Y hoy otra vez un infierno. La Comunidad contrata una flota de autobuses privados
MARÍA ISABEL SERRANO Y CARLOS HIDALGO / ABC
Madrid fue ayer una auténtica ratonera. La huelga salvaje y sin servicios mínimos convocada en el Metro provocó un caos en toda la ciudad y sus vías de acceso. Más de dos millones y medio de personas se vieron privadas de su transporte habitual pero prácticamente toda la población sufrió los efectos de este paro total. Metro no funcionó. Estuvo cerrado. El refuerzo de las líneas de autobuses de la EMT y de los trenes de Cercanías de Renfe no fueron suficientes y miles de pasajeros sufrieron impotentes horas de espera para subir al bus.
Los que utilizaron su vehículo privado para entrar en la capital desde otros municipios o, simplemente, para circular por la ciudad se encontraron con atascos y retenciones kilómetricas. La M-30 y la M-40 tuvieron momentos, en las horas punta, de auténtico colapso.
Los ciudadanos perdían los nervios, a medida que avanzaba la jornada. Lo peor es que la situación se repetirá hoy: nueva huelga en Metro sin servicios mínimos. Los sindicatos pueden acordar, también hoy, un paro indefinido, salvaje y total para el mes de julio. La Consejería de Transportes tiene previsto abrir a las seis de la madrugada de hoy las estaciones de Metro y los vestíbulos. Por razones de seguridad, no se permitirá al público que baje al andén si se mantiene la huelga salvaje.
El motivo de este conflicto tiene que ver con la reducción salarial de los empleados de Metro. La Asamblea de Madrid aprobó el pasado lunes una ley por la que se reducen el sueldo, en diversos porcentajes, a los 200.000 empleados públicos de la comunidad autónoma. A esa ley, y ante la amenaza de huelga, el PP introdujo una enmienda por la que otorgaba a Metro, y sólo a este empresa, la flexibilidad suficiente para negociar con sus trabajadores dicha reducción salarial que, en principio, se establecía en un 5 por ciento. Se proponía, incluso, que el sueldo se bajara un 2,15 por ciento y que el resto se dedujera de otros conceptos.
No a la ley, sí al convenio
Sin embargo, el comité de huelga de Metro se opuso desde el principio a cualquier recorte. Su argumento es que no hay ley que valga porque ellos tienen un convenio colectivo en vigor que expira el 31 de diciembre de 2012. Y, además, estaban dispuestos a última hora de la tarde de ayer, a mantener su postura y su huelga, incluso la indefinida. Es más, en la asamblea celebrada al mediodía en el depósito de plaza de Castilla, el comité de huelga insistía en que «nosotros no tenemos nada que negociar».
Desde el Gobierno regional se insiste en que esta es una huelga política y un ensayo para la jornada de paro general del próximo 29 de septiembre. Tampoco se entiende que se plantee un conflicto tan desmesurado como éste en la Comunidad de Madrid cuando los ajustes salariales y sociales están propiciados desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo ayer que los sindicatos tienen «la obligación de respetar los servicios mínimos» y advirtió que ser trabajadores de un transporte público no les da «capacidad de chantajearnos a todos y paralizar la ciudad. 7.400 trabajadores del Metro no pueden poner en jaque a 6,4 millones de ciudadanos madrileños».
Desde la Consejería de Transportes se ha dado la orden de iniciar la primera tanda de expedientes disciplinarios contra quienes no han cumplido los servicios mínimos. Los afectados tienen 72 horas para presentar alegaciones. Los expedientes pueden derivar en despidos.
Si esta tarde, se llama a la huelga indefinida y sin servicios mínimos, el Gobierno regional presentará un plan alternativo de transporte que consiste en contratar autobuses privados para que cubran, en superficie, las rutas más demandadas de Metro y, en especial, en horas punta.
Se ha dado luz verde a la empresa —Metro— para que presente un escrito al Juzgado de Guardia o al mismísimo Fiscal General del Estado denunciando «a los representantes sindicales que no dejan trabajar a los que quieren hacerlo», dijo ayer a ABC el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría. a propia Aguirrre pidió a Conde-Pumpido que investigue si la frase «vamos a reventar Madrid», utilizada por un portavoz del Comité de huelga, supone un delito de amenazas. «Metro no puede negociar. Ni hablar, siquiera, con los que están cometiendo una ilegalidad», añadió or su parte el consejero.
Tampoco se entiende muy bien el hecho de que los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, aplaudan la huelga sin servicios mínimos de Metro de Madrid y que digan, además, que es un episodio del que «se debe extraer una enseñanza» para el 29-S.
