Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Antonio Ávila, está metiendo a su jefe Marcelo Ebrard en un problema muy serio, sobretodo en estos tiempos de alta sensibilidad por los derechos humanos: se le están muriendo los presos en las cárceles de la capital federal. Malos tratos y torturas están llevando a homicidios, y acumulando tanta dinamita bajo la silla del jefe de Gobierno capitalino que un día de estos lo van a hacer volar por todo el Zócalo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le envió una recomendación el año pasado a Ávila, quien a decir de los resultados, se le debe haber olvidado o, simplemente, la ignoró.
En cualquier caso, grave. Del primero de enero de este año al primero de marzo, se registraron 20 homicidios en las cárceles del Distrito Federal, y 17 personas más se suicidaron en los primeros 59 días del año, que está marcando una tendencia hacia un agravamiento del problema. El año pasado se registraron 16 suicidios y 13 homicidios. ¿Cómo pueden suceder estas muertes si se supone los presos están permanentemente vigilados y si hay tantos controles de seguridad para ingresar a las cárceles?
Es la corrupción, que permite que la violencia sigue galopando en las cárceles. Por ejemplo, en enero cuatro custodios golpearon a cinco internos en el Centro de Readaptación Varonil en Santa Martha Acatitla, y las autoridades no dijeron nada. En febrero se fugaron en pleno día, durante la visita familiar, dos secuestradores de alta peligrosidad en el Reclusorio Norte, y las autoridades, una vez más, guardaron silencio. El año pasado no fue mejor. Sólo en mayo se produjeron cinco motines en cinco distintas cárceles.
Lo que sucede dentro del sistema carcelario capitalino no es nuevo, pero se ha convertido en un desastre mayor como consecuencia de la inacción de Ávila. Un botón es que todos los días de este año, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario recibe quejas sobre lo que sucede intramuros. Durante los primeros dos meses de 2010 hubo 483 reportes de irregularidades, que apuntan para superar los dos mil 822 que se recibieron el año pasado. El Consejo Ciudadano y la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya alertaron sobre el incremento de irregularidades dentro del sistema carcelario y lo exponencial de la violencia.
Uno de los puntos sobresalientes es la manera como se han incrementado las extorsiones telefónicas desde las cárceles. El año pasado se decomisaron dos mil 800 teléfonos celulares en poder de los reclusos, lo que dio un promedio asombroso de 7.6 celulares recogidos por día. Pero en los dos primeros meses de este año, se decomisaron 690 aparatos, lo que significa un promedio diario de 11.5 celulares recogidos cada día. ¿Quién permite la entrada de los aparatos? Para poder ingresar a una prisión uno tiene que llegar sin ningún objeto prohibido, como celulares, y pasar por un arco detector de metales. De ahí pasa a un pequeño cuarto donde manualmente lo vuelven a revisar. Más adelante pasa por otro detector de metales. ¿Quién permite la entrada de los celulares?
La corrupción del personal carcelario administrado por Ávila es rampante. De acuerdo con la información sobre los abusos e irregularidades que están sucediendo hacia el interior de las prisiones metropolitanas, hay otro negocio en paralelo muy redituable. Es el llamado “pase de lista”. Hoy en día hay aproximadamente 40 mil presos en el Distrito Federal -la capacidad carcelaria instalada, por cierto, está rebasada en 87%-, y el cobro por pasar lista es de cinco pesos por cada una de las tres veces que se pasa lista. No se sabe cuántos dejan de pasar lista, ni tampoco está claro hasta dónde llega la corrupción en las líneas de mando.
Sin embargo, el problema no es desconocido en la Secretaría de Gobierno. Tienen la información del problema carcelario y de los “focos rojos” en el sistema, que se encuentran en el Reclusorio Norte, el Reclusorio Sur y la Penitenciaría Varonil. La manera como lo han venido resolviendo en la oficina de Ávila es mediante el ocultamiento de información y la desinformación. Varios legisladores capitalinos han exigido la comparecencia de la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, pero Ávila ha impedido que esto suceda.
¿Quién protege al secretario de Gobierno? La respuesta tiene que ser el propio jefe de Gobierno de Distrito Federal. No se puede entender de otra manera por la forma como Ávila puede operar políticamente para que lo que sucede dentro del sistema carcelario en la capital federal pueda pasar sin consecuencias. Las muertes y las torturas, por encima de todas las irregularidades que están sucediendo en las prisiones capitalinas empiezan a ser un problema que está trascendiendo de ámbitos.
La descomposición dentro de las cárceles se ubica en el contexto amplio de lo que está sucediendo en el país: la ausencia de instituciones sólidas que permitan un sistema de justicia aceptable. Lo que sucede demuestra exactamente lo contrario: instituciones débiles, rebasadas, abatidas, y una claudicación de la autoridad. En el marco de una nación, este es un componente de un estado fallido. En el ámbito local, como es este el caso, es el gobierno del Distrito Federal el que está dando muestras de ser fallido.
Ebrard, como responsable del gobierno, tiene la responsabilidad principal de lo que está pasando. Si Ávila es la persona responsable de atender el tema y no lo hace, la culpa no la tiene él, sino quien lo mantiene en el cargo. Las violaciones a los derechos humanos y el potencial de criminalidad que se está dando dentro de las prisiones, son temas sobre los que Ebrard tiene qué explicar mucho ante la opinión pública y corregir urgentemente antes de que la gangrena que tiene en su sistema de justicia le empiece a recorrer todo el cuerpo político y termine, también a él, enfermándolo.
