, pues se basa en ordenamientos legales aprobados y sancionados por la propia Asamblea, las fuentes y origen de los mismos sean distintos, aunque al final, quien los ejerce es directamente el legislador”. Con esto, dice el investigador, no se afirma que haya desvíos, pero tampoco no hay mecanismos de control y los ciudadanos no tienen información del destino final del dinero.
Al final del tramo, no existen mecanismos de vigilancia del dinero que manejan los diputados del DF, como tampoco un esquema de castigos para los abusos. Y la voracidad por el dinero crece año con año.
El apetito del dinero en los congresos puede ser feroz, insaciable. La disposición de millones y millones de pesos y el manejo discrecional son una “virtud” en muchas de las instancias del Poder Legislativo en México. El caso de Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el ejemplo de una cascada de recursos económicos, que año con año va en aumento y no hay garantías, diques para que los diputados mejoren la calidad de su trabajo y desempeño. Otro problema fundamental es que tampoco rinden cuentas, no tienen mecanismos de transparencia para dar a conocer cómo y en qué gastan.
Un estudio elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, denominado Legislar en la Oscuridad, muestra el aumento del presupuesto de la Asamblea Legislativa entre 2005 y 2009, sin que haya una prueba del uso eficiente del dinero. En ese periodo, los diputados locales han duplicado el monto total, “pero eso no tuvo como consecuencia ningún cambio significativo en la producción de mejores leyes, en el desarrollo de más actividades de control parlamentario ni en una mejor calidad en la relación de los representantes y representados. Aumentar el presupuesto de la Asamblea sin una orientación clara hacia la profesionalización de la actividad parlamentaria y alejada de los criterios de control, transparencia y honestidad, resulta inconcluso y contraproducente para la institución y sus miembros”, expone.
El estudio, firmado por el investigador del CIDE, Khemvirg Puente, muestra la evolución del aumento en el presupuesto de Asamblea, que en los montos ejercidos siempre tiene una variación cercana al 5% del total aprobado (siempre se gasta un poco más de lo que se aprueba):
* 737 millones 829 mil pesos en 2005.
* 767 millones 342 mil pesos en 2006.
* 901 millones 106 mil pesos en 2007.
* Mil 122 millones 36 mil pesos en 2008.
* Mil 216 millones 350 mil pesos en 2009.
¿Cuál es el mecanismo o el plan para determinar el monto que los diputados gastan año con año? ¿Los legisladores cómo hacen sus cálculos? El estudio explica que la ALDF aprueba su presupuesto en secreto y de manera expedita, sin deliberación alguna, ni pública ni privada, en una reunión a la que asisten unos cuantos legisladores (muy probablemente los coordinadores parlamentarios). Para el ejercicio de los recursos de 2009, los legisladores acudieron a una sesión “privada” del Comité de Administración.
Los diputados locales tejen, hacen sumas y restas, de lo que se van a asignar con base en la legislación orgánica, que ofrece a la Asamblea la facultad de manejar, administrar y ejercer de manera autónoma su presupuesto para contar con los recursos necesarios para realizar sus actividades, con la utilización del modelo de separación de poderes. Sin embargo, “de ninguna manera puede interpretarse como una justificación para asignar recursos internos mediante procesos poco claros y en sesiones privadas”, considera el análisis.
Al final de la espiral, de los mecanismos opacos con los que los grupos parlamentarios se aprueban sus recursos, ¿cuánto toca a cada uno de los diputados y cuáles son los rubros? Durante 2009, cada uno de los legisladores recibió 257 mil 742 pesos mensuales, bajo distintos conceptos y en algunos casos sin necesidad de transparentar.
* 52 mil 964 pesos por dieta.
* Ocho mil 889 pesos de seguro por retiro (ahorro).
* 56 mil 861 pesos por apoyos del grupo parlamentario.
* 64 mil 27 pesos por gastos de módulo de atención.
* 75 mil pesos por el Programa Ciudad de Leyes.
El dinero para el Programa Ciudad de Leyes fue creado para que los ciudadanos estén enterados de las acciones de la Asamblea, pero el dinero se ha venido utilizando con fines clientelares entre comunidades, sectores y grupos sociales. Sólo basta la firma del diputado para justificar el uso y destino del dinero. Por ejemplo, algunos diputados han explicado el gasto con el pago de entrevistas de prensa, reuniones con delegados y entrevistas con el jefe de Gobierno.
El análisis expone que “un cuarto de millón de pesos mensuales para cada legislador puede parecer un ingreso ‘suficiente’ para el desempeño de su función, aunque no necesariamente ‘justo’ o en términos de la Constitución, ‘adecuado’. De cualquier manera, resulta paradójico que aún cuando la entrega de los recursos es legal, pues se basa en ordenamientos legales aprobados y sancionados por la propia Asamblea, las fuentes y origen de los mismos sean distintos, aunque al final, quien los ejerce es directamente el legislador”. Con esto, dice el investigador, no se afirma que haya desvíos, pero tampoco no hay mecanismos de control y los ciudadanos no tienen información del destino final del dinero.
Al final del tramo, no existen mecanismos de vigilancia del dinero que manejan los diputados del DF, como tampoco un esquema de castigos para los abusos. Y la voracidad por el dinero crece año con año.
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