Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Mucho he leído sobre secuestros y las secuelas dejadas en las víctimas, si regresan, y sus familiares; conozco a padres y madres de secuestrados que no vivieron para contarlo, pero no conozco a ningún secuestrado que me haya hablado del miedo y la transformación interna que éste ha de producirle en su razón, en el alma.
Pienso que las secuelas son peores cuando se padece el engaño de las autoridades de la procuración de justicia. Supongo que Alejandro Martí, una vez sepultados los despojos de su hijo Fernando, lo único que quiso fue dar vuelta a la página, aunque no así al fenómeno de la inseguridad pública ni a la proliferación de los secuestradores, por lo que fundó su SOS, no sin antes pedir a las autoridades que si no podían dar la medida, renunciasen, estuvieran en el cargo que estuvieran. Pero los destinatarios de esa voz, ese reclamo de la sociedad hecho público por el señor Martí, hicieron oídos sordos, mutis, el tancredo, y muy orondos continúan asegurándose de cobrar sus quincenas.
En diciembre de 2008 asistí a un seminario sobre reforma constitucional penal organizado por la Procuraduría General de la República. Hace 16 meses ya que era un secreto a voces la nula participación de Lorena González Hernández, “La Lore”, en el secuestro de Fernando Martí. El único que se negó a creerlo fue Miguel Ángel Mancera Espinosa, a pesar de contar con las pruebas en contra de su capricho, o quizá de su compromiso político.
Ahora resulta que la Secretaría de Seguridad Pública Federal detuvo a María Elena Ontiveros Mendoza, “La Güera”, por ser esta mujer la verdadera, la auténtica, la única responsable -al decir de sus captores- de haber montado el retén para que funcionase el operativo por medio del cual secuestrarían y asesinarían a Fernando Martí. La reflexión consecuente al hecho es irreprimible: la procuración de justicia en todos sus ámbitos no es sino un reflejo de lo que ocurre en la administración pública federal, es decir, la permanente confusión, el descrédito y desvanecimiento de la autoridad ética y moral de las instituciones que dan contenido y fuerza al Estado.
El desconcierto que producen en la sociedad los trágicos errores gubernamentales, dificultan para el gobierno la obtención del apoyo necesario para encausar las reformas que sacarían a la transición política y económica del atolladero en que se encuentran. Para colmo, no dejan de sucederse declaraciones insensatas como la formulada por el presidente constitucional de México, Felipe Calderón, respecto a las víctimas civiles de la lucha contra la delincuencia organizada, sólo días después de que Cintya Salazar narraba a los medios cómo su hijo Brian Almanza, de nueve años, falleció en sus brazos a causa de disparos que hicieron soldados al transporte en que viajaban a Matamoros; o aquellas en las que Fernando Gómez Mont reclama a las bandas del crimen organizado que den la cara, cuando de ninguna manera infiere las sorpresas que pudiera llevarse si quienes dieran el rostro fuesen los cómplices de esas bandas que se escudan, esconden en cargos de los distintos niveles de la administración pública.
Las cifras son elocuentes y desmienten sin mayor esfuerzo los dichos gubernamentales para combatir el secuestro, ya que las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas se incrementaron 90 por ciento respecto al sexenio 2000-2006.
Durante el gobierno anterior se denunciaron ante las agencias del Ministerio Público 2 mil 593 plagios, un promedio de 432 anuales, mientras que entre enero de 2007 y diciembre de 2009, ascendieron a 2 mil 455 casos; esto es, una media de 818 cada año. Este delito aumentó 40 por ciento el año pasado en comparación con 2008, cuando se reportaron 838 plagios.
Con base en esos datos oficiales obtenidos en los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la inseguridad crece y flagela, pues mientras en 2006 hubo denuncia de un millón 580 mil 730 delitos de todo tipo, el año pasado esa cifra ascendió a casi un millón 805 mil, lo que representa un aumento de 14 por ciento en tres años. Así, el año pasado hubo un promedio de 4 mil 945 denuncias diarias, a razón de mil 678 delitos por cada 100 mil habitantes.
Don Fernando Gómez Mont, no se trata de que los jefes de la delincuencia organizada den la cara, sino de encontrarles la cara a ellos y a los posibles cómplices que dentro de todos los niveles de gobierno los ayudan a gozar de impunidad. El delito a perseguir es la corrupción; en la medida que ésta disminuya hasta su erradicación, también disminuirá el crimen organizado.
