Jorge Carrasco Araizaga
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se volvió a atar de manos. En una votación de ocho a tres, el pleno de ministros se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC que provocó la muerte de 49 niños y lesiones a 104 más.
Además, por siete votos a cuatro, avaló el sistema de subrogación de estancias infantiles como en el que se encontraba la guardería incendiada.
Para desechar el establecimiento de responsabilidades constitucionales, los ministros tomaron como precedente el caso Oaxaca, en el que también determinaron que hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que establecieran consecuencias de lo sucedido.
Con esa decisión, los principales señalados, el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual director, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, quedan libres de cualquier responsabilidad política, administrativa o moral.
El pleno, sin embargo, determinó por unanimidad la “suficiencia de la investigación” realizada por la Corte, por lo que en el informe final no se incluirá el tercer peritaje difundido la semana pasada y según el cual el incendio habría sido provocado.
La votación que evitó el establecimiento de responsabilidades estuvo precedida de la visita del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien por la mañana del martes se reunió con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero que en semanas recientes ha hecho un intenso cabildeo ante todos los ministros.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen, había propuesto fincar responsabilidades a 14 funcionarios federales, estatales y municipales por la violación grave de garantías individuales que representó el incendio de la guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora.
Su propuesta sólo fue apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
Votaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández.
En la discusión del lunes, una mayoría de ministros perfiló ya la existencia de violación grave de garantías individuales, pero con la votación del martes dejó en claro que no habrá responsables de las mismas; en todo caso, la Corte señalará a funcionarios “involucrados” o “relacionados” con las mismas.
Zaldívar intentó el apoyo del pleno y propuso modificar su proyecto para evitar que la Corte se refiriera a responsabilidades políticas y morales y en su lugar dijera que hubo responsabilidades constitucionales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por mayoría de sus pares.
En defensa de su dictamen, el ministro también había propuesto aclarar en qué contexto se usarían los términos de autoridad moral y política de la Suprema Corte. La precisión tampoco fue aceptada.
Ante el insistente rechazo del pleno, Zaldívar decidió retirar sus dos propuestas y dejó el proyecto tal y como lo presentó el lunes, y según el cual se debían fincar responsabilidades políticas y morales de los 14 funcionarios.
La mayoría de ministros señaló que la Corte debía ajustarse a las reglas que se dieron en agosto de 2007 para pronunciarse sobre la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que dejó una veintena de muertos a mediados de 2006.
Una de esas reglas señala que en el ejercicio de su facultad investigadora, la Corte evitará establecer responsabilidades y sólo señalará si hubo autoridades involucradas. Así lo hizo al pronunciarse sobre el caso. Mencionó que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, fue uno de los involucrados en la violación, pero como no lo señaló como responsable, no hubo consecuencias jurídicas.
Zaldívar intentó ir más allá de esa regla y hacer una nueva interpretación del artículo 97 de la Constitución, pero la mayoría le dijo que el tema ya estaba suficientemente discutido en la Corte, antes de que llegara como ministro en diciembre pasado, y se había aplicado no sólo en el caso Oaxaca, sino también en el caso Atenco.
Gudiño Pelayo resumió: “No podemos asignar responsabilidad en el sentido culpabilidad, (sólo) podemos responder (respecto) a los que tienen alguna actuación, pero no responsabilidad”, señaló.
En la sesión de la tarde, una mayoría de siete votos a cuatro avaló el sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que tanto el informe de la investigación como el dictamen de Zaldívar aseguran que hay un “desorden generalizado” en la administración y supervisión de esos establecimientos.
En su rechazo a la subrogación, Gudiño Pelayo aseguró que no existe un marco legal que la justifique y por lo tanto se ha desarrollado a partir de la discrecionalidad:
“La causa profunda de esta tragedia radica en el deficiente, prácticamente nulo, marco jurídico de este régimen de guarderías subrogadas, pero sobre todo en la forma con la que se adjudican los contratos… y que opera mediante un sistema de favores”.
Más directo todavía, Silva Meza, dijo que con ese sistema el IMSS abandonó el sistema subsidiario para adoptar uno de carácter mercantil.
A ellos sólo se sumaron los ministros Cossío y Zaldívar.
Para justificar su voto a favor de la legalidad del sistema subrogado, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia se valió de argumentos económicos. Dijo que el IMSS tendría que gastar 10 mil millones de pesos para construir las guarderías que sustituyeran a las mil 480 subrogadas. Además, abundó, tendría que incorporar a las 70 mil personas empleadas en esas guarderías.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se volvió a atar de manos. En una votación de ocho a tres, el pleno de ministros se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC que provocó la muerte de 49 niños y lesiones a 104 más.
