Martha Anaya / Crónica de Política
Estaban en el foro de la Reforma Penal y hablarían sobre la legitimidad del uso de la fuerza. Bueno, al menos ese era el título de la primera mesa de trabajo, a la que asistía como invitado principal el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, lanzó los primeros dardos. Planteó entre otras cosas la falta de convencimiento de la sociedad sobre el uso de la fuerza y el desfase existente entre el número de muertes que la guerra contra el narcotráfico ha generado y la cantidad de heridos que de ella se desprenden.
Incluso apuntó las magras cifras en consignaciones y detenidos a propósito de ese combate, evidenciando que en esta guerra se estaba utilizando el uso de la fuerza en su máxima expresión y no la aplicación de la ley.
Gómez Mont acusó recibo. Intentó una explicación sobre ese “desfase”. Se refirió a consignados y detenidos: Es como “un saldo corriente”, como un “fondo revolvente”, entran y salen de las cárceles, anualmente, casi el mismo número de personas, por eso no hay gran cambio en las cifras aunque el promedio ha subido un poco.
Los asistentes al foro se quedaron perplejos. El ex canciller de México, Bernardo Sepúlveda Amor, hizo un gesto de extrañeza y se echó hacia atrás en su asiento. Y al igual que el Juez de la Corte Internacional de Justicia, muchos otros a quienes la respuesta del titular de Gobernación resultaba poco menos que simplona ante el fondo de lo que se había planteado.
Pero Gómez Mont pasó sin más al tema de la percepción: El fiscal –asentaría–, tiene que ser el conductor de esa construcción social y política; corresponde a él crear la historia que nos explique didácticamente lo que ocurre y nos convenza de que está haciendo justicia de manera imparcial, equitativa y objetiva.
Le toca a él, agregó, evitar “socializar” las investigaciones. Citó un ejemplo: “en el caso Paulette se socializó la investigación”, se anticipó una conclusión.
Parecía que abundaría en el tema, pero no, ahí quedó. Lo dejó como un dardo al pasar.
El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, tomó entonces el micrófono. Y en su caso lo que veríamos sería una batería de dardos. Lanzó de entrada:
-Aquí ha faltado una pregunta esencial. Se nos dice que el diagnóstico en 2006 llevó al gobierno a utilizar a las fuerzas armadas porque las policías estaban rebasadas y eran incapaces de preservar la seguridad de los mexicanos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasó con la responsabilidad de sexenios anteriores?
Mutis general. Navarrete siguió:
-El Presidente Felipe Calderón reconoció hace unos días que en 2006 él no tenía un conocimiento integral de la capacidad del crimen organizado en México. Declaración valiente pero preocupante.
-Por lo que ha pasado con el ejército, tampoco había un diagnóstico de cuándo iban a terminar su participación en esta lucha y volver a los cuarteles; ni cuándo tendremos a las policías listas para hacerse cargo de nuestra seguridad. Tenemos que poner una fecha.
-El gobierno requiere apretar el paso. Menos explicaciones y más resultados.
Así comenzaron las mesas de discusión de la Reforma Penal en la Estrategia de Seguridad pública. Decires y más decires.
Pero ya lo advertiría Bernardo Sepúlveda poco antes en su conferencia magistral, de nada sirven leyes y reformas si éstas se mal aplican en la realidad y si a la hora de la hora los poderes fácticos imponen su voluntad.
Estaban en el foro de la Reforma Penal y hablarían sobre la legitimidad del uso de la fuerza. Bueno, al menos ese era el título de la primera mesa de trabajo, a la que asistía como invitado principal el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, lanzó los primeros dardos. Planteó entre otras cosas la falta de convencimiento de la sociedad sobre el uso de la fuerza y el desfase existente entre el número de muertes que la guerra contra el narcotráfico ha generado y la cantidad de heridos que de ella se desprenden.
Incluso apuntó las magras cifras en consignaciones y detenidos a propósito de ese combate, evidenciando que en esta guerra se estaba utilizando el uso de la fuerza en su máxima expresión y no la aplicación de la ley.
Gómez Mont acusó recibo. Intentó una explicación sobre ese “desfase”. Se refirió a consignados y detenidos: Es como “un saldo corriente”, como un “fondo revolvente”, entran y salen de las cárceles, anualmente, casi el mismo número de personas, por eso no hay gran cambio en las cifras aunque el promedio ha subido un poco.
Los asistentes al foro se quedaron perplejos. El ex canciller de México, Bernardo Sepúlveda Amor, hizo un gesto de extrañeza y se echó hacia atrás en su asiento. Y al igual que el Juez de la Corte Internacional de Justicia, muchos otros a quienes la respuesta del titular de Gobernación resultaba poco menos que simplona ante el fondo de lo que se había planteado.
Pero Gómez Mont pasó sin más al tema de la percepción: El fiscal –asentaría–, tiene que ser el conductor de esa construcción social y política; corresponde a él crear la historia que nos explique didácticamente lo que ocurre y nos convenza de que está haciendo justicia de manera imparcial, equitativa y objetiva.
Le toca a él, agregó, evitar “socializar” las investigaciones. Citó un ejemplo: “en el caso Paulette se socializó la investigación”, se anticipó una conclusión.
Parecía que abundaría en el tema, pero no, ahí quedó. Lo dejó como un dardo al pasar.
El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, tomó entonces el micrófono. Y en su caso lo que veríamos sería una batería de dardos. Lanzó de entrada:
-Aquí ha faltado una pregunta esencial. Se nos dice que el diagnóstico en 2006 llevó al gobierno a utilizar a las fuerzas armadas porque las policías estaban rebasadas y eran incapaces de preservar la seguridad de los mexicanos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasó con la responsabilidad de sexenios anteriores?
Mutis general. Navarrete siguió:
-El Presidente Felipe Calderón reconoció hace unos días que en 2006 él no tenía un conocimiento integral de la capacidad del crimen organizado en México. Declaración valiente pero preocupante.
-Por lo que ha pasado con el ejército, tampoco había un diagnóstico de cuándo iban a terminar su participación en esta lucha y volver a los cuarteles; ni cuándo tendremos a las policías listas para hacerse cargo de nuestra seguridad. Tenemos que poner una fecha.
-El gobierno requiere apretar el paso. Menos explicaciones y más resultados.
Así comenzaron las mesas de discusión de la Reforma Penal en la Estrategia de Seguridad pública. Decires y más decires.
Pero ya lo advertiría Bernardo Sepúlveda poco antes en su conferencia magistral, de nada sirven leyes y reformas si éstas se mal aplican en la realidad y si a la hora de la hora los poderes fácticos imponen su voluntad.
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