miércoles, noviembre 25, 2009

No de diputados a controversia por LyFC

La meta de firmas no fue alcanzada

Nadia Sanders / El Periódico


La Cámara de Diputados rechazó presentar la controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y la meta de 251 firmas que se requerían para presentar la controversia estuvo lejos de ser alcanzada.

Ayer había 132 firmas estampadas, la mayoría del PRD, PT y Convergencia en el documento resguardado en las oficinas de la Mesa Directiva. Tan sólo el PRD cuenta con 71 diputados y no todos habían firmado el acuerdo.

El diputado del PT, Jaime Cárdenas, presentó una propuesta con punto de acuerdo para debatir el tema ante el pleno, pero las bancadas mayoritarias evadieron el debate y determinaron que no era de urgente y obvia resolución con 298 votos en contra y 79 a favor.

El palacio de San Lázaro estuvo blindado por elementos de la PFP y durante más de 3 horas; nadie podía entrar ni salir de la sede de la Cámara.

El diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín habló en contra de debatir la controversia, toda vez que ya se había acordado que se definiría a través de la colecta de firmas.

El líder del SME, Martin Esparza, se presentó en las galerías del salón de plenos, acompañado de ex trabajadores de LyFC y les gritó “traidores” a los legisladores.

A pregunta expresa, dijo que la dirigente nacional del PRI y diputada federal, Beatriz Paredes, había cubierto al gobierno.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, también reconoció que el PRI les había estado tomando el pelo todo el tiempo al sugerir que podían ir con el acuerdo de la controversia constitucional.

DÍA 45

Movilizaciones pacíficas

El líder del SME, Martín Esparza, dijo que para ganar la lucha en contra de la extinción de LyFC, “no dependemos de los diputados, la controversia es una obligación de ellos”, por lo que anunció que continuarán las movilizaciones “como siempre de manera pacífica”.

Posponen audiencia

La juez Guillermina Coutiño Mata pospuso para el 10 de diciembre la audiencia donde se revisaría la parte constitucional de juicio de amparo promovido por el SME contra el decreto de extinción, debido a que las autoridades no rindieron su informe sobre el caso.

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