EFE
La justicia mexicana, cuya eficacia ha sido puesta en duda estos últimos días por varios casos polémicos, enfrenta el reto de someterse a una reforma penal profunda en un país donde la ciudadanía desconfía cada vez más de sus jueces y policías, dijeron a Efe varios juristas y representantes de ONGs.
El caso más reciente tiene que ver con la cuestionada investigación acerca de la reciente muerte de la niña de cuatro años Paulette Gebara Farah -en la que se llegó a sospechar de la madre de la menor-, la cual concluyó que el fallecimiento fue accidental. Sin embargo, la misma no ha logrado convencer a un 75 por ciento de la población.
El polémico "caso Paulette", quien apareció muerta a los pies de su cama nueve días después de su desaparición, le costó hoy el puesto al fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz, pero otros errores en la administración de justicia son recurrentes y quedan sin revisión.
Otro de los casos que ha provocado gran polémica en los últimos días ha sido la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de retirarse de las investigaciones sobre la desaparición del político Diego Fernández de Cevallos, a petición de la familia y pese a los indicios de que pudiera tratarse de un secuestro.
A este caso se sumó esta semana el anuncio de que el productor estadounidense de televisión Bruce Beresford-Redman, a quien se investigaba en México por la muerte de su esposa, regresó a su país pese a la prohibición de las autoridades mexicanas, que incluso le habían retirado el pasaporte.
Para la activista Isabel Miranda de Wallace, líder de la organización no gubernamental (ONG) Alto al Secuestro, el cúmulo de fallos pone de manifiesto que en el México actual "no hay justicia".
"Así de claro y cruel lo pongo. Cuando estamos hablando de que sólo un uno por ciento llega a ser consignado (puesto a disposición de un juez), prácticamente estamos hablando de un país lleno de impunidad", explicó a Efe esta mujer, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en 2005.
Tras aquel caso, Miranda de Wallace fue quien guió a las autoridades hacia los delincuentes y logró que algunos fueran arrestados.
La ahora activista aseguró que desde los policías a los jueces mexicanos, pasando por todo el entramado judicial, son "instituciones rebasadas e inoperantes".
La reforma penal aprobada en 2008 pero que no entrará en funcionamiento totalmente hasta 2016 fue analizada hoy en el II Foro Político Seguridad y Justicia celebrado en la capital mexicana.
La nueva legislación hará que los juicios en este país sean orales y públicos, que exista presunción de inocencia y que se refuercen las garantías al debido proceso.
Actualmente, en el 93 por ciento de los casos, el reo no ve al juez que le condena, quien dicta sentencia encerrado en su despacho, leyendo un expediente escrito por sus subordinados, según el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En declaraciones a Efe el jurista del CIDE José Antonio Caballero afirmó que el problema fundamental de las injusticias que suceden en México es la falta de cuestionamiento a policías y a investigadores.
"Si los jueces se convirtieran en verdaderos supervisores de la investigación, ésta tendría mejores incentivos para hacer un trabajo mucho más profesional", afirmó.
Caballero encabezó desde el CIDE el año pasado la defensa ante el Supremo mexicano de casi una treintena de indígenas acusados de la matanza de Acteal, en la que 45 personas perdieron la vida en una incursión paramilitar el 22 de diciembre de 1997.
Aquel proceso estuvo viciado de origen, según los magistrados, que ordenaron la puesta en libertad después de que los indígenas pasaran once años en prisión.
El abogado consideró aquel caso paradigmático "de las irregularidades" generalizadas que comete el sistema de justicia mexicano y pidió resolver cuanto antes el dilema ético de saber si conviene "tener un culpable en la calle o un inocente en la cárcel".
Para la jurista mexicana Layda Negrete, investigadora en la Universidad de Berkeley, en un país donde hay "una violación sistemática de derechos, cero control a la autoridad y toda la inseguridad posible" lo necesario es "reinventar las instituciones y no darles un cheque en blanco", como se ha hecho hasta ahora.
En declaraciones a Efe, lamentó que a la ciudadanía, ante instituciones que generan desconfianza por la corrupción, nada más se le haya ocurrido "pedir 'mano dura' y penas más altas" para los delincuentes.
Un cambio de fondo pasaría, a su juicio, por poner más controles a policías, fiscalías y jueces, y tener a la ciudadanía "vigilando al vigilante" desde el momento en que se recaba la primera prueba o testimonio de un proceso.
