Raúl Trejo Delarbre
Anteanoche, mientras hacía una brillante crítica a la indolencia de los senadores durante la presentación del libro La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa acababa de recibir una noticia buena y otra mala. El Tribunal Colegiado de Circuito que revisó una demanda cuyo desahogo se ha prolongado durante ya más de cinco años, exoneró de manera definitiva al autor de la columna política más leída en el país. Pero, al mismo tiempo, fue ratificada la condena por presunto daño moral en contra de Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.
Ese libro, publicado en mayo de 2004, desató la cólera de Gerardo Sosa Castelán, el político priista que creó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo un cacicazgo que todavía ejerce en esa institución educativa y que lo ha llevado a posiciones legislativas. El título de esa investigación, que alude a las prácticas mafiosas que en numerosos sitios se le han atribuido a Sosa Castelán, no es exageración. Dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios a fines de los años 70, Sosa ha sido rector de la UAEH, titular de su patronato, factor de poder e influencia en esa entidad, así como diputado federal.
Los orígenes de esa influencia son descritos con crudeza por Rivera Flores: “Estudiante sin brillo, líder por la fuerza de su carácter y la certeza de sus puños, hábil para crear alianzas, bronco comandante de sus subordinados, enemigo temible, se hizo dirigente estudiantil y desde el cargo inventó una nueva FEUH. Utilizó a los estudiantes, protegió a los vándalos, amedrentó a los profesores, propició enfrentamientos y terror, cimentó su fuero sobre la fuerza de los golpes y de las armas. Todo con un fin: tener el poder”.
A describir esa trayectoria, así como el contexto de una Universidad sometida al clientelismo y los caprichos políticos, está dedicado el libro de Rivera Flores. Apenas apareció, Sosa Castelán se querelló judicialmente alegando que esa publicación le causaba daño moral. Pero no demandó únicamente al autor. También acusó a Miguel Ángel Granados Chapa por haber escrito el prólogo, un preciso texto de 5 páginas en donde se esboza más el perfil tenaz de Rivera Flores que la personalidad oscura de Sosa Castelán. Granados Chapa ha escrito, pero no en ese libro sino en su columna política, juicios severísimos y apuntalados en hechos comprobables acerca del desempeño público de Sosa Castelán.
La demanda judicial incluyó al editor del libro Miguel Ángel Porrúa, al diseñador Enrique Garnica Ortega, a la empresa Libraria S.A. en donde se hizo la tipografía e incluso al fotógrafo Héctor Rubio que tomó la gráfica de Sosa Castelán que aparece en la portada. Tan desusada demanda ha transitado de una instancia judicial a otra. Los acusados han podido enfrentar ese largo recorrido, salpicado de episodios tortuosos e incluso vejatorios, gracias a la inteligente defensa de la abogada Perla Gómez Gallardo del grupo Libertad de Información – México, A.C., LIMAC.
Esa abogada ha explicado que la resolución que tomó el miércoles el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito al ratificar la sentencia del Juez 29 de lo Civil en el DF será recurrida, incluso en tribunales internacionales. La decisión judicial que confirma la inocencia de Granados Chapa, Porrúa, Garnica y Rubio, es importante. Pero lo será más evitar que al autor de un libro se le condene por hacer una crítica abierta, sin duda severa pero documentada, a un personaje público que, por añadidura, finca parte de su poder en la intimidación.
La sentencia del juez 29 padeció notorias irregularidades como la transcripción errónea de los nombres de los codemandados y de los párrafos del libro que supuestamente dañan moralmente a Sosa Castelán. Lo que ha dañado, o definido la fama pública de ese personaje, es su propio comportamiento público. Las que se encuentran en el libro de Rivera Flores no son las únicas denuncias documentadas contra él.
Basta buscar el nombre Sosa Castelán junto a la palabra “corrupción” para encontrar más de un millar de referencias en Internet. Ese descrédito no le ha impedido mantener el control sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya secretaría general Sosa Castelán volvió a ocupar el 17 de marzo pasado solamente para manejar desde allí la designación de un nuevo rector. El miércoles 24 fue designado para ese cargo el médico Humberto Veras, ex secretario general, en un proceso con abundantes irregularidades. Ese mismo día, Sosa Castelán pasó a encabezar el Patronato de la Universidad.
Desde esas posiciones de mando universitario, no solamente se ha promovido la carrera política de Sosa Castelán. Además se han dispuesto represalias contra profesores y trabajadores que la burocracia universitaria considera afines a los adversarios políticos de ese personaje. Entre los afectados por esa persecución política se encuentran varios amigos y al menos un familiar de Miguel Ángel Granados Chapa.
La desfachatez y las revanchas del grupo que controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuyos dirigentes brincan de uno a otro cargo, se deben al temor que acalla casi cualquier expresión disidente y que es propiciado con acciones como la demanda judicial contra Rivera Flores y sus coacusados. Pero esa mezcla de arbitrariedad e impunidad también se origina en el respaldo que Gerardo Sosa y su grupo siguen encontrando en los gobernantes de dicha entidad.
Contra las costumbres del amedrentamiento y las coerciones en Hidalgo, el testimonio publicado por Alfredo Rivera Flores es un documento cuya circulación no debiera ser atajada. Una sanción judicial contra ese autor sería un agravio a la libertad de expresión en nuestro país.