El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Antonio Ávila, está metiendo a su jefe Marcelo Ebrard en un problema muy serio, sobretodo en estos tiempos de alta sensibilidad por los derechos humanos: se le están muriendo los presos en las cárceles de la capital federal. Malos tratos y torturas están llevando a homicidios, y acumulando tanta dinamita bajo la silla del jefe de Gobierno capitalino que un día de estos lo van a hacer volar por todo el Zócalo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le envió una recomendación el año pasado a Ávila, quien a decir de los resultados, se le debe haber olvidado o, simplemente, la ignoró.
En cualquier caso, grave. Del primero de enero de este año al primero de marzo, se registraron 20 homicidios en las cárceles del Distrito Federal, y 17 personas más se suicidaron en los primeros 59 días del año, que está marcando una tendencia hacia un agravamiento del problema. El año pasado se registraron 16 suicidios y 13 homicidios. ¿Cómo pueden suceder estas muertes si se supone los presos están permanentemente vigilados y si hay tantos controles de seguridad para ingresar a las cárceles?
Es la corrupción, que permite que la violencia sigue galopando en las cárceles. Por ejemplo, en enero cuatro custodios golpearon a cinco internos en el Centro de Readaptación Varonil en Santa Martha Acatitla, y las autoridades no dijeron nada. En febrero se fugaron en pleno día, durante la visita familiar, dos secuestradores de alta peligrosidad en el Reclusorio Norte, y las autoridades, una vez más, guardaron silencio. El año pasado no fue mejor. Sólo en mayo se produjeron cinco motines en cinco distintas cárceles.
Lo que sucede dentro del sistema carcelario capitalino no es nuevo, pero se ha convertido en un desastre mayor como consecuencia de la inacción de Ávila. Un botón es que todos los días de este año, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario recibe quejas sobre lo que sucede intramuros. Durante los primeros dos meses de 2010 hubo 483 reportes de irregularidades, que apuntan para superar los dos mil 822 que se recibieron el año pasado. El Consejo Ciudadano y la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya alertaron sobre el incremento de irregularidades dentro del sistema carcelario y lo exponencial de la violencia.
Uno de los puntos sobresalientes es la manera como se han incrementado las extorsiones telefónicas desde las cárceles. El año pasado se decomisaron dos mil 800 teléfonos celulares en poder de los reclusos, lo que dio un promedio asombroso de 7.6 celulares recogidos por día. Pero en los dos primeros meses de este año, se decomisaron 690 aparatos, lo que significa un promedio diario de 11.5 celulares recogidos cada día. ¿Quién permite la entrada de los aparatos? Para poder ingresar a una prisión uno tiene que llegar sin ningún objeto prohibido, como celulares, y pasar por un arco detector de metales. De ahí pasa a un pequeño cuarto donde manualmente lo vuelven a revisar. Más adelante pasa por otro detector de metales. ¿Quién permite la entrada de los celulares?
La corrupción del personal carcelario administrado por Ávila es rampante. De acuerdo con la información sobre los abusos e irregularidades que están sucediendo hacia el interior de las prisiones metropolitanas, hay otro negocio en paralelo muy redituable. Es el llamado “pase de lista”. Hoy en día hay aproximadamente 40 mil presos en el Distrito Federal -la capacidad carcelaria instalada, por cierto, está rebasada en 87%-, y el cobro por pasar lista es de cinco pesos por cada una de las tres veces que se pasa lista. No se sabe cuántos dejan de pasar lista, ni tampoco está claro hasta dónde llega la corrupción en las líneas de mando.
Sin embargo, el problema no es desconocido en la Secretaría de Gobierno. Tienen la información del problema carcelario y de los “focos rojos” en el sistema, que se encuentran en el Reclusorio Norte, el Reclusorio Sur y la Penitenciaría Varonil. La manera como lo han venido resolviendo en la oficina de Ávila es mediante el ocultamiento de información y la desinformación. Varios legisladores capitalinos han exigido la comparecencia de la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, pero Ávila ha impedido que esto suceda.
¿Quién protege al secretario de Gobierno? La respuesta tiene que ser el propio jefe de Gobierno de Distrito Federal. No se puede entender de otra manera por la forma como Ávila puede operar políticamente para que lo que sucede dentro del sistema carcelario en la capital federal pueda pasar sin consecuencias. Las muertes y las torturas, por encima de todas las irregularidades que están sucediendo en las prisiones capitalinas empiezan a ser un problema que está trascendiendo de ámbitos.
La descomposición dentro de las cárceles se ubica en el contexto amplio de lo que está sucediendo en el país: la ausencia de instituciones sólidas que permitan un sistema de justicia aceptable. Lo que sucede demuestra exactamente lo contrario: instituciones débiles, rebasadas, abatidas, y una claudicación de la autoridad. En el marco de una nación, este es un componente de un estado fallido. En el ámbito local, como es este el caso, es el gobierno del Distrito Federal el que está dando muestras de ser fallido.
Ebrard, como responsable del gobierno, tiene la responsabilidad principal de lo que está pasando. Si Ávila es la persona responsable de atender el tema y no lo hace, la culpa no la tiene él, sino quien lo mantiene en el cargo. Las violaciones a los derechos humanos y el potencial de criminalidad que se está dando dentro de las prisiones, son temas sobre los que Ebrard tiene qué explicar mucho ante la opinión pública y corregir urgentemente antes de que la gangrena que tiene en su sistema de justicia le empiece a recorrer todo el cuerpo político y termine, también a él, enfermándolo.
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