Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Cuando la sociedad -exhausta después de tanta degollina y tan feroz violencia, sin mencionar el desempleo y la pobreza alimentaria- se encuentre ante la opción de la mano dura o el desorden, las leyes de excepción o el caos, sólo querrá conservar lo que le queda de su disminuida dignidad y apostar a favor de la presencia militar, ante la promesa de no morir de hambre y olvidarse de la amenaza de convertirse en daño colateral.
A quienes en el Congreso tienen en sus manos la corrección y/o aprobación de esas leyes de excepción tan buscadas por el presidente constitucional, Felipe Calderón, y también a quienes en las fuerzas armadas quieren asumir la responsabilidad de Hércules y limpiar los establos de Augías, olvidando que fueron los civiles los que derramaron toda la mierda, les convendría dar un breve repaso a la historia patria, y además sentarse en una sala de proyección a ver tres enormes películas de Costa Gravas: Estado de sitio, “Z” y Missing, ésta último filmada en México, precisamente con la intención de que recordáramos el precio de la libertad.
Cuando las evoco en las conversaciones, porque hace muchos años que las disfruté y padecí por última vez, me duelen las manos y en especial los dedos, pues para mí la presencia militar en las calles me recuerda a Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago, con las manos sanguinolentas y la boca hinchada a fuerza de golpes, para que “aprendiera a no cantar pendejadas”, supongo que le advirtieron de esa manera sus torturadores antes de matarlo para escarmiento de los demás.
Claro que el gobierno no puede, por ningún motivo, amilanarse ante la sanguinaria violencia de los sicarios de los cárteles, pero sobre el Estado recae la responsabilidad de no escalarla, porque de las leyes de excepción es muy fácil deslizarse al Estado de sitio y después a la dictadura. No olvidemos el entusiasmo de los venezolanos cuando Hugo Chávez sacó a patadas a Carlos Andrés Pérez del palacio de gobierno, cuando todavía tenía el whisky en la mano izquierda.
Dejaron ya en manos de Facundo Rosas la estrategia de seguridad, inteligencia, análisis e investigación para arrebatar la plaza a la delincuencia organizada, y recuperar la confianza de los habitantes de Ciudad Juárez, pero nada se dijo de empleo, educación, salud, tres instrumentos básicos para reconstruir el tejido social. Los habitantes de Juárez no restituirán su confianza en las instituciones y en los gobiernos municipal, estatal y federal, si antes no recuperan además de su ciudad la dignidad que nada más se obtiene del trabajo, de la educación y la posibilidad de llevar “el chivo” a la casa.
Poco importarán en la nueva estrategia para recuperar Ciudad Juárez si a las políticas públicas de seguridad no se suman los necesarios programas para reconstruir el tejido social, porque la sociedad está muy agraviada.
Sobre la información anterior, nos enteramos de que el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, calcula que la presencia del Ejército en las calles podría prolongarse por cinco y hasta diez años más, con el propósito de hacer frente a las fuerzas armadas. En la reunión efectuada con miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a puerta cerrada, el general secretario reconoció casos de violaciones a derechos humanos y la irreparable pérdida de las víctimas colaterales, por lo que, dicen las notas de prensa, se urgió la aprobación de las leyes que permitirían el Estado de excepción, porque ya el Ejército realiza tareas que legalmente no le competen.
La nota de La Jornada puntualiza: “Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos”.
Por lo pronto, la sociedad sólo es testigo del jaloneo entre diversas autoridades para legalizar tareas de procuración de justicia que efectúan antes de obtener el visto bueno del Congreso.
Cuando la sociedad -exhausta después de tanta degollina y tan feroz violencia, sin mencionar el desempleo y la pobreza alimentaria- se encuentre ante la opción de la mano dura o el desorden, las leyes de excepción o el caos, sólo querrá conservar lo que le queda de su disminuida dignidad y apostar a favor de la presencia militar, ante la promesa de no morir de hambre y olvidarse de la amenaza de convertirse en daño colateral.
A quienes en el Congreso tienen en sus manos la corrección y/o aprobación de esas leyes de excepción tan buscadas por el presidente constitucional, Felipe Calderón, y también a quienes en las fuerzas armadas quieren asumir la responsabilidad de Hércules y limpiar los establos de Augías, olvidando que fueron los civiles los que derramaron toda la mierda, les convendría dar un breve repaso a la historia patria, y además sentarse en una sala de proyección a ver tres enormes películas de Costa Gravas: Estado de sitio, “Z” y Missing, ésta último filmada en México, precisamente con la intención de que recordáramos el precio de la libertad.
Cuando las evoco en las conversaciones, porque hace muchos años que las disfruté y padecí por última vez, me duelen las manos y en especial los dedos, pues para mí la presencia militar en las calles me recuerda a Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago, con las manos sanguinolentas y la boca hinchada a fuerza de golpes, para que “aprendiera a no cantar pendejadas”, supongo que le advirtieron de esa manera sus torturadores antes de matarlo para escarmiento de los demás.
Claro que el gobierno no puede, por ningún motivo, amilanarse ante la sanguinaria violencia de los sicarios de los cárteles, pero sobre el Estado recae la responsabilidad de no escalarla, porque de las leyes de excepción es muy fácil deslizarse al Estado de sitio y después a la dictadura. No olvidemos el entusiasmo de los venezolanos cuando Hugo Chávez sacó a patadas a Carlos Andrés Pérez del palacio de gobierno, cuando todavía tenía el whisky en la mano izquierda.
Dejaron ya en manos de Facundo Rosas la estrategia de seguridad, inteligencia, análisis e investigación para arrebatar la plaza a la delincuencia organizada, y recuperar la confianza de los habitantes de Ciudad Juárez, pero nada se dijo de empleo, educación, salud, tres instrumentos básicos para reconstruir el tejido social. Los habitantes de Juárez no restituirán su confianza en las instituciones y en los gobiernos municipal, estatal y federal, si antes no recuperan además de su ciudad la dignidad que nada más se obtiene del trabajo, de la educación y la posibilidad de llevar “el chivo” a la casa.
Poco importarán en la nueva estrategia para recuperar Ciudad Juárez si a las políticas públicas de seguridad no se suman los necesarios programas para reconstruir el tejido social, porque la sociedad está muy agraviada.
Sobre la información anterior, nos enteramos de que el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, calcula que la presencia del Ejército en las calles podría prolongarse por cinco y hasta diez años más, con el propósito de hacer frente a las fuerzas armadas. En la reunión efectuada con miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a puerta cerrada, el general secretario reconoció casos de violaciones a derechos humanos y la irreparable pérdida de las víctimas colaterales, por lo que, dicen las notas de prensa, se urgió la aprobación de las leyes que permitirían el Estado de excepción, porque ya el Ejército realiza tareas que legalmente no le competen.
La nota de La Jornada puntualiza: “Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos”.
Por lo pronto, la sociedad sólo es testigo del jaloneo entre diversas autoridades para legalizar tareas de procuración de justicia que efectúan antes de obtener el visto bueno del Congreso.
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