Anteanoche, mientras hacía una brillante crítica a la indolencia de los senadores durante la presentación del libro La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa acababa de recibir una noticia buena y otra mala. El Tribunal Colegiado de Circuito que revisó una demanda cuyo desahogo se ha prolongado durante ya más de cinco años, exoneró de manera definitiva al autor de la columna política más leída en el país. Pero, al mismo tiempo, fue ratificada la condena por presunto daño moral en contra de Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.
Ese libro, publicado en mayo de 2004, desató la cólera de Gerardo Sosa Castelán, el político priista que creó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo un cacicazgo que todavía ejerce en esa institución educativa y que lo ha llevado a posiciones legislativas. El título de esa investigación, que alude a las prácticas mafiosas que en numerosos sitios se le han atribuido a Sosa Castelán, no es exageración. Dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios a fines de los años 70, Sosa ha sido rector de la UAEH, titular de su patronato, factor de poder e influencia en esa entidad, así como diputado federal.
Los orígenes de esa influencia son descritos con crudeza por Rivera Flores: “Estudiante sin brillo, líder por la fuerza de su carácter y la certeza de sus puños, hábil para crear alianzas, bronco comandante de sus subordinados, enemigo temible, se hizo dirigente estudiantil y desde el cargo inventó una nueva FEUH. Utilizó a los estudiantes, protegió a los vándalos, amedrentó a los profesores, propició enfrentamientos y terror, cimentó su fuero sobre la fuerza de los golpes y de las armas. Todo con un fin: tener el poder”.
A describir esa trayectoria, así como el contexto de una Universidad sometida al clientelismo y los caprichos políticos, está dedicado el libro de Rivera Flores. Apenas apareció, Sosa Castelán se querelló judicialmente alegando que esa publicación le causaba daño moral. Pero no demandó únicamente al autor. También acusó a Miguel Ángel Granados Chapa por haber escrito el prólogo, un preciso texto de 5 páginas en donde se esboza más el perfil tenaz de Rivera Flores que la personalidad oscura de Sosa Castelán. Granados Chapa ha escrito, pero no en ese libro sino en su columna política, juicios severísimos y apuntalados en hechos comprobables acerca del desempeño público de Sosa Castelán.
La demanda judicial incluyó al editor del libro Miguel Ángel Porrúa, al diseñador Enrique Garnica Ortega, a la empresa Libraria S.A. en donde se hizo la tipografía e incluso al fotógrafo Héctor Rubio que tomó la gráfica de Sosa Castelán que aparece en la portada. Tan desusada demanda ha transitado de una instancia judicial a otra. Los acusados han podido enfrentar ese largo recorrido, salpicado de episodios tortuosos e incluso vejatorios, gracias a la inteligente defensa de la abogada Perla Gómez Gallardo del grupo Libertad de Información – México, A.C., LIMAC.
Esa abogada ha explicado que la resolución que tomó el miércoles el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito al ratificar la sentencia del Juez 29 de lo Civil en el DF será recurrida, incluso en tribunales internacionales. La decisión judicial que confirma la inocencia de Granados Chapa, Porrúa, Garnica y Rubio, es importante. Pero lo será más evitar que al autor de un libro se le condene por hacer una crítica abierta, sin duda severa pero documentada, a un personaje público que, por añadidura, finca parte de su poder en la intimidación.
La sentencia del juez 29 padeció notorias irregularidades como la transcripción errónea de los nombres de los codemandados y de los párrafos del libro que supuestamente dañan moralmente a Sosa Castelán. Lo que ha dañado, o definido la fama pública de ese personaje, es su propio comportamiento público. Las que se encuentran en el libro de Rivera Flores no son las únicas denuncias documentadas contra él.
Basta buscar el nombre Sosa Castelán junto a la palabra “corrupción” para encontrar más de un millar de referencias en Internet. Ese descrédito no le ha impedido mantener el control sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya secretaría general Sosa Castelán volvió a ocupar el 17 de marzo pasado solamente para manejar desde allí la designación de un nuevo rector. El miércoles 24 fue designado para ese cargo el médico Humberto Veras, ex secretario general, en un proceso con abundantes irregularidades. Ese mismo día, Sosa Castelán pasó a encabezar el Patronato de la Universidad.
Desde esas posiciones de mando universitario, no solamente se ha promovido la carrera política de Sosa Castelán. Además se han dispuesto represalias contra profesores y trabajadores que la burocracia universitaria considera afines a los adversarios políticos de ese personaje. Entre los afectados por esa persecución política se encuentran varios amigos y al menos un familiar de Miguel Ángel Granados Chapa.
La desfachatez y las revanchas del grupo que controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuyos dirigentes brincan de uno a otro cargo, se deben al temor que acalla casi cualquier expresión disidente y que es propiciado con acciones como la demanda judicial contra Rivera Flores y sus coacusados. Pero esa mezcla de arbitrariedad e impunidad también se origina en el respaldo que Gerardo Sosa y su grupo siguen encontrando en los gobernantes de dicha entidad.
Contra las costumbres del amedrentamiento y las coerciones en Hidalgo, el testimonio publicado por Alfredo Rivera Flores es un documento cuya circulación no debiera ser atajada. Una sanción judicial contra ese autor sería un agravio a la libertad de expresión en nuestro país.
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