La justicia mexicana, cuya eficacia ha sido puesta en duda estos últimos días por varios casos polémicos, enfrenta el reto de someterse a una reforma penal profunda en un país donde la ciudadanía desconfía cada vez más de sus jueces y policías, dijeron a Efe varios juristas y representantes de ONGs.
El caso más reciente tiene que ver con la cuestionada investigación acerca de la reciente muerte de la niña de cuatro años Paulette Gebara Farah -en la que se llegó a sospechar de la madre de la menor-, la cual concluyó que el fallecimiento fue accidental. Sin embargo, la misma no ha logrado convencer a un 75 por ciento de la población.
El polémico "caso Paulette", quien apareció muerta a los pies de su cama nueve días después de su desaparición, le costó hoy el puesto al fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz, pero otros errores en la administración de justicia son recurrentes y quedan sin revisión.
Otro de los casos que ha provocado gran polémica en los últimos días ha sido la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de retirarse de las investigaciones sobre la desaparición del político Diego Fernández de Cevallos, a petición de la familia y pese a los indicios de que pudiera tratarse de un secuestro.
A este caso se sumó esta semana el anuncio de que el productor estadounidense de televisión Bruce Beresford-Redman, a quien se investigaba en México por la muerte de su esposa, regresó a su país pese a la prohibición de las autoridades mexicanas, que incluso le habían retirado el pasaporte.
Para la activista Isabel Miranda de Wallace, líder de la organización no gubernamental (ONG) Alto al Secuestro, el cúmulo de fallos pone de manifiesto que en el México actual "no hay justicia".
"Así de claro y cruel lo pongo. Cuando estamos hablando de que sólo un uno por ciento llega a ser consignado (puesto a disposición de un juez), prácticamente estamos hablando de un país lleno de impunidad", explicó a Efe esta mujer, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en 2005.
Tras aquel caso, Miranda de Wallace fue quien guió a las autoridades hacia los delincuentes y logró que algunos fueran arrestados.
La ahora activista aseguró que desde los policías a los jueces mexicanos, pasando por todo el entramado judicial, son "instituciones rebasadas e inoperantes".
La reforma penal aprobada en 2008 pero que no entrará en funcionamiento totalmente hasta 2016 fue analizada hoy en el II Foro Político Seguridad y Justicia celebrado en la capital mexicana.
La nueva legislación hará que los juicios en este país sean orales y públicos, que exista presunción de inocencia y que se refuercen las garantías al debido proceso.
Actualmente, en el 93 por ciento de los casos, el reo no ve al juez que le condena, quien dicta sentencia encerrado en su despacho, leyendo un expediente escrito por sus subordinados, según el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En declaraciones a Efe el jurista del CIDE José Antonio Caballero afirmó que el problema fundamental de las injusticias que suceden en México es la falta de cuestionamiento a policías y a investigadores.
"Si los jueces se convirtieran en verdaderos supervisores de la investigación, ésta tendría mejores incentivos para hacer un trabajo mucho más profesional", afirmó.
Caballero encabezó desde el CIDE el año pasado la defensa ante el Supremo mexicano de casi una treintena de indígenas acusados de la matanza de Acteal, en la que 45 personas perdieron la vida en una incursión paramilitar el 22 de diciembre de 1997.
Aquel proceso estuvo viciado de origen, según los magistrados, que ordenaron la puesta en libertad después de que los indígenas pasaran once años en prisión.
El abogado consideró aquel caso paradigmático "de las irregularidades" generalizadas que comete el sistema de justicia mexicano y pidió resolver cuanto antes el dilema ético de saber si conviene "tener un culpable en la calle o un inocente en la cárcel".
Para la jurista mexicana Layda Negrete, investigadora en la Universidad de Berkeley, en un país donde hay "una violación sistemática de derechos, cero control a la autoridad y toda la inseguridad posible" lo necesario es "reinventar las instituciones y no darles un cheque en blanco", como se ha hecho hasta ahora.
En declaraciones a Efe, lamentó que a la ciudadanía, ante instituciones que generan desconfianza por la corrupción, nada más se le haya ocurrido "pedir 'mano dura' y penas más altas" para los delincuentes.
Un cambio de fondo pasaría, a su juicio, por poner más controles a policías, fiscalías y jueces, y tener a la ciudadanía "vigilando al vigilante" desde el momento en que se recaba la primera prueba o testimonio de un proceso.
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