Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Dicen los tabasqueños que lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Sabios. En las dos últimas semanas, acercándose el 4 de julio cuando 12 estados definen quién será su nuevo gobernador, las campañas tomaron una nueva ruta. Como si fuera una producción industrial comenzaron a aparecer grabaciones telefónicas que involucran a varios gobernadores en cualquier tipo de asuntos: el que sugiere que va a utilizar recursos públicos para apoyar a su candidato, el que habla soezmente de medios de comunicación porque le dan espacio al opositor a su delfín, el que hace insinuaciones sexuales a una niña… hace 11 años. La pregunta ya no es si son verdaderas –todos, naturalmente, las han descalificado-, sino cuál es la verdadera naturaleza de haberlas difundido y qué significa el uso de ellas.
Electoralmente, pese al enorme impacto en el Distrito Federal, es poco probable que modifique la tendencia de voto para cambiar el rumbo de la elección, por la cercanía del proceso y el poco tiempos restante para que penetre, y porque, muy importante, la forma como se percibe ese tipo de contenido en cada estado es distinto a como se recibe en la capital. Es decir, el daño por la difusión de las escuchas no parece pensado para voltear el voto, sino para preparar el terreno en la lucha post-electoral.
La difusión de las grabaciones ha ido acompañada de declaraciones en contra de los gobernadores, desde el presidente Felipe Calderón y los líderes del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, hasta mentes lúcidas que piensan que colocar contra la pared a los gobernadores es más importante que verificar si son reales, cuestionar por encima de todo la ilegalidad del método, o respetar las reglas del juego político electoral, donde las guerras sucias son rechazadas.
La difusión de escuchas ilegales tiene diversas ramificaciones, todas ominosas. La primera es de tipo legal, que subraya el doble rasero de la procuración de justicia. De acuerdo a la ley, no sólo viola la ley quien graba ilegalmente –para hacerlo se necesita la autorización de un juez-, sino quien la disemina. Es el problema legal que enfrenta hoy en día Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones, acusada de haber dado a conocer grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, de su ex jefe Luis Téllez.
Carpinteyro tiene una orden de aprehensión en su contra por ese delito. En cambio, no pasa nada con el del líder nacional del PAN, César Nava, quien utilizó las grabaciones ilegales al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para diseminarlas y para montar una estrategia electoral en su contra. El caso de Nava es todavía más grave que el de Carpinteyro, pues esta acepta haber recibido las grabaciones, pero no haberlas difundido, mientras que el dirigente las usa políticamente y en público.
El caso de Carpinteyro abona aún más en la manera discrecional como se están utilizando las instancias de procuración de justicia. Cuando la ex subsecretaria quiso entregar las grabaciones de Téllez al presidente Calderón durante una reunión en Los Pinos, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, la atajó y dijo al Presidente que si recibía esas grabaciones ilegalmente obtenidas, estaría cometiendo un delito. En el caso de Herrera –porque no se ha referido a otras grabaciones-, Calderón declaró contra Herrera a partir de las grabaciones ilegalmente obtenidas. ¿Por qué esa diferencia en el manejo de la ley?
La única respuesta lógica que se puede dar hasta la fecha, es la necesidad política cortoplacista del Presidente y el líder del PAN por ganar la elección a cualquier costo. Junto con ellos corre lastimosamente el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, quien está avalando las denuncias contra gobernadores priistas a partir de escuchas telefónicas ilegales, en contradicción con su posición cuando a través de escuchas telefónicas –legales, porque fueron autorizadas por un juez-, se sustentó la acusación contra decenas de funcionarios y presidentes municipales perredistas en Michoacán un mes antes de la elección federal del año pasado. La mayoría de ellos salieron en libertad porque el entonces procurador Eduardo Medina Mora no integró esas grabaciones al expediente.