Colaboración institucional
Como contraste, tres ministros criticaron ayer que no se respetaran los servicios mínimos. Fueron el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el de Fomento, José Blanco; y el de Trabajo, Celestino Corbacho. «En un Estado de Derecho —dijo Blanco—, todos estamos obligados a cumplir con la ley». Rubalcaba llamó a Aguirre para ofrecerle «colaboración institucional»
MARÍA ISABEL SERRANO Y CARLOS HIDALGO / ABC
Madrid fue ayer una auténtica ratonera. La huelga salvaje y sin servicios mínimos convocada en el Metro provocó un caos en toda la ciudad y sus vías de acceso. Más de dos millones y medio de personas se vieron privadas de su transporte habitual pero prácticamente toda la población sufrió los efectos de este paro total. Metro no funcionó. Estuvo cerrado. El refuerzo de las líneas de autobuses de la EMT y de los trenes de Cercanías de Renfe no fueron suficientes y miles de pasajeros sufrieron impotentes horas de espera para subir al bus.
Los que utilizaron su vehículo privado para entrar en la capital desde otros municipios o, simplemente, para circular por la ciudad se encontraron con atascos y retenciones kilómetricas. La M-30 y la M-40 tuvieron momentos, en las horas punta, de auténtico colapso.
Los ciudadanos perdían los nervios, a medida que avanzaba la jornada. Lo peor es que la situación se repetirá hoy: nueva huelga en Metro sin servicios mínimos. Los sindicatos pueden acordar, también hoy, un paro indefinido, salvaje y total para el mes de julio. La Consejería de Transportes tiene previsto abrir a las seis de la madrugada de hoy las estaciones de Metro y los vestíbulos. Por razones de seguridad, no se permitirá al público que baje al andén si se mantiene la huelga salvaje.
El motivo de este conflicto tiene que ver con la reducción salarial de los empleados de Metro. La Asamblea de Madrid aprobó el pasado lunes una ley por la que se reducen el sueldo, en diversos porcentajes, a los 200.000 empleados públicos de la comunidad autónoma. A esa ley, y ante la amenaza de huelga, el PP introdujo una enmienda por la que otorgaba a Metro, y sólo a este empresa, la flexibilidad suficiente para negociar con sus trabajadores dicha reducción salarial que, en principio, se establecía en un 5 por ciento. Se proponía, incluso, que el sueldo se bajara un 2,15 por ciento y que el resto se dedujera de otros conceptos.
No a la ley, sí al convenio
Sin embargo, el comité de huelga de Metro se opuso desde el principio a cualquier recorte. Su argumento es que no hay ley que valga porque ellos tienen un convenio colectivo en vigor que expira el 31 de diciembre de 2012. Y, además, estaban dispuestos a última hora de la tarde de ayer, a mantener su postura y su huelga, incluso la indefinida. Es más, en la asamblea celebrada al mediodía en el depósito de plaza de Castilla, el comité de huelga insistía en que «nosotros no tenemos nada que negociar».
Desde el Gobierno regional se insiste en que esta es una huelga política y un ensayo para la jornada de paro general del próximo 29 de septiembre. Tampoco se entiende que se plantee un conflicto tan desmesurado como éste en la Comunidad de Madrid cuando los ajustes salariales y sociales están propiciados desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo ayer que los sindicatos tienen «la obligación de respetar los servicios mínimos» y advirtió que ser trabajadores de un transporte público no les da «capacidad de chantajearnos a todos y paralizar la ciudad. 7.400 trabajadores del Metro no pueden poner en jaque a 6,4 millones de ciudadanos madrileños».
Desde la Consejería de Transportes se ha dado la orden de iniciar la primera tanda de expedientes disciplinarios contra quienes no han cumplido los servicios mínimos. Los afectados tienen 72 horas para presentar alegaciones. Los expedientes pueden derivar en despidos.
Si esta tarde, se llama a la huelga indefinida y sin servicios mínimos, el Gobierno regional presentará un plan alternativo de transporte que consiste en contratar autobuses privados para que cubran, en superficie, las rutas más demandadas de Metro y, en especial, en horas punta.
Se ha dado luz verde a la empresa —Metro— para que presente un escrito al Juzgado de Guardia o al mismísimo Fiscal General del Estado denunciando «a los representantes sindicales que no dejan trabajar a los que quieren hacerlo», dijo ayer a ABC el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría. a propia Aguirrre pidió a Conde-Pumpido que investigue si la frase «vamos a reventar Madrid», utilizada por un portavoz del Comité de huelga, supone un delito de amenazas. «Metro no puede negociar. Ni hablar, siquiera, con los que están cometiendo una ilegalidad», añadió or su parte el consejero.
Tampoco se entiende muy bien el hecho de que los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, aplaudan la huelga sin servicios mínimos de Metro de Madrid y que digan, además, que es un episodio del que «se debe extraer una enseñanza» para el 29-S.
Colaboración institucional
Como contraste, tres ministros criticaron ayer que no se respetaran los servicios mínimos. Fueron el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el de Fomento, José Blanco; y el de Trabajo, Celestino Corbacho. «En un Estado de Derecho —dijo Blanco—, todos estamos obligados a cumplir con la ley». Rubalcaba llamó a Aguirre para ofrecerle «colaboración institucional»
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