Jorge Carrasco Araizaga
El hartazgo de los habitantes de Ciudad Juárez por el tráfico de drogas, la complicidad gubernamental y la impunidad no son nada nuevo. Desde hace décadas, la presidencia municipal, las policías municipales y estatales y oficiales del Ejército eran identificados como parte del entramado delictivo en la ciudad.
Reportes del Departamento Confidencial, el antecedente más remoto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revelan que desde la década de los veinte las actividades de lo que ahora se conoce como delincuencia organizada tenían la protección e incluso eran dirigidas por autoridades civiles y militares.
La confabulación de los gobernantes con los delincuentes generó, como ahora, el enojo y temor de la ciudadanía, que no sólo era testigo de las actividades ilegales que se cometían en la frontera, sino también de cómo el gobierno federal permitía y fomentaba la impunidad.
Reportes del Departamento Confidencial, que forman parte del acervo del Fondo Gobernación del Archivo General de la Nación (AGN), dan cuenta de la manera en que operaban los delincuentes dedicados al tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, la falsificación de dólares, la trata de blancas y al regenteo de la prostitución en Ciudad Juárez, con la participación de mexicanos y extranjeros.
El caso más documentado es el del presidente municipal Agustín Gallo. Aunque era de nacionalidad estadunidense, fue “impuesto por la fuerza de las armas” como autoridad de esa ciudad, después de una asonada militar encabezada por el general Marcelo Caraveo, quien derrocó al gobernador Jesús Antonio Almeida en abril de 1927.
Entre los golpistas destaca José Borja Ramos, un conocido narcotraficante nacido también en Estados Unidos que después de la asonada fue nombrado coronel. Apodado El Chato, Borja Ramos fue designado por Gallo como recaudador e inspector del rastro de la ciudad, cargo que le permitió realizar abiertamente sus actividades delictivas.
La información acerca de la delincuencia en Ciudad Juárez durante los años veinte fue localizada por la investigadora María de los Ángeles Magdaleno –quien fue directora de Análisis Histórico de la desaparecida Femospp– en el fondo documental de la sección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, localizado en el AGN.
En uno de los reportes, elaborado por el “agente confidencial número 10” y fechado el 25 de mayo de 1928, se identifica a Samuel Sambli, de nacionalidad china, como la persona que, al amparo de las autoridades, controlaba el negocio de las drogas en Ciudad Juárez. En pago por la protección que recibía, financiaba campañas políticas.
El chino viajaba con frecuencia entre Chihuahua y las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. En Ciudad Juárez regenteaba El Casino, que funcionaba como centro de lavado de dinero mediante apuestas y especulación financiera. Dice el informe: Sambli “ha procurado atraerse a las autoridades por medio de gajes para que le puedan dejar en libertad sus negocios”.
En sus informes el agente identificaba a los militares que dieron cobertura y fomentaron la ilegalidad: se trataba del propio general Caraveo, jefe político y de operaciones militares en el estado de Chihuahua; el coronel José Borja Ramos, funcionario municipal, y el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza en Ciudad Juárez.
Abuelos del narco
El caso del coronel Borja Ramos es ilustrativo. Un oficio del Departamento Confidencial fechado el 15 de julio de 1929 confirma que el militar estaba identificado como un “conocido traficante de drogas heroicas” (derivadas de la heroína) y delincuente.
El documento consigna: “Nuestro consulado general en El Paso, Texas, en oficio 4142 del 5 del actual informa a esta Secretaría que… se ha permitido la entrada a nuestro país a José Borja Ramos (a) El Chato… individuo que, según antecedentes y pruebas en su contra, es un conocido traficante de drogas heroicas y responsable de varios delitos”.
Peor todavía, El Chato no sólo intervino en el asalto a la casa y derrocamiento del gobernador Almeida, sino que “hizo explotar una bomba junto al consulado de México en El Paso”. En la administración del general Caraveo se le permitió “en forma descarada y pública el tráfico de las drogas enervantes”.
Un poco antes, en su informe de mayo de 1928, el agente número 10 destacado en Ciudad Juárez se refirió a otro estadunidense que ejercía como autoridad y fomentaba la delincuencia: el presidente municipal Agustín Gallo.
Escribió el informante: “La actuación de las autoridades locales es motivo de censura por comerciantes y particulares honorables, quienes me han informado que desde hace tiempo esperaban que al tener conocimiento esa secretaría (de Gobernación) de los antecedentes del señor don Agustín Gallo, presidente municipal, y de la comprobación de su ciudadanía americana y comportamiento, fuera depuesto”.
