Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
¿Tendrán idea precisa, histórica, los líderes del Congreso, el titular del Ejecutivo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que subyace en la discusión acerca de cómo y porqué han de aprobarse las reformas a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Intuyen, están conscientes de las consecuencias de concederle o de plano negar al General secretario Guillermo Galván Galván, la seguridad constitucional y jurídica que tanto anhela, para no desobedecer las órdenes del jefe nato de las Fuerzas Armadas, y tampoco correr el riesgo de ser sepultados por el reclamo de la sociedad?
La realidad es que la actitud de los responsables de lo que ocurra con esa Ley y la del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, es de desilusión y agravio. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -la casa de la constitucionalidad y observancia de las leyes- es más grave, pues los ministros y su presidente se sustraen a su responsabilidad histórica al creer, considerar, estar seguros de que con cumplir al pie de la letra con su mandato constitucional y emitir una resolución que pseudo justifica jurídicamente la actuación del Ejército para dar cauce a las políticas públicas de Felipe Calderón Hinojosa en materia de combate a la delincuencia organizada, cumplieron con su conciencia y la sociedad, pero no es así.
Si específicamente no tienen atribuciones legales expresas para decir esta boca es mía en materia legislativa y mucho menos en referencia a las políticas públicas del Ejecutivo, sí son los responsables de vigilar que se observe el cumplimiento constitucional y legal de su andamiaje jurídico, para dar seguridad, certidumbre, certeza a su tutelaje en la administración de justicia, por lo que debido a sus cargos y a su responsabilidad ante la sociedad, sí deben emitir una opinión cuando lo que se discute es el futuro inmediato de México: ¿Calles con patrullas militares las 24 horas del día, o no? ¿Toque de queda, o no? ¿Riesgo de violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, o no?
El caso del Legislativo es explícito. Señala la información: El dictamen en comisiones del Senado sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, prevé que los militares no podrán estar fuera de los cuarteles sino hasta que un gobernador o un Congreso local soliciten y presenten pruebas ante el Senado y el Consejo de Seguridad Nacional de que las policías perdieron el control de la seguridad en algunas zonas. ¡Qué optimismo!
Para lograr una estrategia de seguridad focalizada, el Ejército no podrá permanecer en las calles de manera ilimitada y, además, se prepara una reforma al artículo 89 constitucional, para limitar las facultades del presidente de la República para disponer del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en asuntos de seguridad interna.
¡Vaya! ¡Vaya!, de tal manera que el titular del Ejecutivo puede empezar a dejar de ser el Jefe Nato de las fuerzas armadas, y se propone acotar la presencia del Ejército en la calle, cuando la delincuencia organizada lo que quiere, necesita, está urgida precisamente de que le dejen la calle.
Una analogía, para entender de qué va la cosa: el PRI perdió las elecciones presidenciales entre otras razones, cuando cedió la calle a Acción Nacional. Mientras Francisco Labastida hacía proselitismo en lugares cerrados, Vicente Fox se adueñó de las plazas públicas.
En cuanto a Felipe Calderón, presidente constitucional, su actitud causa desconcierto, porque se le nubla la razón en el trato con algunos críticos, mientras con otros es zalamero; se irrita porque no obtiene los resultados deseados, pero es incapaz de autocrítica y corregir el método para lograr las metas de sus políticas públicas por otros caminos que no sean los por él elegidos. Exige que se hable bien de México, cuando los resultados de sus políticas públicas y los desaguisados de los miembros de su partido son los que a voz en cuello gritan lo que sucede en esta lastimada nación.
Reflexionemos en lo dicho por Joaquín Sabina y César Gaviria. El primero conoce del ser humano y sus debilidades; del segundo se puede decir que es experto en combate a la delincuencia organizada, específicamente contra el narcotráfico, y advierte: “El proceso de aprendizaje de México para tener una política que ayude a recuperar la seguridad y que ayude a quitar ese problema de manera más exitosa resulta muy largo, no porque las cosas que están haciendo no se necesiten, sino porque no está focalizándose suficiente, porque está tratando de mejorar toda la policía y creo que ese no es el camino”.
Es la voz y el pensamiento de ambos personajes, ajenos a México, pero que deben obligarnos a parar la oreja, porque del positivo o negativo resultado de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, resultará bueno o malo el futuro de México.
