Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Desencanto en la sociedad debe producir el “modito” y el tiempo político en que decidieron el arresto de Gregorio Sánchez Martínez, porque deja de ser necesario dudar o no de la culpabilidad del detenido para percibir que nada ha cambiado en la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Lo obtenido con la reforma judicial de 1995 y el golpe de Estado técnico asestado para disolver la Suprema Corte de Justicia con el propósito de asegurar independencia al Poder Judicial de la Federación, empezó a perderse cuando Mariano Azuela Güitrón decidió ser obsecuente con las exigencias políticas, las razones de Estado argumentadas por Vicente Fox Quesada; luego, el despeñadero: Mario Marín, San Salvador Atenco, los ediles de Michoacán y, por fin, las contradicciones entre los jueces federales Roberto Hoyos Aponte y Carlos Elorza Amores para decidir el arresto del candidato al gobierno de Quintana Roo.
Este espacio virtual y este texto no están para discernir sobre la culpabilidad o no de Greg Sánchez -él mismo determinó su futuro y lo acomodó de acuerdo a su codicia-, pero sí para hacer un esfuerzo en comprender cuáles son los errores de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, los equívocos en el procedimiento político y la insensibilidad del procurador Arturo Chávez Chávez en lo que a cuidar las espaldas del presidente de la República se refiere, quizá porque no puede con los nervios causados por la desaparición de su verdadero jefe: Diego Fernández de Cevallos.
En menos de una semana dos jueces federales emitieron resoluciones excluyentes, contradictorias, sobre un mismo caso de interés político. La Procuraduría General de la República solicitó orden de aprehensión y consignación de Greg Sánchez. El 7 de mayo último, Roberto Hoyos Aponte consideró insuficientes las evidencias y negó la orden de captura. Con idéntico pliego de consignación, dicen las fuentes informativas, Carlos Elorza Amores favoreció la solicitud del Ministerio Público Federal. ¡Claro! que uno puede ver lo que el otro no vio, pero resulta que Hoyos Aponte tiene diez años de experiencia, mientras Elorza Amores no cumple dos años como juez federal, pero es el mismo que giró las órdenes de captura de los ediles de Michoacán.
Desconozco si alguno de los dos procedió con dolo, saberlo no será fácil, lo que resultará indudable es la lesión en la honorabilidad de la judicatura federal de la imagen que esta institución ofrece a la sociedad, pues no puede dejar de pensarse que hay jueces federales a modo, para responder con atingencia las solicitudes de administración de justicia política requeridas por el Poder Ejecutivo.
Se sabe, es de todos conocido que los asuntos judiciales que llegan a Oficialía de Partes de las sedes del Poder Judicial de la Federación no tienen destinatario elegido, se distribuyen conforme a un procedimiento establecido, pero es altamente inquietante que el Ministerio Público Federal, al verse rechazada su solicitud por un juez con residencia en el estado de México, corriese a Nayarit para lograr su objetivo.
En cuanto a las quejas de unos y las explicaciones de otros, no hay vuelta de hoja. Si se inicia un proceso -de cualquier índole- judicial en contra de un funcionario público, de un candidato a puesto de elección popular o de un integrante del Poder Legislativo, es obvio, y resulta oficioso negarlo, que el inicio y las consecuencias de dicho procedimiento tendrán consecuencias políticas, éticas, profesionales y morales para el indiciado.
Las sociedades gustan de la sangre. Emblemáticos fueron los juicios de Erik y Lyle Menéndez, quienes asesinaron a sus padres y fueron juzgados por separado, y los juicios penal y civil seguidos a O. J. Simpson, todos televisados en vivo.
El dato anterior es para significar lo que espera a Greg Sánchez. Azorada la sociedad, atestiguará cómo se acumulan las pruebas -reales o figuradas- en su contra, porque el mismo indiciado y la mayoría de los mexicanos no aciertan a comprender que lo que está en juego es la prevalencia de un sistema político que no acaba de nacer, sobre los despojos de otro sistema político que no termina de morir; lo que se discute es el futuro de México, de la misma manera que en su momento se discutió en Acteal y en Atenco, en el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, en la norma de la píldora del día siguiente, en el anatocismo, y así se podrá ir coligiendo de qué lado está la administración de justicia del fuero federal, cuando de ella se esperen resoluciones de índole político.
