José Alejandro González Garza, Opinion Invitada
“El Norte” / Mayo 22, 2010
En México es común escuchar la frase que dice que no requerimos más y mejores leyes, sino que basta con que se apliquen las actuales. Es un lugar común que tiene algunas raíces en la verdad, pero que no es cierto en toda su extensión.
El Congreso de la Unión terminó su periodo de sesiones y se va a descansar desde mayo hasta septiembre, dejando pendientes varios temas por legislar que, en opinión de algunos, son de urgente atención para enderezar el rumbo de nuestro país.
Otros, en cambio, aplauden que se vayan, pues consideran que están mejor en su casa que legislando contra la mayoría de los mexicanos y en favor de unos cuantos.
Finalmente, están aquellos que, sin despreciar la valiosa labor del Legislativo en la fabricación del marco regulatorio que norma nuestro actuar, se exasperan porque no perciben diferencia alguna en los hechos cotidianos a pesar de tanto legislar.
¿Dónde está la falla? ¿En las leyes o en su aplicación?
En ambas.
Durante muchos años en este país se plasmaron grandes ideales políticos e ideológicos en la Constitución y leyes secundarias, en el entendido de que una cosa era lo que allí decía y otra muy distinta era lo que se hacía.
Era un entorno político, económico y social distinto al que se vive hoy.
Hoy han cambiado muchas cosas que nos obligan a reevaluar las normas que elegimos para desarrollarnos en sociedad.
Todas las sociedades tienen sus normas, escritas y no escritas. La nuestra, a pesar del formalismo ancestral que nos rige, está basada tanto o más en las reglas tácitas que en las explícitas.
El problema con lo tácito es -y disculpen aquí la tautología- que no es expreso y, por lo tanto, al tener que ser inferido puede ser malinterpretado o, peor aún, sujeto a aplicaciones caprichosas.
En ese tenor, al formarse en el país distintas estructuras de poder con intereses diversos e incluso opuestos entre sí, surge la necesidad política y económica de tratar de plasmar en leyes las reglas del juego y a través de la jurisprudencia aclarar las dudas que surjan de su interpretación.
En teoría, esta necesidad devendría en una sociedad donde las leyes reflejaran tanto la realidad como las aspiraciones que pretende alcanzar en el futuro por y para sí misma a través de los mecanismos de desarrollo mutuamente acordados.
En la práctica, lo que vivimos es una legislación nacida de la demagogia por un lado, y los factores de poder y grupos de interés por el otro.
Así las cosas, los ciudadanos están hartos de las constantes disculpas ante la inacción e inhabilidad de las autoridades para solucionar los problemas cotidianos y de mayor envergadura para la población común. Ya no quieren más leyes, quieren que las apliquen.
Pero ahí también radica el problema. En la aplicación selectiva de las leyes.
Uno de los problemas de tener una legislación alejada de la realidad y las posibilidades y aspiraciones de la sociedad es que resulta imposible aplicarlas de manera uniforme, no fueron creadas para eso.
Entonces, la autoridad se ve ante la necesidad de aplicarla selectivamente, lo que le genera pingües oportunidades de corrupción. Simultáneamente, el ciudadano que sufre la irregularidad en la aplicación se ve agraviado tanto con el ejercicio pleno del poder legal por la autoridad en su contra como con la falta de aplicación por ésta en contra de los demás.
Claramente, el inejercicio de la ley se vuelve una oportunidad para quien logra sobrevivir y lucrar al delinquir mientras que, por otro lado, el abuso arbitrario, corrupto y selectivo contra los demás ciudadanos sólo incrementa el sentimiento de injusticia.
La aplicación selectiva de la ley vuelve inútil el esfuerzo de establecer reglas claras para vivir en sociedad, toda vez que regresa el estado de incertidumbre que existía antes de la creación de la norma. En ese contexto, resurge la ley del más fuerte en detrimento del bienestar común. Vuelve el desorden.
¿Pero cómo luchar por el bienestar común si las reglas no se aplican por igual?
Si todas las reglas que tenemos se aplicaran todo el tiempo, no podríamos funcionar como sociedad. No estamos acostumbrados ni preparados. Tampoco podremos sobrevivir y mucho menos prosperar ante la impunidad que prevalece por la falta de aplicación de las leyes existentes.
El reto es doble: Primero, definir y procurar la obtención de leyes que representen lo que somos y lo que queremos ser; conscientes de que tenemos que aceptar vivir bajo ese régimen.
Segundo, exigir y luchar por el cumplimiento de ese cuerpo normativo que como sociedad hayamos definido.
El autor es abogado por el Tec de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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