Teodoro Rentería Arróyave
Por los hechos nunca antes registrados en nuestro país: de que 8 periodistas hayan sido secuestrados en una sola ciudad, la fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, en un periodo de 14 días -uno fue muerto, dos más fueron liberados y cinco permanecen desaparecidos-, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a espaldas del pueblo, apoye la opacidad en la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos, resulta de especial relevancia el encuentro de la legisladora María Yolanda Valencia Vales, Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Atentados a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados con el gremio organizado.
Medios estadounidenses difundieron los hechos, sin que hasta el momento fuentes mexicanas confirmaran la alarmante información. Sólo se sabe que 8 periodistas mexicanos fueron secuestrados en Reynosa, Tamaulipas por bandas de narcotraficantes, dos de los cuales ya fueron liberados y uno más murió a causa de las torturas que recibió, los otros cuatro permanecen desaparecidos.
La “suprema” vuelve a las andadas al decidir “cerrar” los expedientes de la Procuraduría General de la República y con ello vulnerar los derechos humanos y avalar el estado de opacidad en el que vive la dependencia. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los cambios legales que permiten a la PGR limitar la entrega de información que le requiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, aunque se presuma violación de funcionarios en ese sentido.
De “hechos graves y sin precedentes en el hemisferio occidental” calificaron los medios extranjeros el multiplagio de comunicadores y explican que sus fuentes se abstuvieron de dar los nombres de las víctimas o denunciar su desaparición ante las autoridades, por temor a sufrir represalias y poner en peligro la vida de los cautivos.
Lo único que se sabe es el nombre del colega asesinado, Jorge Rábago Valdez de 49 años de edad, quien se desempeñaba como reportero del grupo radiofónico Radio Rey y de Reporteros en Red, quien fue plagiado el 19 de febrero tras salir de una fiesta, y posteriormente, el 1 de marzo, liberado y abandonado por los criminales en una carretera de Matamoros, Tamaulipas. Ingresó a un hospital de zona por un supuesto coma diabético, posteriormente se supo que tenía huellas de tortura y que fue amordazado. Falleció en el nosocomio.
De los otros dos periodistas secuestrados y finalmente puestos en libertad en Reynosa con heridas sólo se saben que pertenecen al Grupo Milenio.
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”, es decir a discreción de la dependencia del Ejecutivo federal. Entre los togados que traicionaron así al pueblo se cuentan a los dos de nuevo ingreso: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar,
Estamos de acuerdo con el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva cuando afirma que la Suprema levantó una barrera en contra de la sociedad en materia de acceso pleno a la justicia al fallar en favor de la PGR, al permitir que pueda limitar la entrega de información a la CNDH puesto que “se limita la posibilidad de transparencia, de apertura, de justicia de cara a la sociedad, pues representa un serio retroceso y una seria limitación al ejercicio de las libertades”.
Los focos de alarma deben de ser encendidos con la negación de la información, en el primer caso por el temor a la represalias, es decir, la batalla la están ganando los que tienen el objetivo común de vulnerar o mejor dicho cancelar las libertades de prensa y expresión y muchos más grave que el máximo tribunal de la nación avale la opacidad sobre todo en esa materia. Afortunadamente contamos con dos aliados estratégicos: las mencionadas comisiones, la Especial de la Cámara de Diputados y la Nacional de los Derechos Humanos.
Por los hechos nunca antes registrados en nuestro país: de que 8 periodistas hayan sido secuestrados en una sola ciudad, la fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, en un periodo de 14 días -uno fue muerto, dos más fueron liberados y cinco permanecen desaparecidos-, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a espaldas del pueblo, apoye la opacidad en la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos, resulta de especial relevancia el encuentro de la legisladora María Yolanda Valencia Vales, Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Atentados a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados con el gremio organizado.
Medios estadounidenses difundieron los hechos, sin que hasta el momento fuentes mexicanas confirmaran la alarmante información. Sólo se sabe que 8 periodistas mexicanos fueron secuestrados en Reynosa, Tamaulipas por bandas de narcotraficantes, dos de los cuales ya fueron liberados y uno más murió a causa de las torturas que recibió, los otros cuatro permanecen desaparecidos.
La “suprema” vuelve a las andadas al decidir “cerrar” los expedientes de la Procuraduría General de la República y con ello vulnerar los derechos humanos y avalar el estado de opacidad en el que vive la dependencia. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los cambios legales que permiten a la PGR limitar la entrega de información que le requiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, aunque se presuma violación de funcionarios en ese sentido.
De “hechos graves y sin precedentes en el hemisferio occidental” calificaron los medios extranjeros el multiplagio de comunicadores y explican que sus fuentes se abstuvieron de dar los nombres de las víctimas o denunciar su desaparición ante las autoridades, por temor a sufrir represalias y poner en peligro la vida de los cautivos.
Lo único que se sabe es el nombre del colega asesinado, Jorge Rábago Valdez de 49 años de edad, quien se desempeñaba como reportero del grupo radiofónico Radio Rey y de Reporteros en Red, quien fue plagiado el 19 de febrero tras salir de una fiesta, y posteriormente, el 1 de marzo, liberado y abandonado por los criminales en una carretera de Matamoros, Tamaulipas. Ingresó a un hospital de zona por un supuesto coma diabético, posteriormente se supo que tenía huellas de tortura y que fue amordazado. Falleció en el nosocomio.
De los otros dos periodistas secuestrados y finalmente puestos en libertad en Reynosa con heridas sólo se saben que pertenecen al Grupo Milenio.
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”, es decir a discreción de la dependencia del Ejecutivo federal. Entre los togados que traicionaron así al pueblo se cuentan a los dos de nuevo ingreso: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar,
Estamos de acuerdo con el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva cuando afirma que la Suprema levantó una barrera en contra de la sociedad en materia de acceso pleno a la justicia al fallar en favor de la PGR, al permitir que pueda limitar la entrega de información a la CNDH puesto que “se limita la posibilidad de transparencia, de apertura, de justicia de cara a la sociedad, pues representa un serio retroceso y una seria limitación al ejercicio de las libertades”.
Los focos de alarma deben de ser encendidos con la negación de la información, en el primer caso por el temor a la represalias, es decir, la batalla la están ganando los que tienen el objetivo común de vulnerar o mejor dicho cancelar las libertades de prensa y expresión y muchos más grave que el máximo tribunal de la nación avale la opacidad sobre todo en esa materia. Afortunadamente contamos con dos aliados estratégicos: las mencionadas comisiones, la Especial de la Cámara de Diputados y la Nacional de los Derechos Humanos.
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