Desencanto en la sociedad debe producir el “modito” y el tiempo político en que decidieron el arresto de Gregorio Sánchez Martínez, porque deja de ser necesario dudar o no de la culpabilidad del detenido para percibir que nada ha cambiado en la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Lo obtenido con la reforma judicial de 1995 y el golpe de Estado técnico asestado para disolver la Suprema Corte de Justicia con el propósito de asegurar independencia al Poder Judicial de la Federación, empezó a perderse cuando Mariano Azuela Güitrón decidió ser obsecuente con las exigencias políticas, las razones de Estado argumentadas por Vicente Fox Quesada; luego, el despeñadero: Mario Marín, San Salvador Atenco, los ediles de Michoacán y, por fin, las contradicciones entre los jueces federales Roberto Hoyos Aponte y Carlos Elorza Amores para decidir el arresto del candidato al gobierno de Quintana Roo.
Este espacio virtual y este texto no están para discernir sobre la culpabilidad o no de Greg Sánchez -él mismo determinó su futuro y lo acomodó de acuerdo a su codicia-, pero sí para hacer un esfuerzo en comprender cuáles son los errores de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, los equívocos en el procedimiento político y la insensibilidad del procurador Arturo Chávez Chávez en lo que a cuidar las espaldas del presidente de la República se refiere, quizá porque no puede con los nervios causados por la desaparición de su verdadero jefe: Diego Fernández de Cevallos.
En menos de una semana dos jueces federales emitieron resoluciones excluyentes, contradictorias, sobre un mismo caso de interés político. La Procuraduría General de la República solicitó orden de aprehensión y consignación de Greg Sánchez. El 7 de mayo último, Roberto Hoyos Aponte consideró insuficientes las evidencias y negó la orden de captura. Con idéntico pliego de consignación, dicen las fuentes informativas, Carlos Elorza Amores favoreció la solicitud del Ministerio Público Federal. ¡Claro! que uno puede ver lo que el otro no vio, pero resulta que Hoyos Aponte tiene diez años de experiencia, mientras Elorza Amores no cumple dos años como juez federal, pero es el mismo que giró las órdenes de captura de los ediles de Michoacán.
Desconozco si alguno de los dos procedió con dolo, saberlo no será fácil, lo que resultará indudable es la lesión en la honorabilidad de la judicatura federal de la imagen que esta institución ofrece a la sociedad, pues no puede dejar de pensarse que hay jueces federales a modo, para responder con atingencia las solicitudes de administración de justicia política requeridas por el Poder Ejecutivo.
Se sabe, es de todos conocido que los asuntos judiciales que llegan a Oficialía de Partes de las sedes del Poder Judicial de la Federación no tienen destinatario elegido, se distribuyen conforme a un procedimiento establecido, pero es altamente inquietante que el Ministerio Público Federal, al verse rechazada su solicitud por un juez con residencia en el estado de México, corriese a Nayarit para lograr su objetivo.
En cuanto a las quejas de unos y las explicaciones de otros, no hay vuelta de hoja. Si se inicia un proceso -de cualquier índole- judicial en contra de un funcionario público, de un candidato a puesto de elección popular o de un integrante del Poder Legislativo, es obvio, y resulta oficioso negarlo, que el inicio y las consecuencias de dicho procedimiento tendrán consecuencias políticas, éticas, profesionales y morales para el indiciado.
Las sociedades gustan de la sangre. Emblemáticos fueron los juicios de Erik y Lyle Menéndez, quienes asesinaron a sus padres y fueron juzgados por separado, y los juicios penal y civil seguidos a O. J. Simpson, todos televisados en vivo.
El dato anterior es para significar lo que espera a Greg Sánchez. Azorada la sociedad, atestiguará cómo se acumulan las pruebas -reales o figuradas- en su contra, porque el mismo indiciado y la mayoría de los mexicanos no aciertan a comprender que lo que está en juego es la prevalencia de un sistema político que no acaba de nacer, sobre los despojos de otro sistema político que no termina de morir; lo que se discute es el futuro de México, de la misma manera que en su momento se discutió en Acteal y en Atenco, en el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, en la norma de la píldora del día siguiente, en el anatocismo, y así se podrá ir coligiendo de qué lado está la administración de justicia del fuero federal, cuando de ella se esperen resoluciones de índole político.
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