Álvaro Cepeda Neri
No sólo hay machismo de mexicanos contra mujeres en general indefensas, sino también machismo e impunidad judicial, como es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua y del gobierno federal. Por todo el país crece el abuso de hombres contra las mujeres (madres solteras, sexo servidoras, divorciadas, casadas y hasta en el noviazgo, etc.), a pesar de que éstas tienen ahora más recursos institucionales para contener esa violencia que arroja constantes homicidios.
Jueces, magistrados y hasta ministros (de las iglesias y de la Suprema Corte) por lo general actúan machistamente, para dejar en la indefensión total a quienes son víctimas de agresiones verbales y físicas, el dejar de entregarles la manutención de sus hijos y hasta dejar de cumplir con las sentencias que los obligarían a cubrir los gastos familiares.
Tenemos dos casos recientes. Uno es el de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de dizque “secuestrar” a seis policías federales quienes las atacaron salvajemente y querían robarles sus mercancías.
Cierto o no que las indígenas vendían productos “piratas” (que se venden por todo el país y, sin embargo, en la capital queretana los uniformados se pusieron muy legaloides), las acusan también de cometer el “delito” de incitar a los lugareños a organizarse para impedir que esa policía (amenazándolas con metralletas y con lujo de violencia) se llevara decomisados sus productos.
Para ellas, señaladas por los policías como las líderes, la PGR ha solicitado 40 años de prisión, mientras los delincuentes y aduaneros gozan de impunidad, dejando pasar el contrabando a cambio de sobornos.
Tenemos, también, el homicidio triple de dos menores y una mujer, que tuvo lugar en la ensangrentada ciudad municipal de Juárez, en Chihuahua (una especie de Iraq y Afganistán) en el 2001, sin que los funcionarios de esa entidad y mucho menos federales hayan atendido las denuncias haciendo caso omiso a las demandas de sus familiares.
Ninguna autoridad movió un dedo para aclarar los asesinatos, en el clima de violaciones sexuales y machismo que en Juárez ha llegado ya a la barbarie. Militares, policías, paramilitares y delincuentes se disputan a muerte el control de ese municipio, que ha cobrado la vida de inocentes hasta crear la máxima inseguridad.
En ambos casos, las cinco mujeres, de entre 5 o 6 mil homicidios de mexicanas a lo largo del país, fueron víctimas del machismo gubernamental, policíaco y judicial que es, con mucho, más grave, por el abuso del poder de los gobernantes, que el machismo de los delincuentes que comente esos crímenes.
Solamente hay declaraciones retóricas y es por eso que en el caso del triple homicidio, por las quejas formuladas por sus familiares ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, esta instancia condenó al gobierno calderonista por omisiones y obliga a Calderón para que públicamente reconozca su responsabilidad. Y en el caso de las indígenas no queda más camino que llevar la queja ante esa Corte, para librarlas del abuso del poder federal calderonista.
No sólo hay machismo de mexicanos contra mujeres en general indefensas, sino también machismo e impunidad judicial, como es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua y del gobierno federal. Por todo el país crece el abuso de hombres contra las mujeres (madres solteras, sexo servidoras, divorciadas, casadas y hasta en el noviazgo, etc.), a pesar de que éstas tienen ahora más recursos institucionales para contener esa violencia que arroja constantes homicidios.
Jueces, magistrados y hasta ministros (de las iglesias y de la Suprema Corte) por lo general actúan machistamente, para dejar en la indefensión total a quienes son víctimas de agresiones verbales y físicas, el dejar de entregarles la manutención de sus hijos y hasta dejar de cumplir con las sentencias que los obligarían a cubrir los gastos familiares.
Tenemos dos casos recientes. Uno es el de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de dizque “secuestrar” a seis policías federales quienes las atacaron salvajemente y querían robarles sus mercancías.
Cierto o no que las indígenas vendían productos “piratas” (que se venden por todo el país y, sin embargo, en la capital queretana los uniformados se pusieron muy legaloides), las acusan también de cometer el “delito” de incitar a los lugareños a organizarse para impedir que esa policía (amenazándolas con metralletas y con lujo de violencia) se llevara decomisados sus productos.
Para ellas, señaladas por los policías como las líderes, la PGR ha solicitado 40 años de prisión, mientras los delincuentes y aduaneros gozan de impunidad, dejando pasar el contrabando a cambio de sobornos.
Tenemos, también, el homicidio triple de dos menores y una mujer, que tuvo lugar en la ensangrentada ciudad municipal de Juárez, en Chihuahua (una especie de Iraq y Afganistán) en el 2001, sin que los funcionarios de esa entidad y mucho menos federales hayan atendido las denuncias haciendo caso omiso a las demandas de sus familiares.
Ninguna autoridad movió un dedo para aclarar los asesinatos, en el clima de violaciones sexuales y machismo que en Juárez ha llegado ya a la barbarie. Militares, policías, paramilitares y delincuentes se disputan a muerte el control de ese municipio, que ha cobrado la vida de inocentes hasta crear la máxima inseguridad.
En ambos casos, las cinco mujeres, de entre 5 o 6 mil homicidios de mexicanas a lo largo del país, fueron víctimas del machismo gubernamental, policíaco y judicial que es, con mucho, más grave, por el abuso del poder de los gobernantes, que el machismo de los delincuentes que comente esos crímenes.
Solamente hay declaraciones retóricas y es por eso que en el caso del triple homicidio, por las quejas formuladas por sus familiares ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, esta instancia condenó al gobierno calderonista por omisiones y obliga a Calderón para que públicamente reconozca su responsabilidad. Y en el caso de las indígenas no queda más camino que llevar la queja ante esa Corte, para librarlas del abuso del poder federal calderonista.
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