Los mediadores de secuestros, una suerte de expertos que lucran con el dolor de las familias, desaparecerán en México con la nueva legislación federal en materia de plagios, que debaten hoy senadores y diputados en el Congreso. El proyecto que discuten los legisladores es el réquiem para los asesores, que en ocasiones han llevado a mal puerto los tratos con las bandas de secuestradores. El caso del joven Fernando Martí es un ejemplo de una equivocada estrategia de este tipo de asesores, que regularmente cobran un porcentaje de las cantidades solicitadas por los grupos criminales.
El documento, ahora en calidad de borrador, será en los hechos una nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, que contiene penas escalonadas para los secuestradores, para los que simulen plagios, para los ex funcionarios públicos que participen en las bandas delictivas y sanciones de prisión para los intermediarios, los hombres de negocios que asesoran a las familias víctimas de este delito.
El artículo 11 de la propuesta de legislación expone que se impondrá pena de dos a 10 años de prisión a la persona que “actúe como intermediario en las negociaciones de rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima; colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información; actúe como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen en favor de la víctima, evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión de un secuestro; aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades; efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, o éstas por moneda nacional sabiendo que es con el propósito de pagar el rescate…, e intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes”.
¿Cómo serán las penas escalonadas para los secuestradores? El borrador de la nueva ley, que incluye las iniciativas del presidente Felipe Calderón y de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión (excepto la del Partido Verde, que prometió la pena de muerte en las elecciones de 2009), considera distintas causales para ir elevando los años de prisión a los delincuentes dedicados al secuestro:
- De 15 a 50 años a quienes priven de su libertad a las personas con el propósito de obtener un rescate, amenazarlas con privarlas de la vida o causarles daño. La misma pena aplica para los delincuentes que roben o extorsionen a las personas secuestradas.
- De 20 a 60 años, si la privación de la libertad ocurre en alguna de las siguientes circunstancias: que se realice en camino público, lugar desprotegido o solitario; que lo realicen en grupo de dos o más personas; que los lleven a cabo con violencia; que la víctima sea menor de 16 años y mayor de 60 años, y que la víctima sea mujer en estado de embarazo.
- De 25 a 70 años, a quienes realicen el secuestro con insignias, equipos o vehículos con características iguales o semejantes a las de las policías, las instituciones de procuración de justicia y las Fuerzas Armadas, simulen retenes o puestos de revisión para detener a las víctimas; que el autor haya sido policía o militar; que tenga vínculos o parentesco, amistad, confianza o relación laboral con el secuestrado; que en el cautiverio le cercenen o extraigan algún órgano de su cuerpo, que la víctima no sea atendida por alguna enfermedad.
Las personas que simulen un secuestro serán castigadas con una pena que varía de cuatro a 15 años de prisión. “La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada”.
El documento considera atenuantes para los secuestradores que de manera espontánea liberen dentro de los tres días siguientes a las víctimas, sin que se haya consumado el cobro del rescate. En este caso, los criminales recibirán una pena de cinco a 15 años de prisión.
Legisladores que participaron de la confección de la propuesta consideran que la coordinación de las instituciones policíacas de los tres gobiernos es un elemento importantísimo para atacar el delito y la legislación permitirá que los estados cumplan los programas nacionales de prevención del delito, considerados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Saldrá esta ley en lo que resta del periodo ordinario, que concluye con el mes de abril? Al menos, hay el compromiso de sacarla adelante, pero en el Congreso todo es posible.
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