Bertha Elena Luján
Este es el reclamo que cientos de organizaciones hacen al secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien ha negado el reconocimiento o “toma de nota” al Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presidido por Martín Esparza Flores.
Efectivamente, a partir de la lucha interna desarrollada durante el proceso reciente de renovación de esta dirigencia sindical, el gobierno panista está decidido a golpear y debilitar a una de las escasas organizaciones sindicales que cuenta con varias décadas de acción y lucha a favor de las mejores causas del pueblo mexicano.
La llamada “toma de nota” tendría que ser un sencillo trámite administrativo a partir del cual la autoridad se da por enterada de las decisiones tomadas por los trabajadores en la elección de sus organizaciones y dirigentes. Sin embargo, este trámite desde los tiempos del PRI se convirtió en una herramienta de control del Estado sobre los sindicatos y un mecanismo a través del cual se premia o castiga la actuación de los mismos, según se aprecie su afinidad o discrepancia con los gobiernos en turno.
Así lo demuestran los casos recientes del Sindicato Nacional Minero o el Sindicato de Técnicos y Profesionistas de Pemex, cuyas dirigencias han sido vetadas por las autoridades laborales.
La “toma de nota” debe ser rechazada, y desterrada del mundo laboral, en cumplimiento a la Constitución y las normas internacionales (Convenio 87 de la OIT) vigentes, que se refieren a la libertad de asociación.
El respeto a la autonomía sindical supone que sean los trabajadores del SME y no el Estado, los que decidan los asuntos internos de su organización.
Este es el reclamo que cientos de organizaciones hacen al secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien ha negado el reconocimiento o “toma de nota” al Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presidido por Martín Esparza Flores.
Efectivamente, a partir de la lucha interna desarrollada durante el proceso reciente de renovación de esta dirigencia sindical, el gobierno panista está decidido a golpear y debilitar a una de las escasas organizaciones sindicales que cuenta con varias décadas de acción y lucha a favor de las mejores causas del pueblo mexicano.
La llamada “toma de nota” tendría que ser un sencillo trámite administrativo a partir del cual la autoridad se da por enterada de las decisiones tomadas por los trabajadores en la elección de sus organizaciones y dirigentes. Sin embargo, este trámite desde los tiempos del PRI se convirtió en una herramienta de control del Estado sobre los sindicatos y un mecanismo a través del cual se premia o castiga la actuación de los mismos, según se aprecie su afinidad o discrepancia con los gobiernos en turno.
Así lo demuestran los casos recientes del Sindicato Nacional Minero o el Sindicato de Técnicos y Profesionistas de Pemex, cuyas dirigencias han sido vetadas por las autoridades laborales.
La “toma de nota” debe ser rechazada, y desterrada del mundo laboral, en cumplimiento a la Constitución y las normas internacionales (Convenio 87 de la OIT) vigentes, que se refieren a la libertad de asociación.
El respeto a la autonomía sindical supone que sean los trabajadores del SME y no el Estado, los que decidan los asuntos internos de su organización.
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