Mucho he leído sobre secuestros y las secuelas dejadas en las víctimas, si regresan, y sus familiares; conozco a padres y madres de secuestrados que no vivieron para contarlo, pero no conozco a ningún secuestrado que me haya hablado del miedo y la transformación interna que éste ha de producirle en su razón, en el alma.
Pienso que las secuelas son peores cuando se padece el engaño de las autoridades de la procuración de justicia. Supongo que Alejandro Martí, una vez sepultados los despojos de su hijo Fernando, lo único que quiso fue dar vuelta a la página, aunque no así al fenómeno de la inseguridad pública ni a la proliferación de los secuestradores, por lo que fundó su SOS, no sin antes pedir a las autoridades que si no podían dar la medida, renunciasen, estuvieran en el cargo que estuvieran. Pero los destinatarios de esa voz, ese reclamo de la sociedad hecho público por el señor Martí, hicieron oídos sordos, mutis, el tancredo, y muy orondos continúan asegurándose de cobrar sus quincenas.
En diciembre de 2008 asistí a un seminario sobre reforma constitucional penal organizado por la Procuraduría General de la República. Hace 16 meses ya que era un secreto a voces la nula participación de Lorena González Hernández, “La Lore”, en el secuestro de Fernando Martí. El único que se negó a creerlo fue Miguel Ángel Mancera Espinosa, a pesar de contar con las pruebas en contra de su capricho, o quizá de su compromiso político.
Ahora resulta que la Secretaría de Seguridad Pública Federal detuvo a María Elena Ontiveros Mendoza, “La Güera”, por ser esta mujer la verdadera, la auténtica, la única responsable -al decir de sus captores- de haber montado el retén para que funcionase el operativo por medio del cual secuestrarían y asesinarían a Fernando Martí. La reflexión consecuente al hecho es irreprimible: la procuración de justicia en todos sus ámbitos no es sino un reflejo de lo que ocurre en la administración pública federal, es decir, la permanente confusión, el descrédito y desvanecimiento de la autoridad ética y moral de las instituciones que dan contenido y fuerza al Estado.
El desconcierto que producen en la sociedad los trágicos errores gubernamentales, dificultan para el gobierno la obtención del apoyo necesario para encausar las reformas que sacarían a la transición política y económica del atolladero en que se encuentran. Para colmo, no dejan de sucederse declaraciones insensatas como la formulada por el presidente constitucional de México, Felipe Calderón, respecto a las víctimas civiles de la lucha contra la delincuencia organizada, sólo días después de que Cintya Salazar narraba a los medios cómo su hijo Brian Almanza, de nueve años, falleció en sus brazos a causa de disparos que hicieron soldados al transporte en que viajaban a Matamoros; o aquellas en las que Fernando Gómez Mont reclama a las bandas del crimen organizado que den la cara, cuando de ninguna manera infiere las sorpresas que pudiera llevarse si quienes dieran el rostro fuesen los cómplices de esas bandas que se escudan, esconden en cargos de los distintos niveles de la administración pública.
Las cifras son elocuentes y desmienten sin mayor esfuerzo los dichos gubernamentales para combatir el secuestro, ya que las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas se incrementaron 90 por ciento respecto al sexenio 2000-2006.
Durante el gobierno anterior se denunciaron ante las agencias del Ministerio Público 2 mil 593 plagios, un promedio de 432 anuales, mientras que entre enero de 2007 y diciembre de 2009, ascendieron a 2 mil 455 casos; esto es, una media de 818 cada año. Este delito aumentó 40 por ciento el año pasado en comparación con 2008, cuando se reportaron 838 plagios.
Con base en esos datos oficiales obtenidos en los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la inseguridad crece y flagela, pues mientras en 2006 hubo denuncia de un millón 580 mil 730 delitos de todo tipo, el año pasado esa cifra ascendió a casi un millón 805 mil, lo que representa un aumento de 14 por ciento en tres años. Así, el año pasado hubo un promedio de 4 mil 945 denuncias diarias, a razón de mil 678 delitos por cada 100 mil habitantes.
Don Fernando Gómez Mont, no se trata de que los jefes de la delincuencia organizada den la cara, sino de encontrarles la cara a ellos y a los posibles cómplices que dentro de todos los niveles de gobierno los ayudan a gozar de impunidad. El delito a perseguir es la corrupción; en la medida que ésta disminuya hasta su erradicación, también disminuirá el crimen organizado.
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