Además, por siete votos a cuatro, avaló el sistema de subrogación de estancias infantiles como en el que se encontraba la guardería incendiada.
Para desechar el establecimiento de responsabilidades constitucionales, los ministros tomaron como precedente el caso Oaxaca, en el que también determinaron que hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que establecieran consecuencias de lo sucedido.
Con esa decisión, los principales señalados, el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual director, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, quedan libres de cualquier responsabilidad política, administrativa o moral.
El pleno, sin embargo, determinó por unanimidad la “suficiencia de la investigación” realizada por la Corte, por lo que en el informe final no se incluirá el tercer peritaje difundido la semana pasada y según el cual el incendio habría sido provocado.
La votación que evitó el establecimiento de responsabilidades estuvo precedida de la visita del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien por la mañana del martes se reunió con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero que en semanas recientes ha hecho un intenso cabildeo ante todos los ministros.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen, había propuesto fincar responsabilidades a 14 funcionarios federales, estatales y municipales por la violación grave de garantías individuales que representó el incendio de la guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora.
Su propuesta sólo fue apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
Votaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández.
En la discusión del lunes, una mayoría de ministros perfiló ya la existencia de violación grave de garantías individuales, pero con la votación del martes dejó en claro que no habrá responsables de las mismas; en todo caso, la Corte señalará a funcionarios “involucrados” o “relacionados” con las mismas.
Zaldívar intentó el apoyo del pleno y propuso modificar su proyecto para evitar que la Corte se refiriera a responsabilidades políticas y morales y en su lugar dijera que hubo responsabilidades constitucionales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por mayoría de sus pares.
En defensa de su dictamen, el ministro también había propuesto aclarar en qué contexto se usarían los términos de autoridad moral y política de la Suprema Corte. La precisión tampoco fue aceptada.
Ante el insistente rechazo del pleno, Zaldívar decidió retirar sus dos propuestas y dejó el proyecto tal y como lo presentó el lunes, y según el cual se debían fincar responsabilidades políticas y morales de los 14 funcionarios.
La mayoría de ministros señaló que la Corte debía ajustarse a las reglas que se dieron en agosto de 2007 para pronunciarse sobre la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que dejó una veintena de muertos a mediados de 2006.
Una de esas reglas señala que en el ejercicio de su facultad investigadora, la Corte evitará establecer responsabilidades y sólo señalará si hubo autoridades involucradas. Así lo hizo al pronunciarse sobre el caso. Mencionó que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, fue uno de los involucrados en la violación, pero como no lo señaló como responsable, no hubo consecuencias jurídicas.
Zaldívar intentó ir más allá de esa regla y hacer una nueva interpretación del artículo 97 de la Constitución, pero la mayoría le dijo que el tema ya estaba suficientemente discutido en la Corte, antes de que llegara como ministro en diciembre pasado, y se había aplicado no sólo en el caso Oaxaca, sino también en el caso Atenco.
Gudiño Pelayo resumió: “No podemos asignar responsabilidad en el sentido culpabilidad, (sólo) podemos responder (respecto) a los que tienen alguna actuación, pero no responsabilidad”, señaló.
En la sesión de la tarde, una mayoría de siete votos a cuatro avaló el sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que tanto el informe de la investigación como el dictamen de Zaldívar aseguran que hay un “desorden generalizado” en la administración y supervisión de esos establecimientos.
En su rechazo a la subrogación, Gudiño Pelayo aseguró que no existe un marco legal que la justifique y por lo tanto se ha desarrollado a partir de la discrecionalidad:
“La causa profunda de esta tragedia radica en el deficiente, prácticamente nulo, marco jurídico de este régimen de guarderías subrogadas, pero sobre todo en la forma con la que se adjudican los contratos… y que opera mediante un sistema de favores”.
Más directo todavía, Silva Meza, dijo que con ese sistema el IMSS abandonó el sistema subsidiario para adoptar uno de carácter mercantil.
A ellos sólo se sumaron los ministros Cossío y Zaldívar.
Para justificar su voto a favor de la legalidad del sistema subrogado, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia se valió de argumentos económicos. Dijo que el IMSS tendría que gastar 10 mil millones de pesos para construir las guarderías que sustituyeran a las mil 480 subrogadas. Además, abundó, tendría que incorporar a las 70 mil personas empleadas en esas guarderías.
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