Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
La escalada de violencia generada en los últimos cinco años por el narcotráfico en México ha dejado en evidencia la endeble y desarticulada estrategia de combate a la delincuencia organizada heredada por el actual gobierno de su antecesor, y éste a su vez del régimen de partido de Estado que gobernó al país durante más de 70 años.
La corrupción y falta de capacitación que han caracterizado a los cuerpos policíacos del país durante décadas, obligaron al gobierno federal a echar mano de sus fuerzas armadas para atacar frontalmente a una delincuencia más poderosa y organizada.
En este contexto, el último lustro ha sido para los militares una etapa de cambios acelerados en su estructura, operatividad y misiones, y sobre todo en su relación con la sociedad civil y con el poder político.
La penetración del narcotráfico en áreas sensibles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Armada de México en mucho menor medida, es parte de los costos que la dependencia y el gobierno federal han tenido que pagar en el enfrentamiento contra los cárteles de la droga.
A este escenario se suman las deserciones de miles de soldados y decenas de pilotos militares y navales que siguen mermando la capacidad de respuesta del Estado ante el fenómeno criminal.
Los bajos salarios, la excesiva carga de misiones, los abusos de sus mandos, el inevitable roce de la tropa y de sus jefes con sicarios y operadores mejor armados, y sobre todo mucho mejor pagados, constituyen hechos que igualmente han impactado la estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (FAM) desde finales del último gobierno priista (1994-2000).
En el caso de la Armada de México, la naturaleza de sus misiones y el medio en el que se desarrollan ha sido hasta ahora determinante para contener la acción corruptora del narco entre las filas navales.
La intercepción de buques y lanchas rápidas, al igual que la detección de cargamentos de droga, armas y sustancias ilegales halladas en contenedores en los recintos portuarios del país, marcan la dinámica de las acciones de la Armada de las que sus integrantes siguen estando relativamente alejados de las presiones y la tentación del dinero de los cárteles de la droga.
Sin embargo, la inserción gradual de los marinos en la lucha frontal al narcotráfico comienza a acercarlos poco a poco, tierra adentro, a las zonas calientes de esta actividad y no sería raro que en los próximos años comencemos a conocer casos de personal naval involucrado en problemas de drogas de diversa magnitud.
Esto podría ocurrir en la medida en que las fuerzas armadas continúen en las calles como pivote de la lucha contra los cárteles de la droga.
Es precisamente esta condición la que marca el siguiente impacto del crimen organizado en las filas del Ejército Mexicano y que tiene que ver con la necesidad de contar con un blindaje jurídico por parte del gobierno federal para fortalecer su papel policíaco y disminuir las así presiones internas y foráneas por los abusos militares cometidos durante operaciones antinarco.
Súper policías
Además de exhibir la extendida corrupción entre los cuerpos policíacos de todos los niveles, la delincuencia organizada ha llevado a las fuerzas armadas del país –en especial al Ejército– a convertirse en el fiel de la balanza para combatir a los cárteles de la droga.
Los militares son hoy, más que nunca, una especie de súper policías emergentes con inéditas facultades investigativas, de detención, interrogatorio y aislamiento de sospechosos.
Esto les permite manejarse de facto en un entorno de legalidad alterada o inexistente –dependiendo del municipio o poblado en turno– creada por el crimen organizado y que justificaría, desde la óptica castrense, una respuesta total.
Dos episodios dan una idea de la visión de la SEDENA al respecto. El 31 de julio de 2006, ya en el tramo final de su mandato, el presidente Vicente Fox encabezó en el Campo Militar Número 1ª la ceremonia con la que se dio de alta a la VI Brigada de Infantería Ligera, cuyas misiones fundamentales son las de “acudir hasta los más apartados rincones de la República llevando el auxilio indispensable a la población en caso de desastres, con la fuerza necesaria para desterrar el flagelo del narcotráfico en las áreas de erradicación y trasiego”, indicaba ese día el general Clemente Vega García, entonces Secretario de la Defensa Nacional.
Diez meses después, el Diario Oficial de la Federación (DOF, 9 de mayo de 2007) daba a conocer la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), instancia cuyos integrantes recibirían “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho y su actuación deberá estar regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano”.
La Sedena planeaba que el CFAF comenzara a operar para finales de 2007, con un presupuesto base de mil 600 millones de pesos y una dotación inicial de 6 mil elementos. El presupuesto nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión.
El diciembre de ese año, el alto mando colocó al CFAF en la lista de “CESE DE UNIDADES.” En su momento se llegó a mencionar que el jefe de dicha unidad sería el General de División José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez. La VI Brigada de Infantería Ligera sigue en funciones y está integrada por 6 mil 200 efectivos.
