martes, marzo 30, 2010

Costo de la globalización para México

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

La manera en que la Comunidad Económica Europea decidió resolver las asimetrías -de todo tipo, pero fundamentalmente económicas- entre sus miembros y Grecia, para facilitar la inserción de esa nación al club de élite, debiera servir para inquietar a los líderes mexicanos, a efecto de que la distancia que hay entre México y sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte disminuya, se acorte, con el propósito de colocar a los tres países en pie de igualdad para recibir los beneficios del desarrollo.

El presupuesto anterior es un sueño guajiro. Canadá y Estados Unidos no quieren, no necesitan que México sea con ellos un socio igualitario, pues de otra manera la fuente de mano de obra barata se les acaba. Pensar en la realización de un acuerdo migratorio, es creer que los WASP irán en contra de sus propios intereses. ¿No fue Janet Napolitano, durante la administración Clinton, la que contrataba trabajadoras domésticas ilegales? Para el canon ideológico de los anglosajones, todos los nacidos al sur del Río Bravo continúan siendo “aliens”.

No debe azorarnos entonces que el costo de la globalización para países como México, sea siempre mayor al de los beneficios que se aspira a recibir, e ingenuamente los gobernantes creen que se van a compartir. De allí que la ONU y el gobierno estadounidense trabajen de la mano; por lo pronto, el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional, solicita de manera perentoria a México que elimine de su marco legal el arraigo -cuando dentro del proyecto de reforma penal constitucional y en acuerdo con los organismos internacionales de derechos humanos, se creó la figura del juez especializado en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones-, además de señalar a las autoridades nacionales el hecho de que la tortura persiste, y quejarse de que el fuero castrense prevalezca sobre la autoridad civil en el caso de violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares.

Todo indica que los avances en la reforma penal constitucional logrados hasta ahora, no son del agrado de quienes desde fuera del territorio mexicano la promovieron e impulsaron. Se trata entonces, como dice mi gurú en asuntos de índole política, de saber por qué en los últimos diez lustros nuestros gobernantes estuvieron mejor dispuestos a servir los intereses de Estados Unidos que las necesidades de los mexicanos, pues “… la máxima responsabilidad que puede pensarse humanamente llega a quien desafía y ayuda a que un pueblo despierte del semisueño y se abra a la esperanza enteramente, a la esperanza inmediata. Esperanza que es también hambre de siglos y hambre de todo, de pan -en casi todos los pueblos del planeta-, de vivir en forma activa y más personal; hambre de toda clase de bienes. Y el peor de los delitos sería especular con el hambre y con la esperanza de un pueblo”…, porque eso es lo que padece la nación: se especula con el futuro de México.

No es un aserto gratuito. Las asimetrías entre Estados Unidos y México por ser estructurales remiten a la conceptualización del poder y de la historia que tienen los dirigentes de ambas naciones.

Por ejemplo, Barack Obama designó a Alan Bersin responsable de la Operación Guardián, el nombrarlo como comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las opiniones sobre las características del nombrado son unánimes, pero las consecuencias de dicha designación son dispares. Hay quienes como Leonardo Curzio y Armand Peschard consideran que será uno de los funcionarios estadounidenses dispuestos a hacer la parte que le corresponde en materia de lucha contra el narcotráfico, porque está bien y porque en el marco de las políticas públicas diseñadas por el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, el señor Bersin es el adecuado para servir a los intereses de su país.

No ocurre lo mismo en el marco de las políticas públicas diseñadas en México para combatir al narcotráfico, contener sus efectos laterales -trata de personas, prostitución, secuestros, asaltos, tortura, ejecuciones, relación guerrilla-barones de la droga-, disminuir las consecuencias de tanta muerte y beneficiar a la sociedad de manera equivalente a la riqueza que consume ese esfuerzo. Este es el cambio que requiere la estrategia de la lucha contra la delincuencia organizada, que parece mejor diseñada para servir a los intereses estadounidenses que a los mexicanos, pero es uno de los costos de la globalización; otro sería el acuerdo migratorio, pero la Casa Blanca nunca estará dispuesta a pagarlo.

Entramos pues al terreno de las asimetrías en la conceptualización ideológica y política del desarrollo, pues México continúa siendo una sociedad cerrada, y mientras el presidente constitucional en funciones no comprenda que “para cuando se llega al poder, para que su ejercicio alcance plenamente el nivel moral, es necesario deshacerse del ensueño de sí mismo. Y entonces lo que se tiene que desprender es uno mismo. Se trata no de una objetivación, sino de algo mucho más difícil: de un desprendimiento”. Dentro del contexto iberoamericano sólo Adolfo Suárez y Patricio Aylwin lo comprendieron. Vicente Fox, a quien correspondió ese honor, lo renegó, lo pospuso, lo olvidó.

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