Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Como dijeron mis padres y abuelos cuando alguien corría de un lado a otro sin motivo aparente: Felipe Calderón anda a la carrera, está que se le queman las habas por consolidar alguno de sus proyectos de gobierno para transitar a la historia -a la de los libros de texto y a la que se discutirá dentro de 50 o 100 años-, cuando menos por la consolidación de alguna de sus políticas públicas o de sus propósitos políticos.
Quien a estas alturas no perciba que el presidente de la República sólo tiene un objetivo para los próximos tres años, nada entiende de los acuerdos establecidos entre los tres Poderes de la Unión, ni de los cambios reales ocurridos en México, sobre todo de los concernientes el modelo político y de desarrollo económico, ni a la identidad real de los auténticos, verdaderos y únicos llamados poderes fácticos: ya no manda, ni orienta, ni aconseja ni impone su criterio quien lo hizo hasta 1994.
Efectivamente el interés político único del presidente Calderón es conservar el poder presidencial para Acción Nacional, al menos hasta 2018, cuando posiblemente estén dadas en México las condiciones para la diarquía partidista, lo que permitirá asegurar la permanencia de la globalización, la integración comercial y el paulatino desvanecimiento de lo que caracteriza la identidad cultural y nacional de lo mexicano, para favorecer la integración sin que nada estorbe a la política de seguridad nacional diseñada por Estados Unidos.
Es en este contexto que hemos de ver la iniciativa de reforma enviada ayer por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, con la que busca recuperar la función regulatoria del Estado a través de la Comisión Federal de Competencia. Supuestamente está entre sus objetivos regular el mercado de bienes y servicios concesionados por ser actividades reservadas al Estado. Es, a todas luces, una propuesta legislativa con doble filo y múltiples objetivos.
La propuesta en sí, abierta y sin mayores explicaciones, es para la galería electoral, para que los amenazados por los dientes de la pobreza alimentaria, los desplazados por el combate a la delincuencia organizada, los diagnosticados con enfermedad terminal al caer en el desempleo, vean con simpatía los esfuerzos de Acción Nacional por defender sus intereses al menos en un control que pudiera asegurarles precios bajos en los servicios de telecomunicación -como un atractivo que más adelante pudiese contemplar reducciones en combustibles y electricidad-, lo que no sucederá, porque en este país precio o tarifa que sube, jamás baja.
Pero lo que está atrás de la idea de darle poder a la Comisión Federal de Competencia es la privatización acelerada de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, y de esto con toda seguridad está enterado el ingeniero Carlos Slim, quien bien se avendría a ver disminuida su presencia en el ámbito de las telecomunicaciones para ceder espacio a la competencia, si a cambio recibe la oportunidad de invertir en petroquímica, en plantas hidroeléctricas y otros servicios relacionados con petróleo y electricidad.
Han envuelto bien de ideología e historia esta propuesta de reforma regulatoria del Estado, pues “… plantea, por ejemplo, fortalecer las sanciones económicas y llevarlas del nivel de multa que ahora se expresa a un máximo hasta de diez por ciento de los ingresos acumulables de la empresa para efectos del Impuesto Sobre la Renta”; por el momento sólo es una propuesta, porque quedan ocho sesiones para que concluya el periodo ordinario de ambas cámaras, y porque una cosa es lo deseable políticamente y otra lo logrado económicamente; además, porque en eso de las multas impuestas a los monopolios bastante experiencia nos ha legado el triste papel del IFE, que no a podido ganarle ni una a Televisa ni a TV Azteca.
También informaron lo siguiente: “Cabe recordar que dichas facultades regulatorias fueron parte de la oferta de campaña electoral del hoy mandatario federal, quien incluso al arranque de su sexenio prometió iniciar acciones para garantizar competencia en las telecomunicaciones en los primeros cien días de su gobierno”.
Nada ocurrirá con la reforma sobre competencias regulatorias en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, porque es una jugada electoral y porque pretende otras conclusiones a las que, como se señaló arriba, el ingeniero Carlos Slim se avendría a las mil maravillas si lo que pierde en telefonía lo recuperase en inversión para producir energía eléctrica y diversificarse hacia la petroquímica, lo que tarde o temprano ocurrirá, pues el viejo régimen, el antiguo sistema se niega a morir, y en esa agonía crea mucha pobreza, muchas necesidades, muchas debilidades, para a fin de cuentas concluir entregando el tesoro por nada, sin ningún beneficio.
