Martha Anaya / Crónica de Política
Un nuevo asunto se perfila para poner de mal humor a Felipe Calderón y a los militares. Se trata de obligar a la Secretaría de Gobernación a llevar un registro puntual –y que debe hacerse público–, de los civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico.
Es decir, dar a conocer claramente a la sociedad lo que hoy en día las autoridades llaman displicentemente “daños colaterales” y de los que apenas si hemos tenido una vaga idea de ellos, excepción hecha de casos notables como los estudiantes del Tecnológico de Monterrey o algunos casos más en retenes como el de los niños asesinados en una carretera de Tamaulipas.
Esto se aprobó ayer en la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia que preside el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo.
El punto de acuerdo que muy probablemente se subirá hoy a tribuna, exhorta al Ejecutivo a instruir a la secretaría de Gobernación “a llevar a cabo y difundir un registro de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico”.
La intención, según se expresó, es –además de conocer con mayor claridad los datos de esos “daños colaterales”–, la creación de un fondo nacional para la “indemnización de daños patrimoniales, reparación de éstos y pérdida de vidas inocentes”, que habría de ser previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Más aún, los legisladores quieren que se ponga en operación un programa integral de atención a la familias e infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y organizaciones criminales.
Se trata, expusieron, de brindar servicios jurídicos, de atención médica-psicológica a la familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las viudas y los huérfanos.
Las razones de este punto de acuerdo las hallamos en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: cada vez mayores denuncias públicas contra operativos militares fallidos, equívocos, o producto del fuego cruzado, en distintos puntos de la República.
Llevar la cuenta exacta, precisa, de los civiles muertos en esta lucha del Estado contra el narcotráfico podría evidenciar, por un lado, si tiene razón el Presidente en su alegato de que la mayoría de los muertos son los mismos narcotraficantes; y por otro, daría mayor claridad al número de civiles afectados por los operativos de las Fuerzas Armadas.
De aprobarse el punto de acuerdo y de llevarse a cabo a ciencia cierta, sin falsedades ni regateos, tendremos sobre la mesa la memoria negra de esta guerra contra el narcotráfico. El recuento horripilante de esta historia que hoy vivimos, de la que apenas conocemos retazos y que apenas si alcancemos a mirar entre nubarrones.
Cierto, seguramente la idea no le gustará al Jefe del Ejecutivo ni a los militares, pero es importante para la sociedad.
Un nuevo asunto se perfila para poner de mal humor a Felipe Calderón y a los militares. Se trata de obligar a la Secretaría de Gobernación a llevar un registro puntual –y que debe hacerse público–, de los civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico.
Es decir, dar a conocer claramente a la sociedad lo que hoy en día las autoridades llaman displicentemente “daños colaterales” y de los que apenas si hemos tenido una vaga idea de ellos, excepción hecha de casos notables como los estudiantes del Tecnológico de Monterrey o algunos casos más en retenes como el de los niños asesinados en una carretera de Tamaulipas.
Esto se aprobó ayer en la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia que preside el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo.
El punto de acuerdo que muy probablemente se subirá hoy a tribuna, exhorta al Ejecutivo a instruir a la secretaría de Gobernación “a llevar a cabo y difundir un registro de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico”.
La intención, según se expresó, es –además de conocer con mayor claridad los datos de esos “daños colaterales”–, la creación de un fondo nacional para la “indemnización de daños patrimoniales, reparación de éstos y pérdida de vidas inocentes”, que habría de ser previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Más aún, los legisladores quieren que se ponga en operación un programa integral de atención a la familias e infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y organizaciones criminales.
Se trata, expusieron, de brindar servicios jurídicos, de atención médica-psicológica a la familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las viudas y los huérfanos.
Las razones de este punto de acuerdo las hallamos en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: cada vez mayores denuncias públicas contra operativos militares fallidos, equívocos, o producto del fuego cruzado, en distintos puntos de la República.
Llevar la cuenta exacta, precisa, de los civiles muertos en esta lucha del Estado contra el narcotráfico podría evidenciar, por un lado, si tiene razón el Presidente en su alegato de que la mayoría de los muertos son los mismos narcotraficantes; y por otro, daría mayor claridad al número de civiles afectados por los operativos de las Fuerzas Armadas.
De aprobarse el punto de acuerdo y de llevarse a cabo a ciencia cierta, sin falsedades ni regateos, tendremos sobre la mesa la memoria negra de esta guerra contra el narcotráfico. El recuento horripilante de esta historia que hoy vivimos, de la que apenas conocemos retazos y que apenas si alcancemos a mirar entre nubarrones.
Cierto, seguramente la idea no le gustará al Jefe del Ejecutivo ni a los militares, pero es importante para la sociedad.
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