Miguel Ángel Granados Chapa
El decreto que dispuso la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro fijó el día de hoy como inicio del plazo de un mes para que los trabajadores que así lo deseen reciban la indemnización, ésa sí de privilegio, por la pérdida de su empleo. Pero quien la entregue y quien la obtenga incurrirán en una ilegalidad, porque las relaciones de trabajo subsisten y por ello no ha lugar a prestación alguna. Es que las relaciones laborales sólo pueden terminar después de un procedimiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no se ha iniciado o apenas está por comenzar. Y es que el decreto que inicia el procedimiento de liquidación no puede generar por sí mismo consecuencias laborales.
El artículo cuatro del decreto del 10 de octubre publicado el 11 en el Diario Oficial dispone que "se respetarán los derechos laborales de los trabajadores" de LyF y estipula, como no podría ser de otra manera, que las indemnizaciones se harán conforme al contrato colectivo y la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, por cierto, resultó infringido el domingo por los secretarios de Hacienda y del Trabajo quienes, al margen de esa disposición y sin ningún fundamento legal, gastarán hasta 4 mil millones de pesos en compensaciones adicionales no previstas en el contrato ni en la ley. Ésta, en cambio, fija un procedimiento para la terminación de las relaciones laborales.
Conforme al artículo 434 de dicha norma, son causas de tal terminación, entre otras, la fuerza mayor. El propio organismo, al que muchos se apresuran a calificar de ya extinto, cuando está apenas en curso su extinción, podría encaminar el asunto ante la junta laboral, porque "conserva su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a fin de que se cumplan las obligaciones del organismo frente a terceros", según lo estipula el decreto mencionado. Pero en una aplicación que no acata ese texto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el que "debe dar aviso, en su carácter de liquidador... a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dará vista a las partes de la existencia de esta causa de fuerza mayor para que en un plazo no mayor de quince días hábiles, pero con una antelación de diez días antes (sic) de que se pueda citar a las partes para esta audiencia, pueda escuchar lo que a su derecho corresponda... y con ello la Junta, después de escuchar a las partes en esta audiencia, resuelva entonces en consecuencia la terminación de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas".
Ha de esperarse entonces a que una autoridad laboral, la Junta Federal, determine que han concluido las relaciones colectivas, únicas a las que se aplica el caso de fuerza mayor. Un laudo de la Junta no puede afectar a los trabajadores de confianza regidos por contratos individuales, que en este caso sólo podrían terminar por la voluntad de las partes en un convenio sometido también a la autoridad laboral.
Las relaciones laborales, individuales o colectivas, no han terminado, pues. Por lo tanto, no puede comenzar hoy el pago de las indemnizaciones porque éstas sólo procederán cuando la Junta sentencie en tal sentido. Al gobierno, sin embargo, le urge iniciar el debilitamiento del sindicato, restándole miembros en el caso de los trabajadores sujetos al contrato colectivo, y por eso fijó este miércoles como fecha para un procedimiento que no podrá empezar legalmente sino hasta comienzos de noviembre, cerca del fin del plazo engañosamente fijado por las autoridades.
En esa prisa por minar la presión de los trabajadores, el gobierno está llegando al exceso. De creer en la denuncia formulada por Fernando Amezcua, secretario del exterior del comité central, a los domicilios de algunos trabajadores llegaron ayer cheques con el monto de la indemnización correspondiente, sin que ellos la hayan solicitado siquiera y cuando no ha comenzado el plazo estipulado por la propia autoridad. De ese modo arbitrario podrá hacerse un corte de caja ilusorio, este mismo día, cuando el SAE o el propio organismo en liquidación puedan ufanarse de su éxito al pagar las indemnizaciones. Seguramente habrá trabajadores, sindicalizados o de confianza, que acudan a recibirlas desde hoy, no obstante que los miembros del sindicato acordaron no hacerlo, y cuando se informe del número de personas se incluirá en él la cifra de los que recibieron el importe respectivo sin explicar a los familiares del destinatario de qué se trataba.
Otras denuncias formuló Amezcua que, de comprobarse, darán idea de que el gobierno, así como asaltó las instalaciones de LyF antes de emitir siquiera el decreto, no digamos antes de que surtiera efectos por su publicación, no se ha fijado límites para su actuación. De acuerdo con lo dicho por Amezcua, cuya posición oficial no está en entredicho porque fue reelegido el año pasado y no lo compromete la negativa a tomar nota de la elección de este año, un trabajador fue sacado de su casa por la fuerza y conducido por la Policía Federal a su puesto de trabajo a fin de que resolviera una dificultad técnica que los reemplazantes de la CFE no podían enfrentar. En el mismo orden, un funcionario de la propia Comisión Federal de Electricidad está ofreciendo 20 mil pesos a sindicalizados que accedan a sumarse a la fuerza de trabajo de emergencia -a que sean esquiroles, pues-, que no está cubriendo con solvencia su encomienda.
Cajón de Sastre
Murió a los 83 años, según el obituario, el abogado e ingeniero agrónomo Jesús Rodríguez y Rodríguez, que trabajó un prolongado trecho de su vida profesional al lado de Antonio Ortiz Mena, aunque su trayectoria en el servicio público fue mucho más amplia que esa etapa. Fue su secretario particular en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego lo acompañó como subsecretario en Hacienda, durante los dos sexenios en que fue responsable de las finanzas nacionales, de 1958 a 1970. Ambos marcharon al BID, como presidente Ortiz Mena y como director por México Rodríguez y Rodríguez. A su regreso, en 1979, éste dirigió el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval) y Bancrecer, de la banca nacionalizada. Fue también senador por Morelos, si bien nació en Morelia en 1915, según Roderic Ai Camp. Fue también profesor de derecho en la Universidad Nacional.
