Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Lo ocurrido en México desde el 1° de diciembre de 2000, deja la impresión de que los poderes fácticos, el gobierno y los partidos están inscritos en un concurso de agravios a la sociedad, con el propósito de acumularlos para justificar el reinicio de la no transitada transición, con el agravante de que se muestran pasmados en esa suma de perversidades, pues quienes están encargados de instrumentarlas le encontraron gusto a hacerlo, porque se llenan las faltriqueras en esa actividad.
Los gobiernos federal, estatal y municipal se muestran contentos, quizá hasta alegres, con las cuentas y los cuentos que ellos mismos se hacen de los resultados de sus programas públicos y urgentes, como los presentados logros del denominado “Todos somos Juárez”. La única manera de constatar lo dicho por las autoridades, es confrontar lo dado por supuesto con la realidad y la aceptación social.
Lo único verificable es que en los últimos 12 meses, 120 empresarios juarenses trasladaron sus negocios a El Paso, Texas, como consecuencia de la inseguridad pública y jurídica en Ciudad Juárez, constató para La Jornada José Luis Hernández Cabrera, representante de la consultora Hernández & Company.
Las cifras indican que son más los que buscan huir del miedo, refugiarse en la seguridad de Estados Unidos; de acuerdo a lo dicho por Hernández Cabrera, de cada 30 solicitudes de apertura de negocios mexicanos en El Paso, mensualmente se aprueban 10, desde 2009. “En el último año hemos visto que los negocios que tienen mayor posibilidad de éxito son los que ofrecen productos al consumo, como los restaurantes y bares. Esos de inmediato tienen éxito porque la mayoría de la gente de Estados Unidos está acostumbrada a ver el nombre en México, y como no pueden cruzar hacia Ciudad Juárez, si les llevan para allá el servicio, de inmediato se puede vender”.
Lo anterior va en sentido contrario a lo afirmado por el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien durante la reunión de evaluación del programa de rescate “Todos Somos Juárez” -que busca zurcir el tejido social de la población en un combate desde varios frentes a la delincuencia y el crimen organizado- declaró que se han visto avances importantes y reconoció la labor de la federación por los programas que ha implementado en beneficio de la ciudadanía, desde apoyos económicos hasta la construcción de centros deportivos.
A la reunión de evaluación de los primeros 100 días asistieron los consejos ciudadanos, cuyos integrantes constataron que no hay avances ni retrocesos en las 160 acciones que se quieren implementar para el rescate de Ciudad Juárez, simplemente porque no han empezado a instrumentarlas. Los habitantes de esta frontera ven con desánimo y frustración los intentos del gobierno federal y estatal para recuperar Juárez y acabar con la criminalidad, ya que en lo que va del año los sicarios cumplieron con más de mil ejecuciones.
Reconstruir el tejido social requiere más que declaraciones y buenos deseos, pero sobre todo de la verdad, porque han decidido ocultarla como si la sociedad estuviese conformada por menores de edad incapaces de comprender las decisiones tomadas desde la cúpula del poder, o las asumidas desde los mandos medios de un gobierno en proceso acelerado de descrédito en todos los frentes, incluido el religioso, por aquello del coqueteo con los cristianos.
Zurcir el tejido social en Ciudad Juárez significa refundar la comunidad desde sus cimientos éticos, morales y profesionales, y para ello se requiere voluntad y recursos económicos frescos como los aportados por el Plan Mérida, aunque quizá gracias a inconfesables compromisos adquiridos.
Decir la verdad será menos doloroso que atestiguar el fracaso de una política pública inviable, como sucede con el bloqueo y/o prohibición del uso de telefonía celular en los reclusorios, lo que no puede hacerse por razones jurídicas, como me explica un experto, puesto que la mayoría de los huéspedes de las cárceles de la zona metropolitana no han sido sentenciados, por consiguiente no han perdido sus derechos políticos ni los civiles, y no pueden impedirles la comunicación con el exterior. Silenciar la extorsión, entonces, requiere de estar al día en la administración de justicia, pero el rezago es enorme, como enormes son los vacíos legales.
