Mientras el general Mario Arturo Acosta Chaparro se repone lejos del Hospital Central Militar (HCM) del ataque armado del que fue objeto hace unos días en la colonia Roma, justo cuando acababa de ser buscado por los familiares de Diego Fernández de Cevallos para que los ayudara a obtener pistas sobre el paradero del ex senador, la PGR y el CISEN mantienen equipos especiales dándole seguimiento al caso pero sin intervenir en investigaciones.
Esa parte recae en el ex procurador Antonio Lozano Gracia y en un grupo selecto de asesores en materia de secuestro contratados por el abogado y socio del jefe Diego. El problema es que los asesores de Lozano Gracia no dan con la clave del caso y se encuentran, hasta hoy, con pistas casi nulas sobre la desaparición y el paradero del ex candidato presidencial panista.
Las indagatorias del grupo especial se topan irremediablemente con una muralla de acertijos, datos falsos, personalidades dobles y escenarios alterados como los que caracterizaron las pesquisas del caso Colosio. En pocas palabras, la desaparición del panista les parece más un asunto de corte político que de tipo judicial o netamente delictivo.
La otra parte de la historia que comenzó a escribirse la noche del plagio del Diego, tiene que ver con e intento de asesinato en contra del general Acosta Chaparro. Cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en su tórax, parecieron suficientes para ponerlo fuera de la línea de acción y para advertirle que no fuera más allá.
Esa es la percepción de los militares que siguen el caso de lo ocurrido al general y que reportan sus avances al Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMADEN). Las precauciones al respecto parecen pocas a tal grado que Acosta Chaparro fue trasladado a un hospital privado para seguir su recuperación en medio de fuertes medidas de seguridad.
Algo no convenció a los propios mandos de la Sedena como para estar de acuerdo en que el general en retiro tuviera que salir del bunker en el que se convierte el Hospital Central Militar cuando un personaje de ese calibre llega a internarse.
Hace un par de meses, el hospital se convirtió en una fortaleza nocturna que recibió al familiar de una alta funcionaria federal que llegó son severas lesiones como consecuencia de un accidente automovilístico. Su seguridad quedó garantizada por los controles efectivos del personal militar, de uniforme y de civil, encargado de la custodia del sitio. Las visitas, dentro del esquema de seguridad, se hacían de noche.
Algo similar ocurría con el general Acosta Chaparro hasta que los mandos militares se dieron cuenta de ciertas situaciones de riesgo.
En este marco de indagatorias confusas y resultados incómodos, la Sedena y el gobierno mexicano volvieron a aparecer bajo los reflectores de la organización Amnistía Internacional, cuyo informe anual coloca a los militares en el ojo de huracán por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el último año en el marco del combate al narcotráfico.
Una de las partes medulares del informe señala lo siguiente:
“Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados.
“Las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos.
“Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
“En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.”
El texto fue difundido en las primeras horas de ayer y en el se advierte sobre las violaciones cometidas por cuerpos policiacos y fuerzas armadas contra la población civil en el actual sexenio.
Se señala que aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.
Durante el año, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formulo 30 recomendaciones a la Secretaria de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008.”
Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército, se denuncia en clara alusión al tema del Fuero de Guerra o Fuero Militar en México.
Amnistía Internacional agrega que "las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos".
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