El presidente municipal –que, en efecto, había nacido en Estados Unidos– contaba con el respaldo de los jefes políticos y militares tanto en Chihuahua como en Juárez, por lo que desestimó cualquier intervención de Gobernación. Sabía que las comunicaciones de esa dependencia en torno a la situación en Juárez y los señalamientos en su contra eran firmados por el oficial mayor, no por funcionarios de mayor jerarquía.
Una vez que las acusaciones contra el presidente municipal fueron desactivadas por sus protectores políticos, él y sus socios se dedicaron abiertamente a regentear negocios ilegales, entre ellos cantinas donde se consumían drogas y se ejercía la prostitución.
Era dueño de la cantina El Castillo, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y conocida popularmente como “el castillo eléctrico”, porque él, como autoridad, había prometido instalar ahí una planta de luz.
Entre sus socios estaban el jefe de la policía municipal, J. Jesús Sosa, así como el jefe de la Policía Judicial, Edmundo Herrera, quienes abrieron el Gambrinus Bar en la avenida Vicente Guerrero. El encargado de la cantina era Julio Manzano, protegido de Gallo.
El establecimiento contaba con un hotel anexo y, según el reporte, tenía “entradas privadas y escondites”; no pagaba impuestos al municipio y estaba vigilado por la policía “para que los parroquianos puedan disponer de facilidades que otros centros no tienen, por estar un poco retirado del centro de la población”.
En realidad, El Gambrinus era la alternativa que Gallo ofrecía a su clientela, pues aunque El Castillo tenía instalaciones lujosas, por encontrarse cerca del Puente Internacional “los parroquianos no fácilmente pueden gozar de impunidad en sus actos”, sobre todo al consumir drogas.
Como El Gambrinus permanecía abierto las 24 horas, el presidente municipal decía a sus clientes que cuando estuvieran alcoholizados o quisieran tomar drogas, podían acudir a este antro “donde serán despachados con seguridades, pudiendo tener alojamiento en caso de que el puente Internacional quede cerrado o se encuentren imposibilitados para regresar a territorio americano”.
Hoyo en la pared fronteriza
El alcalde Gallo contaba con poderosos protectores. Uno de ellos fue el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza. Juntos abrieron la cantina El Agujero en la Pared, ubicada en plena línea divisoria. Varios reportes resguardados en el AGN hacen constar que la operación de este negocio generó rechazo no sólo en Ciudad Juárez, sino en El Paso, Texas.
El agente de los servicios secretos, dependientes desde entonces de la Secretaría de Gobernación, recibió una orden desde la Ciudad de México para que investigara ese establecimiento. La razón: el diario El Continental, de El Paso, publicó en su edición del 23 de mayo de 1928 quejas de un empresario texano, quien demandaba la intervención del gobierno de Estados Unidos.
La nota periodística consignó: “El señor A. P. Coles, conocido hombre de negocios y agente de bienes raíces, declaró ayer que el gobierno federal (de Estados Unidos) debería tomar medidas inmediatas para impedir el tráfico en la línea internacional, al pie de la calle Eucalyptus, sitio frecuentado por los concurrentes a El Agujero en la Pared, establecimiento que el señor Coles considera como una ‘vil amenaza’ para la moral pública”.
El Agujero en la Pared también permanecía abierto día y noche. El inmueble que ocupaba se extendía, en efecto, hasta esa calle de El Paso. En su reporte el agente número 10 precisó: “Estando en Ciudad Juárez, sólo hay que atravesar el vado denominado El Cordobeño, y al encontrarse en la cantina a la siguiente calle ya está uno en territorio de Estados Unidos”.
El bar operaba con un prestanombres de Gallo, Manuel Munguía, y allí ocurrían “toda clase de actos inmorales y si es llegado el caso, hasta crímenes que pueden quedar impunes”.
Los hermanos Antonio y Enrique Fernández también fueron socios del presidente municipal. Además de que eran propietarios del Mint Bar, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, se dedicaron a la falsificación de dólares y fueron los principales negociantes de drogas heroicas en ese tiempo.
En este caso, el informe revela otra forma de impunidad, similar a la que hoy gozan miembros de la delincuencia organizada que son detenidos, pero dejados en libertad de inmediato.
En abril de 1928, consigna el reporte, la policía detuvo a Antonio Fernández y a otras personas que eran sus cómplices en la circulación de los dólares falsos. Además, comercializaba drogas y tenía un fumadero de opio.
