Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
El panorama de la lucha contra el narcotráfico en México se complica de nuevo, ahora desde el ámbito jurídico y legislativo en donde las posibles modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que buscan delimitar y precisar las atribuciones exactas de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, también podrían permitir la aplicación del Estado de Excepción y la Suspensión de Garantías para que el Ejército combata con mayor eficacia a los cárteles de la droga.
Pese a que en el Senado de la República circula desde el pasado viernes un borrador con una versión en la que se garantizaría que la solicitud de gobernadores a esa cámara para que los militares intervengan en sus entidades una vez que se demuestre el Riesgo o la Amenaza para la seguridad interior en determinado estado, lo cierto es que el tema es motivo de negociaciones y puntos de vista dispares.
Un sector de la bancada perredista en el Senado se niega a permitir la aprobación de la propuesta presidencial, porque ello significaría dejar la puerta abierta para que en México ocurra un Golpe Militar, una asonada “con la ley en la mano”, según nos ha dicho el Senador del partido del Sol Azteca, Tomás Torres mercado.
A la par del jaloneo que ha desatado la propuesta para reformar la LSN, se ha dado también una serie de presiones del alto mando de la Secretaría de la defensa Nacional (SEDENA), el General Guillermo Galván, quien, como lo hemos venido señalando, está muy activo reuniéndose con diputados y senadores para empujar no solo cambios en materia de Seguridad Nacional, sino también a nivel constitucional.
Su intención es lograr cambios al artículo 129 de la Constitución, para que la presencia de las tropas en las calles, más allá de los cuarteles, no siga dándose en un marco de ilegalidad o por lo menos de estridente irregularidad.
El artículo 129 establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Ésta parte del texto es la que el Ejército quiere que se cambie para quedar protegido si el Ejecutivo federal ha decidido no hacer uso de una de sus atribuciones para decretar la Suspensión de Garantías, contemplada en el artículo 29 constitucional en caso de desorden grave de la paz y seguridad interior.
Galván no he cedido y continúa reuniéndose con legisladores federales para cabildear apoyos a la acción armada, sin que ello signifique que se pueda señalar a los militares por abusos y violaciones a los derechos humanos en el marco de las operaciones contra el narcotráfico.
Pero el verdadero trasfondo de los cambios que se darán en los próximos días el texto de la LSN, tiene como aspecto central del cabildeo castrense el dejar intocado al Fuero Militar o Fuero de Guerra, que sigue vigente en México y es utilizado principalmente para dos fines: evitar que los militares que cometan delitos sean juzgados en el fuero civil, y para que los militares puedan actuar contra civiles que hayan cometido algún delito o se vean involucrados en actos que lesionen al personal de las fuerzas armadas.
Va una cosa a cambio de la otra. Esa es la apuesta y la intención de la cúpula militar en un cabildeo de cara a la etapa del cierre de sexenio, donde se espera que haya un recrudecimiento de las acciones contra los cárteles de la droga para evitar que la presión política de los Estados Unidos termine traduciéndose en el preámbulo de una intervención directa, aunque limitada, para poner orden a la dislocada lucha contra el crimen organizado contra la cual el régimen de Felipe Calderón poco o nada ha podido hacer.
La violencia ejercida por los cárteles de la droga en la zona norte del país y que se ha extendido a otros puntos cada vez más cercanos al Distrito federal, como Cuernavaca o en municipios del Estado de México, ha dejado heridas profundas en puntos como Ciudad Juárez en donde más de 100 mil viviendas y negocios han sido abandonados en los últimos tres años y medio por sus habitantes como resultado del clima de inseguridad e ingobernabilidad existente.
Focos rojos.
En este contexto, la Sedena ubica “dos focos rojos” en los estados de Tamaulipas y en la confluencia de Morelos y Guerrero.
En el primero la guerra se ha recrudecido a raíz del rompimiento entre el Cartel del Golfo (CDG) y los Zetas (ahora La Empresa), lo que ha convertido al sur de esa entidad en un vasto campo de batalla que la gente de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera e Ignacio Coronel buscan controlar.
El segundo foco rojo descrito por el General Guillermo Galván a diputados federales el miércoles 7 de abril está en el corredor que une a Guerrero y Morelos, entidades cuyo control pelean Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, Héctor Beltrán Leyva –hermano de Arturo Beltrán Leyva–, Sergio Barragán Villarreal, El Grande”, y una facción de los Zetas.
En este complicado marco, el Ejército Mexicano ha visto disminuir sensiblemente los niveles de aprobación de la sociedad a su actuación. La encuesta más reciente de a empresa Parametría, difundida el martes 6 de abril revela que “los mexicanos están cada vez más dispuestos a soportar el narcotráfico con tal de que disminuyan los niveles de violencia en el país.”
