Miguel Ángel Granados Chapa
En medio de reiteradas agresiones gubernamentales a sindicatos estorbosos, los miembros de la Unión nacional de técnicos y profesionistas petroleros llegan con una buena noticia. Después de casi dos años de gestiones legales y una ardua lucha, consiguieron el registro formal de su agrupación. Tendrán por eso posibilidad de que Pemex suscriba con ellos un contrato colectivo, que abarque a los integrantes de su ramo. No habrá necesariamente contienda con el Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, que desde 1993 encabeza Carlos Romero Deschamps, sino que las dos organizaciones podrán legalmente coexistir. No es seguro que políticamente la convivencia sea pacífica, porque la Unión recién registrada es un contraejemplo que molestará a los líderes tradicionales del gremio petrolero.
Diversas generaciones de profesionales y técnicos al servicio de Pemex han emprendido varias veces, a lo largo de 40 años, diferentes tentativas para integrarse en una agrupación separada del sindicato que hasta ahora ha sido el titular exclusivo de las relaciones laborales con la empresa petrolera nacional. Dichos trabajadores, y más ampliamente los empleados de confianza, no se sienten representados por el sindicato oficial, o no pueden por la propia naturaleza de sus labores ser parte de él. En los años setenta consiguieron un grado de aglutinamiento considerable, pero a lo más que pudieron llegar fue a constituir una sección especial dentro de la estructura general del sindicato. Por su fragilidad, ya que había sido tolerada como una imposición del gobierno, dicha sección no perduró porque la calidad personal de sus integrantes conllevaba una conciencia social que no era bien vista y mucho menos compartida por los dirigentes nacionales del sindicato. Varias veces se intentó repetir el esfuerzo organizador, pero las autoridades laborales y la dirección de Pemex misma se unieron para impedir que tuviera éxito.
En marzo del año pasado comenzó el intento que ahora ha fructificado. En diciembre siguiente, hace un año, la Secretaría del Trabajo negó el registro correspondiente. Previamente desde la empresa se había buscado presionar y debilitar al naciente sindicato, sobre todo mediante despidos tendientes por un lado a intimidar a posibles integrantes de la agrupación y por otro para desmantelar la membresía. El caso del ingeniero Didier Marquina Cárdenas, líder de la Unión, ejemplifica esa práctica.
Funcionarios de Pemex buscaron disuadir a Marquina Cárdenas de continuar su tarea organizadora y de proselitismo. Ante su perseverancia, fue echado de su responsabilidad como supervisor técnico de la Coordinación de tecnologías de información en el complejo petroquímico de La Cangrejera. La policía privada de Pemex, es decir integrantes de sus Servicios especiales de seguridad física lo echaron literalmente a la calle en noviembre del año pasado. Pero en vez de conseguir su retiro de las tareas sindicales lo que lograron fue una mayor cohesión de sus compañeros en torno suyo. En julio pasado se resolvió a favor de la Unión el juicio de amparo iniciado en enero anterior para combatir la negativa del registro. Como si fueran sus adversarios, a los que se empeñó en derrotar, las autoridades del Trabajo acudieron a la revisión ante el decimocuarto tribunal del trabajo, que el 9 de diciembre confirmó la concesión del amparo y, por ende, la obligación de la renuente Secretaría del ramo a inscribir a la Unión en su registro de asociaciones. Lo hizo con pereza y sólo 12 días después entregó la constancia respectiva, precisamente cuando concluía el nuevo periodo de compra de voluntades emprendido por la propia Secretaría bajo el disfraz de indemnización (ya no tan) copeteada a los miembros del SME.
En el sindicato tradicional los petroleros no logran sacudirse las prácticas autoritarias y antidemocráticas que permite la perpetuación de los dirigentes seccionales y nacionales. Como ha venido haciéndolo desde 1997, el Centro de reflexión y acción laboral, de la asociación civil Fomento cultural y educativo a través de la cual cumple la Compañía de Jesús una importante tarea social, auspició una vez más la observación de elecciones sindicales, ahora en la sección 29 del sindicato. Un comité ad hoc en que participó Emilio Álvarez Icaza, que de ese modo retorna a la sociedad civil tras su desempeño en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, documentó las irregularidades, a las que en realidad habría que llamar regularidades, porque ocurren sistemáticamente, en el relevo del comité seccional. Además de agresiones e intimidación, laxitud en el uso del padrón y comprobación del quórum -todo lo cual es solapado por las autoridades del trabajo- el método de elección a mano alzada, en vez del sufragio secreto en urnas, hace imposible que la oposición pueda prosperar.
De ese modo, la única posibilidad real de una transformación del sindicato, o al menos la fractura de sus grupos de mando actuales, consiste en que deje de operar la coalición de intereses que permiten a Romero Deschamps uncir el gremio al gobierno. Hasta el golpe al quinismo, si bien bajo la autoridad informal de Joaquín Hernández Galicia, se turnaban la secretaría general los grupos dominantes en las secciones 1 de Ciudad Madero, 10 de Minatitlán y 30 de Poza Rica. Romero Deschamps se ha asegurado hasta 2012 un mando personal contrario a esa rotación. A ver por cuánto tiempo.