Las grabaciones ilegales no sirven como instrumentos para anular una elección. Sin embargo, por la reacción en la caja de resonancia de los órganos electorales, en los círculos intelectuales y periodísticos, están probando que el objetivo de su difusión puede tener el resultado buscado: generar tal confusión sobre los procesos a través de información, contrainformación y propaganda negra, que las elecciones sean anuladas. Nava y Ortega anticiparon denuncias contra los gobernadores de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz por “intromisiones directas y descaradas”, cuyo soporte más fuerte se encuentra en la subjetividad mediática de las grabaciones.
Esto lleva a la segunda ramificación, directamente relacionada con la longitud de la visión presidencial sobre la política. Si el CISEN, como está documentado, está siendo utilizado para espionaje político-electoral, el objetivo es descarrillar las elecciones y buscar triunfos post-electorales. Si lo logran o no, para efectos prácticos de esta escenario, es irrelevante, pues ya no será quién gobierne en esos estados, sino con quiénes va a gobernar el resto del sexenio el presidente Calderón.
El PAN no le alcanza al Presidente para gobernar; el PRD de Ortega, tampoco. Para poder sacar reformas necesita al PRI. ¿Qué les planteará al término de las elecciones? ¿Cómo puede resarcir los agravios que han unido a todos los líderes priistas en contra del espionaje político? Lo que ha hecho Calderón con el aval a las condenas contra los gobernadores, lo pone en entredicho a él como Jefe de Estado y lo anula completamente como el árbitro político de la nación.
Un Presidente lo es de todos los mexicanos. Calderón, aún por la estrecha diferencia con la que ganó la elección, es el Presidente constitucional de todos los mexicanos. No es el jefe del PAN, ni puede tener un comportamiento faccioso. Tampoco debería de tener un doble rasero legal, político ni moral. La manera como se está comportando en este episodio del espionaje político corre en el largo plazo en su contra. Pero seguramente no lo ve. Calderón no se distingue por su visión de largo plazo. El cortoplacismo es lo suyo, como este chapoteadero político que anima y alimenta, lo ha demostrado.
Dicen los tabasqueños que lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Sabios. En las dos últimas semanas, acercándose el 4 de julio cuando 12 estados definen quién será su nuevo gobernador, las campañas tomaron una nueva ruta. Como si fuera una producción industrial comenzaron a aparecer grabaciones telefónicas que involucran a varios gobernadores en cualquier tipo de asuntos: el que sugiere que va a utilizar recursos públicos para apoyar a su candidato, el que habla soezmente de medios de comunicación porque le dan espacio al opositor a su delfín, el que hace insinuaciones sexuales a una niña… hace 11 años. La pregunta ya no es si son verdaderas –todos, naturalmente, las han descalificado-, sino cuál es la verdadera naturaleza de haberlas difundido y qué significa el uso de ellas.
Electoralmente, pese al enorme impacto en el Distrito Federal, es poco probable que modifique la tendencia de voto para cambiar el rumbo de la elección, por la cercanía del proceso y el poco tiempos restante para que penetre, y porque, muy importante, la forma como se percibe ese tipo de contenido en cada estado es distinto a como se recibe en la capital. Es decir, el daño por la difusión de las escuchas no parece pensado para voltear el voto, sino para preparar el terreno en la lucha post-electoral.
La difusión de las grabaciones ha ido acompañada de declaraciones en contra de los gobernadores, desde el presidente Felipe Calderón y los líderes del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, hasta mentes lúcidas que piensan que colocar contra la pared a los gobernadores es más importante que verificar si son reales, cuestionar por encima de todo la ilegalidad del método, o respetar las reglas del juego político electoral, donde las guerras sucias son rechazadas.
La difusión de escuchas ilegales tiene diversas ramificaciones, todas ominosas. La primera es de tipo legal, que subraya el doble rasero de la procuración de justicia. De acuerdo a la ley, no sólo viola la ley quien graba ilegalmente –para hacerlo se necesita la autorización de un juez-, sino quien la disemina. Es el problema legal que enfrenta hoy en día Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones, acusada de haber dado a conocer grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, de su ex jefe Luis Téllez.