“Fueron –se lee en el informe– conducidos a la Ciudad de México y… han regresado con absoluta libertad. La presidencia municipal sabe perfectamente que los Fernández han reanudado sus negocios de drogas, pero como por la cantina y demás concesiones recibe cantidades considerables, los Fernández no son molestados, conservando su buen entendimiento con la principal autoridad del lugar.”
En los documentos elaborados por el agente secreto se expresa el enojo –presente desde ese tiempo– de la población en general y de los empleados del municipio: “Si la vida comercial y moral de Ciudad Juárez ha sido en otros tiempos atacada por sus lacras administrativas, en la actualidad es más sensible por el control y el nepotismo del presidente municipal”.
Algunos empleados del ayuntamiento le confiaron al investigador que soportaban al presidente municipal “por la presión que ejerce y el apoyo que le presta el general Caraveo. Pero prácticamente, el señor Gallo es la autoridad municipal unitaria. Los habitantes se encuentran disgustados en alto grado por ser una personalidad impuesta por la fuerza de las armas”.
Agustín Gallo también controlaba a los elementos de la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy llamada Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde aquella época –al igual que ahora–, las quejas de la ciudadanía no se limitaban a los ámbitos municipal y estatal, sino que incluso alcanzaban al federal. En el expediente del AGN se documentan las denuncias en contra del doctor Antonio Dávalos, delegado sanitario federal, quien cobraba a las dueñas de las casas de citas a cambio de no hacer “los exámenes de rigor a las mujeres de la zona de tolerancia”. El pago también era para el presidente municipal.
Ante el alud de denuncias, la PGR abrió la averiguación previa 9/1928 contra Dávalos. Según la querella presentada por Antonio Martino, un comerciante que había invertido en la zona de tolerancia, la corrupción del empleado federal dio lugar al surgimiento de prostíbulos más allá de esa área.
Esos lugares surgieron “con tanta o más profusión que lo estaban cuando se tomó la medida radical de crear la referida zona, de manera que el mal que trató de remediarse sigue subsistiendo quizás en mayores proporciones”, sostuvo Martino. En el legajo no hay información acerca de los resultados de la instrucción judicial.
Reportaje publicado en la edición 1742 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
El hartazgo de los habitantes de Ciudad Juárez por el tráfico de drogas, la complicidad gubernamental y la impunidad no son nada nuevo. Desde hace décadas, la presidencia municipal, las policías municipales y estatales y oficiales del Ejército eran identificados como parte del entramado delictivo en la ciudad.
Reportes del Departamento Confidencial, el antecedente más remoto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revelan que desde la década de los veinte las actividades de lo que ahora se conoce como delincuencia organizada tenían la protección e incluso eran dirigidas por autoridades civiles y militares.
La confabulación de los gobernantes con los delincuentes generó, como ahora, el enojo y temor de la ciudadanía, que no sólo era testigo de las actividades ilegales que se cometían en la frontera, sino también de cómo el gobierno federal permitía y fomentaba la impunidad.
Reportes del Departamento Confidencial, que forman parte del acervo del Fondo Gobernación del Archivo General de la Nación (AGN), dan cuenta de la manera en que operaban los delincuentes dedicados al tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, la falsificación de dólares, la trata de blancas y al regenteo de la prostitución en Ciudad Juárez, con la participación de mexicanos y extranjeros.
El caso más documentado es el del presidente municipal Agustín Gallo. Aunque era de nacionalidad estadunidense, fue “impuesto por la fuerza de las armas” como autoridad de esa ciudad, después de una asonada militar encabezada por el general Marcelo Caraveo, quien derrocó al gobernador Jesús Antonio Almeida en abril de 1927.
Entre los golpistas destaca José Borja Ramos, un conocido narcotraficante nacido también en Estados Unidos que después de la asonada fue nombrado coronel. Apodado El Chato, Borja Ramos fue designado por Gallo como recaudador e inspector del rastro de la ciudad, cargo que le permitió realizar abiertamente sus actividades delictivas.
La información acerca de la delincuencia en Ciudad Juárez durante los años veinte fue localizada por la investigadora María de los Ángeles Magdaleno –quien fue directora de Análisis Histórico de la desaparecida Femospp– en el fondo documental de la sección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, localizado en el AGN.