En medio de reiteradas agresiones gubernamentales a sindicatos estorbosos, los miembros de la Unión nacional de técnicos y profesionistas petroleros llegan con una buena noticia. Después de casi dos años de gestiones legales y una ardua lucha, consiguieron el registro formal de su agrupación. Tendrán por eso posibilidad de que Pemex suscriba con ellos un contrato colectivo, que abarque a los integrantes de su ramo. No habrá necesariamente contienda con el Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, que desde 1993 encabeza Carlos Romero Deschamps, sino que las dos organizaciones podrán legalmente coexistir. No es seguro que políticamente la convivencia sea pacífica, porque la Unión recién registrada es un contraejemplo que molestará a los líderes tradicionales del gremio petrolero.
Diversas generaciones de profesionales y técnicos al servicio de Pemex han emprendido varias veces, a lo largo de 40 años, diferentes tentativas para integrarse en una agrupación separada del sindicato que hasta ahora ha sido el titular exclusivo de las relaciones laborales con la empresa petrolera nacional. Dichos trabajadores, y más ampliamente los empleados de confianza, no se sienten representados por el sindicato oficial, o no pueden por la propia naturaleza de sus labores ser parte de él. En los años setenta consiguieron un grado de aglutinamiento considerable, pero a lo más que pudieron llegar fue a constituir una sección especial dentro de la estructura general del sindicato. Por su fragilidad, ya que había sido tolerada como una imposición del gobierno, dicha sección no perduró porque la calidad personal de sus integrantes conllevaba una conciencia social que no era bien vista y mucho menos compartida por los dirigentes nacionales del sindicato. Varias veces se intentó repetir el esfuerzo organizador, pero las autoridades laborales y la dirección de Pemex misma se unieron para impedir que tuviera éxito.
En marzo del año pasado comenzó el intento que ahora ha fructificado. En diciembre siguiente, hace un año, la Secretaría del Trabajo negó el registro correspondiente. Previamente desde la empresa se había buscado presionar y debilitar al naciente sindicato, sobre todo mediante despidos tendientes por un lado a intimidar a posibles integrantes de la agrupación y por otro para desmantelar la membresía. El caso del ingeniero Didier Marquina Cárdenas, líder de la Unión, ejemplifica esa práctica.
Funcionarios de Pemex buscaron disuadir a Marquina Cárdenas de continuar su tarea organizadora y de proselitismo. Ante su perseverancia, fue echado de su responsabilidad como supervisor técnico de la Coordinación de tecnologías de información en el complejo petroquímico de La Cangrejera. La policía privada de Pemex, es decir integrantes de sus Servicios especiales de seguridad física lo echaron literalmente a la calle en noviembre del año pasado. Pero en vez de conseguir su retiro de las tareas sindicales lo que lograron fue una mayor cohesión de sus compañeros en torno suyo. En julio pasado se resolvió a favor de la Unión el juicio de amparo iniciado en enero anterior para combatir la negativa del registro. Como si fueran sus adversarios, a los que se empeñó en derrotar, las autoridades del Trabajo acudieron a la revisión ante el decimocuarto tribunal del trabajo, que el 9 de diciembre confirmó la concesión del amparo y, por ende, la obligación de la renuente Secretaría del ramo a inscribir a la Unión en su registro de asociaciones. Lo hizo con pereza y sólo 12 días después entregó la constancia respectiva, precisamente cuando concluía el nuevo periodo de compra de voluntades emprendido por la propia Secretaría bajo el disfraz de indemnización (ya no tan) copeteada a los miembros del SME.
En el sindicato tradicional los petroleros no logran sacudirse las prácticas autoritarias y antidemocráticas que permite la perpetuación de los dirigentes seccionales y nacionales. Como ha venido haciéndolo desde 1997, el Centro de reflexión y acción laboral, de la asociación civil Fomento cultural y educativo a través de la cual cumple la Compañía de Jesús una importante tarea social, auspició una vez más la observación de elecciones sindicales, ahora en la sección 29 del sindicato. Un comité ad hoc en que participó Emilio Álvarez Icaza, que de ese modo retorna a la sociedad civil tras su desempeño en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, documentó las irregularidades, a las que en realidad habría que llamar regularidades, porque ocurren sistemáticamente, en el relevo del comité seccional. Además de agresiones e intimidación, laxitud en el uso del padrón y comprobación del quórum -todo lo cual es solapado por las autoridades del trabajo- el método de elección a mano alzada, en vez del sufragio secreto en urnas, hace imposible que la oposición pueda prosperar.
De ese modo, la única posibilidad real de una transformación del sindicato, o al menos la fractura de sus grupos de mando actuales, consiste en que deje de operar la coalición de intereses que permiten a Romero Deschamps uncir el gremio al gobierno. Hasta el golpe al quinismo, si bien bajo la autoridad informal de Joaquín Hernández Galicia, se turnaban la secretaría general los grupos dominantes en las secciones 1 de Ciudad Madero, 10 de Minatitlán y 30 de Poza Rica. Romero Deschamps se ha asegurado hasta 2012 un mando personal contrario a esa rotación. A ver por cuánto tiempo.
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