Por primera ocasión desde junio de 2008, fueron más los ciudadanos que manifestaron estar a favor de consentir “algo de narcotráfico” si esta condición logra un decremento en la violencia cotidiana producto de la guerra del Gobierno federal contra la delincuencia organizada, indica el sondeo de Parametría.
Por si fuera poco, la percepción ciudadana en torno a quién va ganando la guerra contra las drogas ubica a los cárteles a la cabeza de la guerra frontal iniciada en el sexenio del presidente Calderón.
Cambios urgentes.
El texto original enviado por la Presidencia de la República al Senado indicaba, entre otros aspectos, que correspondería a los gobernadores o a los alcaldes de las entidades o municipios informarle al Consejo de Seguridad Nacional sobre la situación de Riesgos y Amenazas detectados en determinada ciudad, municipio, entidad o región.
Las situaciones descritas deben ser graves y colocar en entredicho la seguridad interior para ser consideradas como escenarios de Amenaza y Riesgo para ameritar la intervención de la Federación, en un esquema que prevé la participación de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales de derechos humanos para que supervisen la intervención de las fuerzas armadas en los operativos antinarco.
Entre los objetivos alternos de la propuesta presidencial figura también el replanteamiento de los conceptos de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior, así como la definición precisa sobre aquellos fenómenos y situaciones que serán consideradas como Amenaza y Riesgo para la seguridad del país.
El Senado y la Presidencia determinarían las atribuciones de militares y policías federales en cada caso específico, así como el estado de fuerza a desplegar y el lapso que durarían los operativos policíaco-militares, que originalmente sería de 18 meses como máximo. No obstante, este plazo podría extenderse según las condiciones del escenario en donde se solicite la presencia policíaco-militar pero nunca sería por tiempo indefinido.
Una vez recibida la documentación en el Senado, los legisladores de dicha cámara tendrían hasta 48 horas de plazo para decretar, a solicitud del mandatario estatal o municipal, el Estado de Excepción.
El jueves 8 de abril, el pleno del Senado aprobó en lo general la minuta para modificar la Constitución a fin de fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de mexicanos y extranjeros, incluso durante una “eventual Declaratoria de Estado de Emergencia”.
El panorama de la lucha contra el narcotráfico en México se complica de nuevo, ahora desde el ámbito jurídico y legislativo en donde las posibles modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que buscan delimitar y precisar las atribuciones exactas de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, también podrían permitir la aplicación del Estado de Excepción y la Suspensión de Garantías para que el Ejército combata con mayor eficacia a los cárteles de la droga.
Pese a que en el Senado de la República circula desde el pasado viernes un borrador con una versión en la que se garantizaría que la solicitud de gobernadores a esa cámara para que los militares intervengan en sus entidades una vez que se demuestre el Riesgo o la Amenaza para la seguridad interior en determinado estado, lo cierto es que el tema es motivo de negociaciones y puntos de vista dispares.
Un sector de la bancada perredista en el Senado se niega a permitir la aprobación de la propuesta presidencial, porque ello significaría dejar la puerta abierta para que en México ocurra un Golpe Militar, una asonada “con la ley en la mano”, según nos ha dicho el Senador del partido del Sol Azteca, Tomás Torres mercado.
A la par del jaloneo que ha desatado la propuesta para reformar la LSN, se ha dado también una serie de presiones del alto mando de la Secretaría de la defensa Nacional (SEDENA), el General Guillermo Galván, quien, como lo hemos venido señalando, está muy activo reuniéndose con diputados y senadores para empujar no solo cambios en materia de Seguridad Nacional, sino también a nivel constitucional.
Su intención es lograr cambios al artículo 129 de la Constitución, para que la presencia de las tropas en las calles, más allá de los cuarteles, no siga dándose en un marco de ilegalidad o por lo menos de estridente irregularidad.
El artículo 129 establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Ésta parte del texto es la que el Ejército quiere que se cambie para quedar protegido si el Ejecutivo federal ha decidido no hacer uso de una de sus atribuciones para decretar la Suspensión de Garantías, contemplada en el artículo 29 constitucional en caso de desorden grave de la paz y seguridad interior.
Galván no he cedido y continúa reuniéndose con legisladores federales para cabildear apoyos a la acción armada, sin que ello signifique que se pueda señalar a los militares por abusos y violaciones a los derechos humanos en el marco de las operaciones contra el narcotráfico.
Pero el verdadero trasfondo de los cambios que se darán en los próximos días el texto de la LSN, tiene como aspecto central del cabildeo castrense el dejar intocado al Fuero Militar o Fuero de Guerra, que sigue vigente en México y es utilizado principalmente para dos fines: evitar que los militares que cometan delitos sean juzgados en el fuero civil, y para que los militares puedan actuar contra civiles que hayan cometido algún delito o se vean involucrados en actos que lesionen al personal de las fuerzas armadas.
Va una cosa a cambio de la otra. Esa es la apuesta y la intención de la cúpula militar en un cabildeo de cara a la etapa del cierre de sexenio, donde se espera que haya un recrudecimiento de las acciones contra los cárteles de la droga para evitar que la presión política de los Estados Unidos termine traduciéndose en el preámbulo de una intervención directa, aunque limitada, para poner orden a la dislocada lucha contra el crimen organizado contra la cual el régimen de Felipe Calderón poco o nada ha podido hacer.
La violencia ejercida por los cárteles de la droga en la zona norte del país y que se ha extendido a otros puntos cada vez más cercanos al Distrito federal, como Cuernavaca o en municipios del Estado de México, ha dejado heridas profundas en puntos como Ciudad Juárez en donde más de 100 mil viviendas y negocios han sido abandonados en los últimos tres años y medio por sus habitantes como resultado del clima de inseguridad e ingobernabilidad existente.
Focos rojos.
En este contexto, la Sedena ubica “dos focos rojos” en los estados de Tamaulipas y en la confluencia de Morelos y Guerrero.
En el primero la guerra se ha recrudecido a raíz del rompimiento entre el Cartel del Golfo (CDG) y los Zetas (ahora La Empresa), lo que ha convertido al sur de esa entidad en un vasto campo de batalla que la gente de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera e Ignacio Coronel buscan controlar.
El segundo foco rojo descrito por el General Guillermo Galván a diputados federales el miércoles 7 de abril está en el corredor que une a Guerrero y Morelos, entidades cuyo control pelean Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, Héctor Beltrán Leyva –hermano de Arturo Beltrán Leyva–, Sergio Barragán Villarreal, El Grande”, y una facción de los Zetas.
En este complicado marco, el Ejército Mexicano ha visto disminuir sensiblemente los niveles de aprobación de la sociedad a su actuación. La encuesta más reciente de a empresa Parametría, difundida el martes 6 de abril revela que “los mexicanos están cada vez más dispuestos a soportar el narcotráfico con tal de que disminuyan los niveles de violencia en el país.”
Por primera ocasión desde junio de 2008, fueron más los ciudadanos que manifestaron estar a favor de consentir “algo de narcotráfico” si esta condición logra un decremento en la violencia cotidiana producto de la guerra del Gobierno federal contra la delincuencia organizada, indica el sondeo de Parametría.
Por si fuera poco, la percepción ciudadana en torno a quién va ganando la guerra contra las drogas ubica a los cárteles a la cabeza de la guerra frontal iniciada en el sexenio del presidente Calderón.
Cambios urgentes.
El texto original enviado por la Presidencia de la República al Senado indicaba, entre otros aspectos, que correspondería a los gobernadores o a los alcaldes de las entidades o municipios informarle al Consejo de Seguridad Nacional sobre la situación de Riesgos y Amenazas detectados en determinada ciudad, municipio, entidad o región.
Las situaciones descritas deben ser graves y colocar en entredicho la seguridad interior para ser consideradas como escenarios de Amenaza y Riesgo para ameritar la intervención de la Federación, en un esquema que prevé la participación de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales de derechos humanos para que supervisen la intervención de las fuerzas armadas en los operativos antinarco.
Entre los objetivos alternos de la propuesta presidencial figura también el replanteamiento de los conceptos de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior, así como la definición precisa sobre aquellos fenómenos y situaciones que serán consideradas como Amenaza y Riesgo para la seguridad del país.
El Senado y la Presidencia determinarían las atribuciones de militares y policías federales en cada caso específico, así como el estado de fuerza a desplegar y el lapso que durarían los operativos policíaco-militares, que originalmente sería de 18 meses como máximo. No obstante, este plazo podría extenderse según las condiciones del escenario en donde se solicite la presencia policíaco-militar pero nunca sería por tiempo indefinido.
Una vez recibida la documentación en el Senado, los legisladores de dicha cámara tendrían hasta 48 horas de plazo para decretar, a solicitud del mandatario estatal o municipal, el Estado de Excepción.
El jueves 8 de abril, el pleno del Senado aprobó en lo general la minuta para modificar la Constitución a fin de fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de mexicanos y extranjeros, incluso durante una “eventual Declaratoria de Estado de Emergencia”.
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