En uno de los reportes, elaborado por el “agente confidencial número 10” y fechado el 25 de mayo de 1928, se identifica a Samuel Sambli, de nacionalidad china, como la persona que, al amparo de las autoridades, controlaba el negocio de las drogas en Ciudad Juárez. En pago por la protección que recibía, financiaba campañas políticas.
El chino viajaba con frecuencia entre Chihuahua y las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. En Ciudad Juárez regenteaba El Casino, que funcionaba como centro de lavado de dinero mediante apuestas y especulación financiera. Dice el informe: Sambli “ha procurado atraerse a las autoridades por medio de gajes para que le puedan dejar en libertad sus negocios”.
En sus informes el agente identificaba a los militares que dieron cobertura y fomentaron la ilegalidad: se trataba del propio general Caraveo, jefe político y de operaciones militares en el estado de Chihuahua; el coronel José Borja Ramos, funcionario municipal, y el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza en Ciudad Juárez.
Abuelos del narco
El caso del coronel Borja Ramos es ilustrativo. Un oficio del Departamento Confidencial fechado el 15 de julio de 1929 confirma que el militar estaba identificado como un “conocido traficante de drogas heroicas” (derivadas de la heroína) y delincuente.
El documento consigna: “Nuestro consulado general en El Paso, Texas, en oficio 4142 del 5 del actual informa a esta Secretaría que… se ha permitido la entrada a nuestro país a José Borja Ramos (a) El Chato… individuo que, según antecedentes y pruebas en su contra, es un conocido traficante de drogas heroicas y responsable de varios delitos”.
Peor todavía, El Chato no sólo intervino en el asalto a la casa y derrocamiento del gobernador Almeida, sino que “hizo explotar una bomba junto al consulado de México en El Paso”. En la administración del general Caraveo se le permitió “en forma descarada y pública el tráfico de las drogas enervantes”.
Un poco antes, en su informe de mayo de 1928, el agente número 10 destacado en Ciudad Juárez se refirió a otro estadunidense que ejercía como autoridad y fomentaba la delincuencia: el presidente municipal Agustín Gallo.
Escribió el informante: “La actuación de las autoridades locales es motivo de censura por comerciantes y particulares honorables, quienes me han informado que desde hace tiempo esperaban que al tener conocimiento esa secretaría (de Gobernación) de los antecedentes del señor don Agustín Gallo, presidente municipal, y de la comprobación de su ciudadanía americana y comportamiento, fuera depuesto”.
El presidente municipal –que, en efecto, había nacido en Estados Unidos– contaba con el respaldo de los jefes políticos y militares tanto en Chihuahua como en Juárez, por lo que desestimó cualquier intervención de Gobernación. Sabía que las comunicaciones de esa dependencia en torno a la situación en Juárez y los señalamientos en su contra eran firmados por el oficial mayor, no por funcionarios de mayor jerarquía.
Una vez que las acusaciones contra el presidente municipal fueron desactivadas por sus protectores políticos, él y sus socios se dedicaron abiertamente a regentear negocios ilegales, entre ellos cantinas donde se consumían drogas y se ejercía la prostitución.
Era dueño de la cantina El Castillo, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y conocida popularmente como “el castillo eléctrico”, porque él, como autoridad, había prometido instalar ahí una planta de luz.
Entre sus socios estaban el jefe de la policía municipal, J. Jesús Sosa, así como el jefe de la Policía Judicial, Edmundo Herrera, quienes abrieron el Gambrinus Bar en la avenida Vicente Guerrero. El encargado de la cantina era Julio Manzano, protegido de Gallo.
El establecimiento contaba con un hotel anexo y, según el reporte, tenía “entradas privadas y escondites”; no pagaba impuestos al municipio y estaba vigilado por la policía “para que los parroquianos puedan disponer de facilidades que otros centros no tienen, por estar un poco retirado del centro de la población”.
En realidad, El Gambrinus era la alternativa que Gallo ofrecía a su clientela, pues aunque El Castillo tenía instalaciones lujosas, por encontrarse cerca del Puente Internacional “los parroquianos no fácilmente pueden gozar de impunidad en sus actos”, sobre todo al consumir drogas.
Como El Gambrinus permanecía abierto las 24 horas, el presidente municipal decía a sus clientes que cuando estuvieran alcoholizados o quisieran tomar drogas, podían acudir a este antro “donde serán despachados con seguridades, pudiendo tener alojamiento en caso de que el puente Internacional quede cerrado o se encuentren imposibilitados para regresar a territorio americano”.