¿Tendrán idea precisa, histórica, los líderes del Congreso, el titular del Ejecutivo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que subyace en la discusión acerca de cómo y porqué han de aprobarse las reformas a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Intuyen, están conscientes de las consecuencias de concederle o de plano negar al General secretario Guillermo Galván Galván, la seguridad constitucional y jurídica que tanto anhela, para no desobedecer las órdenes del jefe nato de las Fuerzas Armadas, y tampoco correr el riesgo de ser sepultados por el reclamo de la sociedad?
La realidad es que la actitud de los responsables de lo que ocurra con esa Ley y la del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, es de desilusión y agravio. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -la casa de la constitucionalidad y observancia de las leyes- es más grave, pues los ministros y su presidente se sustraen a su responsabilidad histórica al creer, considerar, estar seguros de que con cumplir al pie de la letra con su mandato constitucional y emitir una resolución que pseudo justifica jurídicamente la actuación del Ejército para dar cauce a las políticas públicas de Felipe Calderón Hinojosa en materia de combate a la delincuencia organizada, cumplieron con su conciencia y la sociedad, pero no es así.
Si específicamente no tienen atribuciones legales expresas para decir esta boca es mía en materia legislativa y mucho menos en referencia a las políticas públicas del Ejecutivo, sí son los responsables de vigilar que se observe el cumplimiento constitucional y legal de su andamiaje jurídico, para dar seguridad, certidumbre, certeza a su tutelaje en la administración de justicia, por lo que debido a sus cargos y a su responsabilidad ante la sociedad, sí deben emitir una opinión cuando lo que se discute es el futuro inmediato de México: ¿Calles con patrullas militares las 24 horas del día, o no? ¿Toque de queda, o no? ¿Riesgo de violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, o no?
El caso del Legislativo es explícito. Señala la información: El dictamen en comisiones del Senado sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, prevé que los militares no podrán estar fuera de los cuarteles sino hasta que un gobernador o un Congreso local soliciten y presenten pruebas ante el Senado y el Consejo de Seguridad Nacional de que las policías perdieron el control de la seguridad en algunas zonas. ¡Qué optimismo!
Para lograr una estrategia de seguridad focalizada, el Ejército no podrá permanecer en las calles de manera ilimitada y, además, se prepara una reforma al artículo 89 constitucional, para limitar las facultades del presidente de la República para disponer del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en asuntos de seguridad interna.
¡Vaya! ¡Vaya!, de tal manera que el titular del Ejecutivo puede empezar a dejar de ser el Jefe Nato de las fuerzas armadas, y se propone acotar la presencia del Ejército en la calle, cuando la delincuencia organizada lo que quiere, necesita, está urgida precisamente de que le dejen la calle.
Una analogía, para entender de qué va la cosa: el PRI perdió las elecciones presidenciales entre otras razones, cuando cedió la calle a Acción Nacional. Mientras Francisco Labastida hacía proselitismo en lugares cerrados, Vicente Fox se adueñó de las plazas públicas.
En cuanto a Felipe Calderón, presidente constitucional, su actitud causa desconcierto, porque se le nubla la razón en el trato con algunos críticos, mientras con otros es zalamero; se irrita porque no obtiene los resultados deseados, pero es incapaz de autocrítica y corregir el método para lograr las metas de sus políticas públicas por otros caminos que no sean los por él elegidos. Exige que se hable bien de México, cuando los resultados de sus políticas públicas y los desaguisados de los miembros de su partido son los que a voz en cuello gritan lo que sucede en esta lastimada nación.
Reflexionemos en lo dicho por Joaquín Sabina y César Gaviria. El primero conoce del ser humano y sus debilidades; del segundo se puede decir que es experto en combate a la delincuencia organizada, específicamente contra el narcotráfico, y advierte: “El proceso de aprendizaje de México para tener una política que ayude a recuperar la seguridad y que ayude a quitar ese problema de manera más exitosa resulta muy largo, no porque las cosas que están haciendo no se necesiten, sino porque no está focalizándose suficiente, porque está tratando de mejorar toda la policía y creo que ese no es el camino”.
Es la voz y el pensamiento de ambos personajes, ajenos a México, pero que deben obligarnos a parar la oreja, porque del positivo o negativo resultado de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, resultará bueno o malo el futuro de México.
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