La escalada de violencia generada en los últimos cinco años por el narcotráfico en México ha dejado en evidencia la endeble y desarticulada estrategia de combate a la delincuencia organizada heredada por el actual gobierno de su antecesor, y éste a su vez del régimen de partido de Estado que gobernó al país durante más de 70 años.
La corrupción y falta de capacitación que han caracterizado a los cuerpos policíacos del país durante décadas, obligaron al gobierno federal a echar mano de sus fuerzas armadas para atacar frontalmente a una delincuencia más poderosa y organizada.
En este contexto, el último lustro ha sido para los militares una etapa de cambios acelerados en su estructura, operatividad y misiones, y sobre todo en su relación con la sociedad civil y con el poder político.
La penetración del narcotráfico en áreas sensibles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Armada de México en mucho menor medida, es parte de los costos que la dependencia y el gobierno federal han tenido que pagar en el enfrentamiento contra los cárteles de la droga.
A este escenario se suman las deserciones de miles de soldados y decenas de pilotos militares y navales que siguen mermando la capacidad de respuesta del Estado ante el fenómeno criminal.
Los bajos salarios, la excesiva carga de misiones, los abusos de sus mandos, el inevitable roce de la tropa y de sus jefes con sicarios y operadores mejor armados, y sobre todo mucho mejor pagados, constituyen hechos que igualmente han impactado la estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (FAM) desde finales del último gobierno priista (1994-2000).
En el caso de la Armada de México, la naturaleza de sus misiones y el medio en el que se desarrollan ha sido hasta ahora determinante para contener la acción corruptora del narco entre las filas navales.
La intercepción de buques y lanchas rápidas, al igual que la detección de cargamentos de droga, armas y sustancias ilegales halladas en contenedores en los recintos portuarios del país, marcan la dinámica de las acciones de la Armada de las que sus integrantes siguen estando relativamente alejados de las presiones y la tentación del dinero de los cárteles de la droga.
Sin embargo, la inserción gradual de los marinos en la lucha frontal al narcotráfico comienza a acercarlos poco a poco, tierra adentro, a las zonas calientes de esta actividad y no sería raro que en los próximos años comencemos a conocer casos de personal naval involucrado en problemas de drogas de diversa magnitud.
Esto podría ocurrir en la medida en que las fuerzas armadas continúen en las calles como pivote de la lucha contra los cárteles de la droga.
Es precisamente esta condición la que marca el siguiente impacto del crimen organizado en las filas del Ejército Mexicano y que tiene que ver con la necesidad de contar con un blindaje jurídico por parte del gobierno federal para fortalecer su papel policíaco y disminuir las así presiones internas y foráneas por los abusos militares cometidos durante operaciones antinarco.
Súper policías
Además de exhibir la extendida corrupción entre los cuerpos policíacos de todos los niveles, la delincuencia organizada ha llevado a las fuerzas armadas del país –en especial al Ejército– a convertirse en el fiel de la balanza para combatir a los cárteles de la droga.
Los militares son hoy, más que nunca, una especie de súper policías emergentes con inéditas facultades investigativas, de detención, interrogatorio y aislamiento de sospechosos.
Esto les permite manejarse de facto en un entorno de legalidad alterada o inexistente –dependiendo del municipio o poblado en turno– creada por el crimen organizado y que justificaría, desde la óptica castrense, una respuesta total.
Dos episodios dan una idea de la visión de la SEDENA al respecto. El 31 de julio de 2006, ya en el tramo final de su mandato, el presidente Vicente Fox encabezó en el Campo Militar Número 1ª la ceremonia con la que se dio de alta a la VI Brigada de Infantería Ligera, cuyas misiones fundamentales son las de “acudir hasta los más apartados rincones de la República llevando el auxilio indispensable a la población en caso de desastres, con la fuerza necesaria para desterrar el flagelo del narcotráfico en las áreas de erradicación y trasiego”, indicaba ese día el general Clemente Vega García, entonces Secretario de la Defensa Nacional.
Diez meses después, el Diario Oficial de la Federación (DOF, 9 de mayo de 2007) daba a conocer la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), instancia cuyos integrantes recibirían “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho y su actuación deberá estar regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano”.
La Sedena planeaba que el CFAF comenzara a operar para finales de 2007, con un presupuesto base de mil 600 millones de pesos y una dotación inicial de 6 mil elementos. El presupuesto nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión.
El diciembre de ese año, el alto mando colocó al CFAF en la lista de “CESE DE UNIDADES.” En su momento se llegó a mencionar que el jefe de dicha unidad sería el General de División José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez. La VI Brigada de Infantería Ligera sigue en funciones y está integrada por 6 mil 200 efectivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario