David Aponte / Contraflujo
Cuernavaca dejó de ser la ciudad de la eterna primavera. Hoy es una urbe que vive un largo invierno de violencia, miedo, amenazas, psicosis y falta de garantías para sus habitantes. La capital de Morelos tiene ahora un paisaje muy semejante a los que se pueden observar en algunas grandes ciudades del norte del país, que por mucho tiempo permitieron el asentamiento y control territorial de los grupos del crimen organizado: balaceras en la vía pública, persecuciones de criminales, ejecuciones, cuerpos destazados en las calles, personas colgadas en los puentes y correos electrónicos con mensajes que aterrorizan y paralizan a las autoridades y obligan al encierro de la sociedad. Hay un elemento adicional, un fenómeno que también padecieron los estados norteños: mensajes anónimos para amedrentar a los periodistas.
Hoy vemos en Cuernavaca la misma narrativa que en los estados del norte, con un gobernador panista, Marco Antonio Adame Castillo, encerrado en sus oficinas. ¿Cuál es el registro de los casos norteños? Primero el control de la zona, los cuerpos policíacos locales y, posteriormente, la censura y la agonía del periodismo. Lo distintivo del caso Morelos es que la capital del estado se encuentra a 70 kilómetros del centro de los poderes federales de México, del sitio donde despacha el presidente de la República, los legisladores federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué ha ocurrido con los periodistas? ¿Cuáles son los amagos que se han hecho? A principios de la semana pasada, comenzó a circular un correo electrónico – similar al mensaje que paralizó la ciudad con amenazas de enfrentamientos armados en las calles-, para lanzar injurias e intimidaciones a los corresponsales y reporteros que trabajan en Morelos. El caso ha movilizado a algunos comunicadores y a una organización no gubernamental, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., que ha enviado una alerta, una comunicación, a la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, Cencos y Reporteros sin Fronteras.
La organización, con sede en Cuernavaca, explicó en la carta que tuvo conocimiento del correo electrónico enviado el 19 de abril, que contiene amenazas de muerte contra una veintena de periodistas:
“Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación mencionados en el escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, éstas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado, que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el cartel del Pacífico Sur), en el más completo abandono de responsabilidades legales por parte del gobierno del Estado, que, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbada”.
En forma paralela, dos periodistas han acudido a la Procuraduría General de Justicia de Morelos para presentar denuncias por injurias y amenazas. Las autoridades iniciaron una “carpeta de investigación”, de acuerdo con un reportero consultado por este espacio.
“Consideramos que es obligación del Estado mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aun cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad”, argumentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
La organización pidió en su escrito que las instituciones de defensa de los derechos humanos y las autoridades estatales y federales tomen las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión y la integridad del ejercicio periodístico de los reporteros de Morelos.
Las denuncias, de la organización y de los dos periodistas, deben ser atendidas, para evitar que la violencia siga escalando en Cuernavaca, en la ciudad del largo invierno, y para cerrar la puerta a la autocensura, para bloquear cualquier posibilidad de réplica de los actos que ocurren en otros estados del país.
Cuernavaca dejó de ser la ciudad de la eterna primavera. Hoy es una urbe que vive un largo invierno de violencia, miedo, amenazas, psicosis y falta de garantías para sus habitantes. La capital de Morelos tiene ahora un paisaje muy semejante a los que se pueden observar en algunas grandes ciudades del norte del país, que por mucho tiempo permitieron el asentamiento y control territorial de los grupos del crimen organizado: balaceras en la vía pública, persecuciones de criminales, ejecuciones, cuerpos destazados en las calles, personas colgadas en los puentes y correos electrónicos con mensajes que aterrorizan y paralizan a las autoridades y obligan al encierro de la sociedad. Hay un elemento adicional, un fenómeno que también padecieron los estados norteños: mensajes anónimos para amedrentar a los periodistas.
Hoy vemos en Cuernavaca la misma narrativa que en los estados del norte, con un gobernador panista, Marco Antonio Adame Castillo, encerrado en sus oficinas. ¿Cuál es el registro de los casos norteños? Primero el control de la zona, los cuerpos policíacos locales y, posteriormente, la censura y la agonía del periodismo. Lo distintivo del caso Morelos es que la capital del estado se encuentra a 70 kilómetros del centro de los poderes federales de México, del sitio donde despacha el presidente de la República, los legisladores federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué ha ocurrido con los periodistas? ¿Cuáles son los amagos que se han hecho? A principios de la semana pasada, comenzó a circular un correo electrónico – similar al mensaje que paralizó la ciudad con amenazas de enfrentamientos armados en las calles-, para lanzar injurias e intimidaciones a los corresponsales y reporteros que trabajan en Morelos. El caso ha movilizado a algunos comunicadores y a una organización no gubernamental, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., que ha enviado una alerta, una comunicación, a la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, Cencos y Reporteros sin Fronteras.
La organización, con sede en Cuernavaca, explicó en la carta que tuvo conocimiento del correo electrónico enviado el 19 de abril, que contiene amenazas de muerte contra una veintena de periodistas:
“Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación mencionados en el escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, éstas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado, que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el cartel del Pacífico Sur), en el más completo abandono de responsabilidades legales por parte del gobierno del Estado, que, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbada”.
En forma paralela, dos periodistas han acudido a la Procuraduría General de Justicia de Morelos para presentar denuncias por injurias y amenazas. Las autoridades iniciaron una “carpeta de investigación”, de acuerdo con un reportero consultado por este espacio.
“Consideramos que es obligación del Estado mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aun cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad”, argumentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
La organización pidió en su escrito que las instituciones de defensa de los derechos humanos y las autoridades estatales y federales tomen las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión y la integridad del ejercicio periodístico de los reporteros de Morelos.
Las denuncias, de la organización y de los dos periodistas, deben ser atendidas, para evitar que la violencia siga escalando en Cuernavaca, en la ciudad del largo invierno, y para cerrar la puerta a la autocensura, para bloquear cualquier posibilidad de réplica de los actos que ocurren en otros estados del país.
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