jueves, mayo 06, 2010

Isabel Miranda, la reconceptualización del secuestro

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Los motivos del secuestro y del secuestrador se han degradado. En ninguno de los casos es justa la acción de retener a una persona en contra de su voluntad, pero las consideraciones humanas, históricas o políticas que propiciaban los secuestros hacían que se viera a los secuestradores con disgusto, rechazo, náusea, miedo, pero nunca con pavor, repugnancia y asco; hoy el secuestrado deja de ser sujeto para convertirse en objeto.

El mito del rapto de las sabinas es injusto pero entendible; los secuestros de nobles en la Edad Media para exigir rescate tiene más connotación ideológica y reivindicatoria que mercenaria; en cuanto la política tiñe de ideología al terrorismo y al secuestro, el mundo da un paso adelante hacia la perversidad y la humillación. Entebbe fue un hito que no se repitió. El secuestro y ejecución de Aldo Moro a cargo de las Brigadas Rojas, permite a la sociedad comprender de qué puede ir cuando lo que está en juego es el poder, y la manera en que los gobiernos se benefician del asesinato de los secuestrados. Pensar que en todo momento de la negociación por la libertad de un secuestrado, las autoridades ponen por encima de toda necesidad política o económica la vida, es un mito. Hasta hoy, lo que importa son las consideraciones políticas en que se mueven los administradores de los gobiernos cuando el retenido es un personaje, como ocurrió en los casos de Patty Hearst, Aldo Moro y Alfredo Harp Helú.

Dos reflexiones sobre el secuestro de Aldo Moro formuladas por Leonardo Sciascia: “Me pareció muy pronto, después de haber leído en los periódicos sobre su muerte, que era algo que le debía: estaba unido a él en la acusación de no amar al Estado, este Estado. Y, además, quería aquello que me parecía y me parece un delito. Porque Moro ha sido asesinado dos veces: por las Brigadas Rojas y por aquellos que lo han negado, lo han desconocido…”

La siguiente es breve pero fundamental para deslindar a los secuestradores de hoy de los de ayer: “Las Brigadas Rojas son unos moralistas con pistola, que confunden la absolutez de la religión con el relativismo de la política”.

Lo que hoy sucede es el comercio del dolor, es el uso del azoro como instrumento de coerción para negociar la libertad de un secuestrado, porque quienes los retienen son ignorantes, lo único que buscan es saciar su necesidad de poder por medio de la humillación, satisfacer sus necesidades inmediatas de dinero para continuar con otras variantes de la delincuencia organizada, una vez que haya pasado la presión que las policías ejercen sobre ellos.

El secuestro hoy casi siempre va acompañado de tortura en todas sus formas y manifestaciones. Durante las negociaciones de libertad de un secuestrado, éste padece física, espiritual o moralmente su encierro, en medio de una incertidumbre constante, pues no sabe qué harán con él desde el punto de vista de tortura física, ni cómo van las negociaciones. Lo mismo lo mutilan que lo violan, lo insultan y golpean que lo humillan.

La familia del secuestrado padece sobre todo de incertidumbre, de ese indescriptible dolor significado en el no saber qué ocurre con su hijo o hija, su esposa o esposo, su padre o su nieto, que es también una forma de terror y de tortura.

De allí que resulte importante la nueva Ley General en Materia de Secuestro, promovida e impulsada por Isabel Miranda de Wallace, quien con su terquedad de madre desposeída, con su dolor, influyó en el ánimo de los senadores para que se actualizara jurídicamente el castigo y las penas a los secuestradores, y se revaluara la figura jurídica de la víctima y sus familiares. Las principales innovaciones a dicha ley son: a) Ningún secuestrador tendrá derecho a fianza ni prescribirá este delito bajo ninguna circunstancia. Se les cancela el beneficio de la libertad preparatoria; b) Las víctimas o los familiares ya podrán investigar por su cuenta y presentar, directamente, pruebas ante el juez, sin necesidad de hacerlo mediante el MP, para agilizar el caso; c) Podrán tener acceso a todas las figuras jurídicas hasta ahora vetadas para las víctimas, como son amparos y apelaciones; d) Aunque se mantiene la pena máxima para el secuestro —70 años—, ahora sí podrán hacerse acumulativas; e) Se crea un Fondo para la Atención de Víctimas de Secuestro, para darle atención sicológica y médica a los secuestrados y proteger a los huérfanos que resultaran de un plagio. El presupuesto de la PGR y los bienes incautados lo financiarán.

La pelota está ya en la cancha de los diputados, lo que es importante pues los senadores no se hicieron eco de la propuesta de reconceptualización del secuestro formulada por Isabel Miranda de Wallace, quien tiene razón al proponer que la privación ilegal de la libertad sea considerada como “trata”, porque eso es. A los diputados sugiero leer a Sciascia, donde podrán percibir que “la política es una cosa demasiado seria e incluso trágica como para dejar que la hagan sólo los políticos. He roto con mi decisión de no hacer política, sólo para dar una señal de la preocupación y la angustia en que se debate la mejor parte de este país”.

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