Carpinteyro tiene una orden de aprehensión en su contra por ese delito. En cambio, no pasa nada con el del líder nacional del PAN, César Nava, quien utilizó las grabaciones ilegales al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para diseminarlas y para montar una estrategia electoral en su contra. El caso de Nava es todavía más grave que el de Carpinteyro, pues esta acepta haber recibido las grabaciones, pero no haberlas difundido, mientras que el dirigente las usa políticamente y en público.
El caso de Carpinteyro abona aún más en la manera discrecional como se están utilizando las instancias de procuración de justicia. Cuando la ex subsecretaria quiso entregar las grabaciones de Téllez al presidente Calderón durante una reunión en Los Pinos, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, la atajó y dijo al Presidente que si recibía esas grabaciones ilegalmente obtenidas, estaría cometiendo un delito. En el caso de Herrera –porque no se ha referido a otras grabaciones-, Calderón declaró contra Herrera a partir de las grabaciones ilegalmente obtenidas. ¿Por qué esa diferencia en el manejo de la ley?
La única respuesta lógica que se puede dar hasta la fecha, es la necesidad política cortoplacista del Presidente y el líder del PAN por ganar la elección a cualquier costo. Junto con ellos corre lastimosamente el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, quien está avalando las denuncias contra gobernadores priistas a partir de escuchas telefónicas ilegales, en contradicción con su posición cuando a través de escuchas telefónicas –legales, porque fueron autorizadas por un juez-, se sustentó la acusación contra decenas de funcionarios y presidentes municipales perredistas en Michoacán un mes antes de la elección federal del año pasado. La mayoría de ellos salieron en libertad porque el entonces procurador Eduardo Medina Mora no integró esas grabaciones al expediente.
Las grabaciones ilegales no sirven como instrumentos para anular una elección. Sin embargo, por la reacción en la caja de resonancia de los órganos electorales, en los círculos intelectuales y periodísticos, están probando que el objetivo de su difusión puede tener el resultado buscado: generar tal confusión sobre los procesos a través de información, contrainformación y propaganda negra, que las elecciones sean anuladas. Nava y Ortega anticiparon denuncias contra los gobernadores de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz por “intromisiones directas y descaradas”, cuyo soporte más fuerte se encuentra en la subjetividad mediática de las grabaciones.
Esto lleva a la segunda ramificación, directamente relacionada con la longitud de la visión presidencial sobre la política. Si el CISEN, como está documentado, está siendo utilizado para espionaje político-electoral, el objetivo es descarrillar las elecciones y buscar triunfos post-electorales. Si lo logran o no, para efectos prácticos de esta escenario, es irrelevante, pues ya no será quién gobierne en esos estados, sino con quiénes va a gobernar el resto del sexenio el presidente Calderón.
El PAN no le alcanza al Presidente para gobernar; el PRD de Ortega, tampoco. Para poder sacar reformas necesita al PRI. ¿Qué les planteará al término de las elecciones? ¿Cómo puede resarcir los agravios que han unido a todos los líderes priistas en contra del espionaje político? Lo que ha hecho Calderón con el aval a las condenas contra los gobernadores, lo pone en entredicho a él como Jefe de Estado y lo anula completamente como el árbitro político de la nación.
Un Presidente lo es de todos los mexicanos. Calderón, aún por la estrecha diferencia con la que ganó la elección, es el Presidente constitucional de todos los mexicanos. No es el jefe del PAN, ni puede tener un comportamiento faccioso. Tampoco debería de tener un doble rasero legal, político ni moral. La manera como se está comportando en este episodio del espionaje político corre en el largo plazo en su contra. Pero seguramente no lo ve. Calderón no se distingue por su visión de largo plazo. El cortoplacismo es lo suyo, como este chapoteadero político que anima y alimenta, lo ha demostrado.
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