Teodoro Rentería Arróyave
Más que extrañar, irritan dos noticias por el negativo mensaje que se está mandando a todos los mexicanos, nos referimos al desplome en la calidad de la enseñanza, sólo, en las escuelas públicas y el dictamen del ministro de “la suprema”, don Marianito Azuela Gúitrón, por el cual únicamente se responsabiliza a la policía de los conflictos sociales de 2006 en Oaxaca y exonera al ex huésped de Los Pinos, Vicente Fox Quesada y al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz.
De inmediato surge el cuestionamiento: ¿de qué se trata? más que fáciles son las respuestas, en el primer caso obedece a ese muy bien diseñada plan para seguir en el desprestigio de la educación pública laica y gratuita que ordenan nuestra constitución y en el segundo es nuevamente la posición generalizada del Poder Judicial de cumplir con el axioma popular de que “el hilo se revienta por lo más delgado”.
La brecha cualitativa entre la educación pública y privada en México creció, según los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, es decir, las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública, sin rubor alguno, aceptan que los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas particulares tienen un nivel de aprendizaje en las materias de Español, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, superior en más de 100 puntos en promedio a los de planteles públicos.
También en el dictamen de Azuela Güitrón el descaro es inaceptable, al proponer a sus pares declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007, pero los únicos culpables son los policías, sin tomar en cuenta que estos cuerpos de represión tienen mandos medios, superiores y "superiosísimos".
La Secretaría de Educación Pública revela su ineptitud, que en los últimos años se ha agudizado, al dar los siguientes datos: en las primarias el avance en el desempeño de los estudiantes de todo el país se advierte, en mayor medida, en el sistema particular, no así en los planteles públicos de educación para los indígenas o para los que están ubicados en las zonas de alta marginación, rezago y pobreza. Comparar a estos estudiantes bien alimentados, bien vestidos y con una vida cómoda con las víctimas de la pobreza, aparte de absurdo es de una sevicia inaceptable.
El ministro Mariano Azuela Güitrón, en su documento que es un monumento a la incultura de la justicia o a la cultura de la injusticia, determina que durante meses no existió estado de Derecho en el municipio de Oaxaca y en su zona conturbada, que se violaron los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento, expresión, de educación y a la paz. Además de que las violaciones de garantías fueron sufridas por la población que no participó en el conflicto.
Y “admirable”, el togado de “la suprema” concluye que no es posible responsabilizar a ningún funcionario de la mayoría de las violaciones cometidas, en otras palabras, don Marianito, un bufón de la administración de justicia, deslinda de toda responsabilidad a los dueños del poder en turno: a Vicente Fox Quesada y al todavía gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque no incurrieron, según su “criterio”, en una “omisión absoluta”.
No extrañan, irritan tales dictámenes que se suman a otros negativo mensajes que están, peligrosamente, acrecentando la irritabilidad social. A los mismos auméntenle, respetado lector y radioescucha, la regañiza de Felipe Calderón Hinojosa a los gobernadores de las entidades federativas, en un nuevo intento chantajista para que le aprueben su absurdo, desproporcionado y absurdo paquete económico.
Más que extrañar, irritan dos noticias por el negativo mensaje que se está mandando a todos los mexicanos, nos referimos al desplome en la calidad de la enseñanza, sólo, en las escuelas públicas y el dictamen del ministro de “la suprema”, don Marianito Azuela Gúitrón, por el cual únicamente se responsabiliza a la policía de los conflictos sociales de 2006 en Oaxaca y exonera al ex huésped de Los Pinos, Vicente Fox Quesada y al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz.
De inmediato surge el cuestionamiento: ¿de qué se trata? más que fáciles son las respuestas, en el primer caso obedece a ese muy bien diseñada plan para seguir en el desprestigio de la educación pública laica y gratuita que ordenan nuestra constitución y en el segundo es nuevamente la posición generalizada del Poder Judicial de cumplir con el axioma popular de que “el hilo se revienta por lo más delgado”.
La brecha cualitativa entre la educación pública y privada en México creció, según los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, es decir, las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública, sin rubor alguno, aceptan que los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas particulares tienen un nivel de aprendizaje en las materias de Español, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, superior en más de 100 puntos en promedio a los de planteles públicos.
También en el dictamen de Azuela Güitrón el descaro es inaceptable, al proponer a sus pares declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007, pero los únicos culpables son los policías, sin tomar en cuenta que estos cuerpos de represión tienen mandos medios, superiores y "superiosísimos".
La Secretaría de Educación Pública revela su ineptitud, que en los últimos años se ha agudizado, al dar los siguientes datos: en las primarias el avance en el desempeño de los estudiantes de todo el país se advierte, en mayor medida, en el sistema particular, no así en los planteles públicos de educación para los indígenas o para los que están ubicados en las zonas de alta marginación, rezago y pobreza. Comparar a estos estudiantes bien alimentados, bien vestidos y con una vida cómoda con las víctimas de la pobreza, aparte de absurdo es de una sevicia inaceptable.
El ministro Mariano Azuela Güitrón, en su documento que es un monumento a la incultura de la justicia o a la cultura de la injusticia, determina que durante meses no existió estado de Derecho en el municipio de Oaxaca y en su zona conturbada, que se violaron los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento, expresión, de educación y a la paz. Además de que las violaciones de garantías fueron sufridas por la población que no participó en el conflicto.
Y “admirable”, el togado de “la suprema” concluye que no es posible responsabilizar a ningún funcionario de la mayoría de las violaciones cometidas, en otras palabras, don Marianito, un bufón de la administración de justicia, deslinda de toda responsabilidad a los dueños del poder en turno: a Vicente Fox Quesada y al todavía gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque no incurrieron, según su “criterio”, en una “omisión absoluta”.
No extrañan, irritan tales dictámenes que se suman a otros negativo mensajes que están, peligrosamente, acrecentando la irritabilidad social. A los mismos auméntenle, respetado lector y radioescucha, la regañiza de Felipe Calderón Hinojosa a los gobernadores de las entidades federativas, en un nuevo intento chantajista para que le aprueben su absurdo, desproporcionado y absurdo paquete económico.
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