El decreto que dispuso la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro fijó el día de hoy como inicio del plazo de un mes para que los trabajadores que así lo deseen reciban la indemnización, ésa sí de privilegio, por la pérdida de su empleo. Pero quien la entregue y quien la obtenga incurrirán en una ilegalidad, porque las relaciones de trabajo subsisten y por ello no ha lugar a prestación alguna. Es que las relaciones laborales sólo pueden terminar después de un procedimiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no se ha iniciado o apenas está por comenzar. Y es que el decreto que inicia el procedimiento de liquidación no puede generar por sí mismo consecuencias laborales.
El artículo cuatro del decreto del 10 de octubre publicado el 11 en el Diario Oficial dispone que "se respetarán los derechos laborales de los trabajadores" de LyF y estipula, como no podría ser de otra manera, que las indemnizaciones se harán conforme al contrato colectivo y la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, por cierto, resultó infringido el domingo por los secretarios de Hacienda y del Trabajo quienes, al margen de esa disposición y sin ningún fundamento legal, gastarán hasta 4 mil millones de pesos en compensaciones adicionales no previstas en el contrato ni en la ley. Ésta, en cambio, fija un procedimiento para la terminación de las relaciones laborales.
Conforme al artículo 434 de dicha norma, son causas de tal terminación, entre otras, la fuerza mayor. El propio organismo, al que muchos se apresuran a calificar de ya extinto, cuando está apenas en curso su extinción, podría encaminar el asunto ante la junta laboral, porque "conserva su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a fin de que se cumplan las obligaciones del organismo frente a terceros", según lo estipula el decreto mencionado. Pero en una aplicación que no acata ese texto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el que "debe dar aviso, en su carácter de liquidador... a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dará vista a las partes de la existencia de esta causa de fuerza mayor para que en un plazo no mayor de quince días hábiles, pero con una antelación de diez días antes (sic) de que se pueda citar a las partes para esta audiencia, pueda escuchar lo que a su derecho corresponda... y con ello la Junta, después de escuchar a las partes en esta audiencia, resuelva entonces en consecuencia la terminación de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas".
Ha de esperarse entonces a que una autoridad laboral, la Junta Federal, determine que han concluido las relaciones colectivas, únicas a las que se aplica el caso de fuerza mayor. Un laudo de la Junta no puede afectar a los trabajadores de confianza regidos por contratos individuales, que en este caso sólo podrían terminar por la voluntad de las partes en un convenio sometido también a la autoridad laboral.
Las relaciones laborales, individuales o colectivas, no han terminado, pues. Por lo tanto, no puede comenzar hoy el pago de las indemnizaciones porque éstas sólo procederán cuando la Junta sentencie en tal sentido. Al gobierno, sin embargo, le urge iniciar el debilitamiento del sindicato, restándole miembros en el caso de los trabajadores sujetos al contrato colectivo, y por eso fijó este miércoles como fecha para un procedimiento que no podrá empezar legalmente sino hasta comienzos de noviembre, cerca del fin del plazo engañosamente fijado por las autoridades.
En esa prisa por minar la presión de los trabajadores, el gobierno está llegando al exceso. De creer en la denuncia formulada por Fernando Amezcua, secretario del exterior del comité central, a los domicilios de algunos trabajadores llegaron ayer cheques con el monto de la indemnización correspondiente, sin que ellos la hayan solicitado siquiera y cuando no ha comenzado el plazo estipulado por la propia autoridad. De ese modo arbitrario podrá hacerse un corte de caja ilusorio, este mismo día, cuando el SAE o el propio organismo en liquidación puedan ufanarse de su éxito al pagar las indemnizaciones. Seguramente habrá trabajadores, sindicalizados o de confianza, que acudan a recibirlas desde hoy, no obstante que los miembros del sindicato acordaron no hacerlo, y cuando se informe del número de personas se incluirá en él la cifra de los que recibieron el importe respectivo sin explicar a los familiares del destinatario de qué se trataba.
Otras denuncias formuló Amezcua que, de comprobarse, darán idea de que el gobierno, así como asaltó las instalaciones de LyF antes de emitir siquiera el decreto, no digamos antes de que surtiera efectos por su publicación, no se ha fijado límites para su actuación. De acuerdo con lo dicho por Amezcua, cuya posición oficial no está en entredicho porque fue reelegido el año pasado y no lo compromete la negativa a tomar nota de la elección de este año, un trabajador fue sacado de su casa por la fuerza y conducido por la Policía Federal a su puesto de trabajo a fin de que resolviera una dificultad técnica que los reemplazantes de la CFE no podían enfrentar. En el mismo orden, un funcionario de la propia Comisión Federal de Electricidad está ofreciendo 20 mil pesos a sindicalizados que accedan a sumarse a la fuerza de trabajo de emergencia -a que sean esquiroles, pues-, que no está cubriendo con solvencia su encomienda.
Cajón de Sastre
Murió a los 83 años, según el obituario, el abogado e ingeniero agrónomo Jesús Rodríguez y Rodríguez, que trabajó un prolongado trecho de su vida profesional al lado de Antonio Ortiz Mena, aunque su trayectoria en el servicio público fue mucho más amplia que esa etapa. Fue su secretario particular en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego lo acompañó como subsecretario en Hacienda, durante los dos sexenios en que fue responsable de las finanzas nacionales, de 1958 a 1970. Ambos marcharon al BID, como presidente Ortiz Mena y como director por México Rodríguez y Rodríguez. A su regreso, en 1979, éste dirigió el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval) y Bancrecer, de la banca nacionalizada. Fue también senador por Morelos, si bien nació en Morelia en 1915, según Roderic Ai Camp. Fue también profesor de derecho en la Universidad Nacional.
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