Como dijeron mis padres y abuelos cuando alguien corría de un lado a otro sin motivo aparente: Felipe Calderón anda a la carrera, está que se le queman las habas por consolidar alguno de sus proyectos de gobierno para transitar a la historia -a la de los libros de texto y a la que se discutirá dentro de 50 o 100 años-, cuando menos por la consolidación de alguna de sus políticas públicas o de sus propósitos políticos.
Quien a estas alturas no perciba que el presidente de la República sólo tiene un objetivo para los próximos tres años, nada entiende de los acuerdos establecidos entre los tres Poderes de la Unión, ni de los cambios reales ocurridos en México, sobre todo de los concernientes el modelo político y de desarrollo económico, ni a la identidad real de los auténticos, verdaderos y únicos llamados poderes fácticos: ya no manda, ni orienta, ni aconseja ni impone su criterio quien lo hizo hasta 1994.
Efectivamente el interés político único del presidente Calderón es conservar el poder presidencial para Acción Nacional, al menos hasta 2018, cuando posiblemente estén dadas en México las condiciones para la diarquía partidista, lo que permitirá asegurar la permanencia de la globalización, la integración comercial y el paulatino desvanecimiento de lo que caracteriza la identidad cultural y nacional de lo mexicano, para favorecer la integración sin que nada estorbe a la política de seguridad nacional diseñada por Estados Unidos.
Es en este contexto que hemos de ver la iniciativa de reforma enviada ayer por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, con la que busca recuperar la función regulatoria del Estado a través de la Comisión Federal de Competencia. Supuestamente está entre sus objetivos regular el mercado de bienes y servicios concesionados por ser actividades reservadas al Estado. Es, a todas luces, una propuesta legislativa con doble filo y múltiples objetivos.
La propuesta en sí, abierta y sin mayores explicaciones, es para la galería electoral, para que los amenazados por los dientes de la pobreza alimentaria, los desplazados por el combate a la delincuencia organizada, los diagnosticados con enfermedad terminal al caer en el desempleo, vean con simpatía los esfuerzos de Acción Nacional por defender sus intereses al menos en un control que pudiera asegurarles precios bajos en los servicios de telecomunicación -como un atractivo que más adelante pudiese contemplar reducciones en combustibles y electricidad-, lo que no sucederá, porque en este país precio o tarifa que sube, jamás baja.
Pero lo que está atrás de la idea de darle poder a la Comisión Federal de Competencia es la privatización acelerada de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, y de esto con toda seguridad está enterado el ingeniero Carlos Slim, quien bien se avendría a ver disminuida su presencia en el ámbito de las telecomunicaciones para ceder espacio a la competencia, si a cambio recibe la oportunidad de invertir en petroquímica, en plantas hidroeléctricas y otros servicios relacionados con petróleo y electricidad.
Han envuelto bien de ideología e historia esta propuesta de reforma regulatoria del Estado, pues “… plantea, por ejemplo, fortalecer las sanciones económicas y llevarlas del nivel de multa que ahora se expresa a un máximo hasta de diez por ciento de los ingresos acumulables de la empresa para efectos del Impuesto Sobre la Renta”; por el momento sólo es una propuesta, porque quedan ocho sesiones para que concluya el periodo ordinario de ambas cámaras, y porque una cosa es lo deseable políticamente y otra lo logrado económicamente; además, porque en eso de las multas impuestas a los monopolios bastante experiencia nos ha legado el triste papel del IFE, que no a podido ganarle ni una a Televisa ni a TV Azteca.
También informaron lo siguiente: “Cabe recordar que dichas facultades regulatorias fueron parte de la oferta de campaña electoral del hoy mandatario federal, quien incluso al arranque de su sexenio prometió iniciar acciones para garantizar competencia en las telecomunicaciones en los primeros cien días de su gobierno”.
Nada ocurrirá con la reforma sobre competencias regulatorias en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, porque es una jugada electoral y porque pretende otras conclusiones a las que, como se señaló arriba, el ingeniero Carlos Slim se avendría a las mil maravillas si lo que pierde en telefonía lo recuperase en inversión para producir energía eléctrica y diversificarse hacia la petroquímica, lo que tarde o temprano ocurrirá, pues el viejo régimen, el antiguo sistema se niega a morir, y en esa agonía crea mucha pobreza, muchas necesidades, muchas debilidades, para a fin de cuentas concluir entregando el tesoro por nada, sin ningún beneficio.
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