Las llamas en la Guardería ABC dejaron al descubierto los despojos, las cenizas, la miseria humana en el gobierno de Felipe Calderón, que a un año de la peor catástrofe en las instituciones de seguridad social del país sólo ha tenido como respuesta un decreto para que el 5 de junio sea día de luto nacional, una declaración retórica: “La magnitud de la tragedia conmueve y une al pueblo de México, refrendando la solidaridad para con los padres y familiares de los menores que perdieron la vida y que resultaron heridos”. En 12 meses, las autoridades han mostrado más desprecio, que solidaridad, más arrogancia, que humildad.
A un año de la tragedia, ninguno de sus funcionarios del Presidente ha asumido algún tipo de responsabilidad administrativa, mucho menos la política, de la muerte de 49 niños y 75 menores lesionados. Ninguno de los servidores públicos federales tomó en este tiempo la decisión de separarse de sus cargos, en un acto de vergüenza, de humildad, de reconocimiento de sus faltas u omisiones.
Por el contrario, los funcionarios públicos calderonistas mostraron desprecio hacia las familias afectadas, hacia la sociedad. Han hecho todo por sacudirse las cenizas que manchan sus rostros, sus exitosas carreras políticas. Pero están marcados por la tragedia y por los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Daniel Karam, el todavía director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha dedicado 12 meses a esconder la cabeza y, desde su estrategia mediática, a tratar de desacreditar a punta de comunicados de prensa y datitos en algunas columnas periodísticas las acusaciones de los padres de familia que perdieron a sus hijos o a las madres que piden atención médica para los niños que resultaron con afecciones pulmonares. De manera vil, su grupo de trabajo intentó desplegar una campaña para acusar a algunos padres de pretender simular las heridas, los efectos del incendio, para sacarle dinero al IMSS.
El funcionario, amigo del presidente de la República, ni siquiera fue capaz de establecer en 12 meses un equipo de trabajo que brindara una atención adecuada a los familiares de los niños muertos, de los menores heridos, de los pequeños que aspiraron el humo en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El maltrato, la arrogancia, por encima de la humildad y el buen trato a las familias afectadas. En su defensa, ha alegado que él no firmó el permiso para la subrogación, la operación de la guardería. En pocas palabras, no tiene responsabilidad porque él todavía no estaba al frente del IMSS.
Juan Molinar Horcasitas, todavía secretario de Comunicaciones y Transportes, alegó en su defensa que los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla nunca lo citaron para entrevistarlo, “como debió hacerlo con todas las personas que a su juicio tenían alguna posible responsabilidad o información valiosa que aportar”. En un escrito para desacreditar el informe preliminar de marzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el político argumentó que el incendio se generó en la bodega adjunta (de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Eduardo Bours). El almacén tenía instalaciones eléctricas deficientes, no contaba con detectores de humo ni alarmas contra incendio. La Guardería ABC sí tenía elementos de seguridad. El IMSS cumplió con su responsabilidad de realizar 17 visitas de supervisión, expuso el ex director del instituto.
Y el colofón para sacudirse su firma en el contrato de subrogación de la Guardería ABC: “A lo largo de mi trayectoria, tanto académica como política, he sido promotor de la transparencia y la democracia; abogo desde hace varios años para que los funcionarios públicos rindan cuentas e informes de sus acciones y se responsabilicen de sus errores y omisiones”.
Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, es un caso aparte de cinismo. El priísta sigue “durmiendo como bebé”, a pesar de la tragedia. En las cenizas quedaron sus posibles aspiraciones políticas.
El ministro de Corte y encargado de la investigación del incendio en la Guardería ABC, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló en las conclusiones del caso que Molinar, Karam y Bours son responsables de violaciones a las garantías. El pleno del máximo tribunal resolverá el proyecto el 14 de junio. ¿Los involucrados asumirán alguna responsabilidad política, dejarán sus cargos? Sus conductas adelantan que es muy poco probable que reconozcan sus errores y que den la cara a un año del incendio, el siniestro que ha dejado cenizas en el gabinete Presidencial.
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