Lo ocurrido en México desde el 1° de diciembre de 2000, deja la impresión de que los poderes fácticos, el gobierno y los partidos están inscritos en un concurso de agravios a la sociedad, con el propósito de acumularlos para justificar el reinicio de la no transitada transición, con el agravante de que se muestran pasmados en esa suma de perversidades, pues quienes están encargados de instrumentarlas le encontraron gusto a hacerlo, porque se llenan las faltriqueras en esa actividad.
Los gobiernos federal, estatal y municipal se muestran contentos, quizá hasta alegres, con las cuentas y los cuentos que ellos mismos se hacen de los resultados de sus programas públicos y urgentes, como los presentados logros del denominado “Todos somos Juárez”. La única manera de constatar lo dicho por las autoridades, es confrontar lo dado por supuesto con la realidad y la aceptación social.
Lo único verificable es que en los últimos 12 meses, 120 empresarios juarenses trasladaron sus negocios a El Paso, Texas, como consecuencia de la inseguridad pública y jurídica en Ciudad Juárez, constató para La Jornada José Luis Hernández Cabrera, representante de la consultora Hernández & Company.
Las cifras indican que son más los que buscan huir del miedo, refugiarse en la seguridad de Estados Unidos; de acuerdo a lo dicho por Hernández Cabrera, de cada 30 solicitudes de apertura de negocios mexicanos en El Paso, mensualmente se aprueban 10, desde 2009. “En el último año hemos visto que los negocios que tienen mayor posibilidad de éxito son los que ofrecen productos al consumo, como los restaurantes y bares. Esos de inmediato tienen éxito porque la mayoría de la gente de Estados Unidos está acostumbrada a ver el nombre en México, y como no pueden cruzar hacia Ciudad Juárez, si les llevan para allá el servicio, de inmediato se puede vender”.
Lo anterior va en sentido contrario a lo afirmado por el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien durante la reunión de evaluación del programa de rescate “Todos Somos Juárez” -que busca zurcir el tejido social de la población en un combate desde varios frentes a la delincuencia y el crimen organizado- declaró que se han visto avances importantes y reconoció la labor de la federación por los programas que ha implementado en beneficio de la ciudadanía, desde apoyos económicos hasta la construcción de centros deportivos.
A la reunión de evaluación de los primeros 100 días asistieron los consejos ciudadanos, cuyos integrantes constataron que no hay avances ni retrocesos en las 160 acciones que se quieren implementar para el rescate de Ciudad Juárez, simplemente porque no han empezado a instrumentarlas. Los habitantes de esta frontera ven con desánimo y frustración los intentos del gobierno federal y estatal para recuperar Juárez y acabar con la criminalidad, ya que en lo que va del año los sicarios cumplieron con más de mil ejecuciones.
Reconstruir el tejido social requiere más que declaraciones y buenos deseos, pero sobre todo de la verdad, porque han decidido ocultarla como si la sociedad estuviese conformada por menores de edad incapaces de comprender las decisiones tomadas desde la cúpula del poder, o las asumidas desde los mandos medios de un gobierno en proceso acelerado de descrédito en todos los frentes, incluido el religioso, por aquello del coqueteo con los cristianos.
Zurcir el tejido social en Ciudad Juárez significa refundar la comunidad desde sus cimientos éticos, morales y profesionales, y para ello se requiere voluntad y recursos económicos frescos como los aportados por el Plan Mérida, aunque quizá gracias a inconfesables compromisos adquiridos.
Decir la verdad será menos doloroso que atestiguar el fracaso de una política pública inviable, como sucede con el bloqueo y/o prohibición del uso de telefonía celular en los reclusorios, lo que no puede hacerse por razones jurídicas, como me explica un experto, puesto que la mayoría de los huéspedes de las cárceles de la zona metropolitana no han sido sentenciados, por consiguiente no han perdido sus derechos políticos ni los civiles, y no pueden impedirles la comunicación con el exterior. Silenciar la extorsión, entonces, requiere de estar al día en la administración de justicia, pero el rezago es enorme, como enormes son los vacíos legales.
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