Hoyo en la pared fronteriza
El alcalde Gallo contaba con poderosos protectores. Uno de ellos fue el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza. Juntos abrieron la cantina El Agujero en la Pared, ubicada en plena línea divisoria. Varios reportes resguardados en el AGN hacen constar que la operación de este negocio generó rechazo no sólo en Ciudad Juárez, sino en El Paso, Texas.
El agente de los servicios secretos, dependientes desde entonces de la Secretaría de Gobernación, recibió una orden desde la Ciudad de México para que investigara ese establecimiento. La razón: el diario El Continental, de El Paso, publicó en su edición del 23 de mayo de 1928 quejas de un empresario texano, quien demandaba la intervención del gobierno de Estados Unidos.
La nota periodística consignó: “El señor A. P. Coles, conocido hombre de negocios y agente de bienes raíces, declaró ayer que el gobierno federal (de Estados Unidos) debería tomar medidas inmediatas para impedir el tráfico en la línea internacional, al pie de la calle Eucalyptus, sitio frecuentado por los concurrentes a El Agujero en la Pared, establecimiento que el señor Coles considera como una ‘vil amenaza’ para la moral pública”.
El Agujero en la Pared también permanecía abierto día y noche. El inmueble que ocupaba se extendía, en efecto, hasta esa calle de El Paso. En su reporte el agente número 10 precisó: “Estando en Ciudad Juárez, sólo hay que atravesar el vado denominado El Cordobeño, y al encontrarse en la cantina a la siguiente calle ya está uno en territorio de Estados Unidos”.
El bar operaba con un prestanombres de Gallo, Manuel Munguía, y allí ocurrían “toda clase de actos inmorales y si es llegado el caso, hasta crímenes que pueden quedar impunes”.
Los hermanos Antonio y Enrique Fernández también fueron socios del presidente municipal. Además de que eran propietarios del Mint Bar, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, se dedicaron a la falsificación de dólares y fueron los principales negociantes de drogas heroicas en ese tiempo.
En este caso, el informe revela otra forma de impunidad, similar a la que hoy gozan miembros de la delincuencia organizada que son detenidos, pero dejados en libertad de inmediato.
En abril de 1928, consigna el reporte, la policía detuvo a Antonio Fernández y a otras personas que eran sus cómplices en la circulación de los dólares falsos. Además, comercializaba drogas y tenía un fumadero de opio.
“Fueron –se lee en el informe– conducidos a la Ciudad de México y… han regresado con absoluta libertad. La presidencia municipal sabe perfectamente que los Fernández han reanudado sus negocios de drogas, pero como por la cantina y demás concesiones recibe cantidades considerables, los Fernández no son molestados, conservando su buen entendimiento con la principal autoridad del lugar.”
En los documentos elaborados por el agente secreto se expresa el enojo –presente desde ese tiempo– de la población en general y de los empleados del municipio: “Si la vida comercial y moral de Ciudad Juárez ha sido en otros tiempos atacada por sus lacras administrativas, en la actualidad es más sensible por el control y el nepotismo del presidente municipal”.
Algunos empleados del ayuntamiento le confiaron al investigador que soportaban al presidente municipal “por la presión que ejerce y el apoyo que le presta el general Caraveo. Pero prácticamente, el señor Gallo es la autoridad municipal unitaria. Los habitantes se encuentran disgustados en alto grado por ser una personalidad impuesta por la fuerza de las armas”.
Agustín Gallo también controlaba a los elementos de la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy llamada Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde aquella época –al igual que ahora–, las quejas de la ciudadanía no se limitaban a los ámbitos municipal y estatal, sino que incluso alcanzaban al federal. En el expediente del AGN se documentan las denuncias en contra del doctor Antonio Dávalos, delegado sanitario federal, quien cobraba a las dueñas de las casas de citas a cambio de no hacer “los exámenes de rigor a las mujeres de la zona de tolerancia”. El pago también era para el presidente municipal.
Ante el alud de denuncias, la PGR abrió la averiguación previa 9/1928 contra Dávalos. Según la querella presentada por Antonio Martino, un comerciante que había invertido en la zona de tolerancia, la corrupción del empleado federal dio lugar al surgimiento de prostíbulos más allá de esa área.
Esos lugares surgieron “con tanta o más profusión que lo estaban cuando se tomó la medida radical de crear la referida zona, de manera que el mal que trató de remediarse sigue subsistiendo quizás en mayores proporciones”, sostuvo Martino. En el legajo no hay información acerca de los resultados de la instrucción judicial.
Reportaje publicado en la edición 1742 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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