Francisco Rodríguez
Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia
Marcelino Camacho
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA ya no está sólo. Él y los mineros que representa son ya acompañados por los electricistas de Luz y Fuerza, lo mismo que por su dirigente Martín Esparza Flores. Juntos, son perseguidos por la fallida Administración del señor Felipe Calderón que, a toda costa, intenta desaparecer los últimos vestigios del auténtico sindicalismo mexicano.
Nada extraño. Con la llegada del Partido Acción Nacional a Los Pinos, en el 2000, inició en el país un nuevo periodo negro para el sindicalismo. Pero la administración de Felipe Calderón Hinojosa es la peor de todas, debido a que ni siquiera hay rubor para mostrar su abierto apoyo a los empresarios y afectar los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Tal no es privativo de mineros y electricistas. Se observa especialmente en los gremios del sector automotriz y lo poco que ya queda de la “industria” maquiladora.
Expertos en el ramo, cual Humberto Juárez, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) exponen que “a diferencia de la larga noche que padeció el sindicalismo mexicano durante la gestión al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Arsenio Farell Cubillas, donde todavía podíamos encontrar algunas justificaciones de la política laboral, con el actual secretario Javier Lozano hay desconocimiento, ignorancia y cinismo, en la materia.”
Explica que durante los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, su secretario Farell Cubillas aplicó una política laboral que fue una noche larguísima para el sindicalismo, porque los contratos colectivos se adelgazaron; las empresas pudieron colocar nuevas fábricas al norte con sindicatos a modo; se creó una estructura de líderes sindicales venales y se canceló el derecho de libre asociación consignado en la Carta Magna.
El investigador expone que el rasgo distintivo del actual funcionario calderonista y su política laboral que ahora padecemos es una en la que se asume que los derechos de las empresas son prioritarios, por encima de cualquier derecho social conquistado.
Es decir, todo aquello que afecte a los intereses de las empresas privadas tiene preferencia sobre cualquier cosa que esté escrita en este país o que se haya conquistado, como la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, respectivamente.
La feroz persecución en contra de Gómez Urrutia y, ahora en contra de Esparza, confirman las palabras del investigador de la UAP.
En ambos casos, además, las acciones en contra del sindicato minero y el de los trabajadores de Luz y Fuerza han sido precedidos por campañas de desprestigio, a través de los medios y los comunicadores inscritos en la órbita de Los Pinos.
En el caso de Gómez Urrutia, las administraciones de Fox y ahora la de Calderón han intentado acusarlo del desvío de fondos sindicales sin éxito alguno, pues se ha demostrado ante las autoridades judiciales que tal delito es inexistente. No obstante, en cierta prensa se sigue manejando cual cierta esa situación. Se soslaya, en cambio, el punto que exacerbó el conflicto de la empresa Grupo Minero México en contra de este gremio: su responsabilidad en el crimen industrial de Pasta de Conchos.
A Esparza le acusan ahora de fraude electoral –en el que sí son expertos los panistas--, lo mismo que de ser responsable de la caótica situación administrativa y financiera de la empresa que abastece de energía eléctrica a seis entidades del centro del país, como si los trabajadores fuesen responsables de la ausencia de inversión en la modernización de la misma.
Desde hace tiempo que Luz y Fuerza está en la mira de los privatizadores. Desde hace tiempo que esta empresa es apetitoso objetivo de las compañías extranjeras, con las que mantiene inconfesables compromisos la Administración de Calderón.
Es por tal que, también sin rubor alguno, en los medios aparecen en los últimos días jubilosas informaciones en las que se da cuenta ya de la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya de la requisa de Luz y Fuerza, cual si ambos objetivos fuesen un triunfo de la sociedad.
Por el contario. Son retrocesos, como casi todo lo que desde 2000, pero sobre todo a partir de 2006, ha sucedido en nuestro país.
Índice Flamígero: Para la memoria: "Ha llegado la hora en México de construir un nuevo tipo de sindicalismo, un sindicalismo democrático por una parte, pero también un sindicalismo responsable, un sindicalismo que cuide a la par de los intereses de los trabajadores, los intereses del país, que se entienda que sólo va a cambiar si convergen los intereses de todos, los intereses de los trabajadores y los intereses de los empleadores": Felipe Calderón, precandidato del PAN a la Presidencia de la República, tras señalar que con la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine, a la sazón dirigente de la CTM, llegaba a su fin una etapa del sindicalismo mexicano. Fue el 8 de agosto de 2005.
Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia
Marcelino Camacho
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA ya no está sólo. Él y los mineros que representa son ya acompañados por los electricistas de Luz y Fuerza, lo mismo que por su dirigente Martín Esparza Flores. Juntos, son perseguidos por la fallida Administración del señor Felipe Calderón que, a toda costa, intenta desaparecer los últimos vestigios del auténtico sindicalismo mexicano.
Nada extraño. Con la llegada del Partido Acción Nacional a Los Pinos, en el 2000, inició en el país un nuevo periodo negro para el sindicalismo. Pero la administración de Felipe Calderón Hinojosa es la peor de todas, debido a que ni siquiera hay rubor para mostrar su abierto apoyo a los empresarios y afectar los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Tal no es privativo de mineros y electricistas. Se observa especialmente en los gremios del sector automotriz y lo poco que ya queda de la “industria” maquiladora.
Expertos en el ramo, cual Humberto Juárez, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) exponen que “a diferencia de la larga noche que padeció el sindicalismo mexicano durante la gestión al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Arsenio Farell Cubillas, donde todavía podíamos encontrar algunas justificaciones de la política laboral, con el actual secretario Javier Lozano hay desconocimiento, ignorancia y cinismo, en la materia.”
Explica que durante los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, su secretario Farell Cubillas aplicó una política laboral que fue una noche larguísima para el sindicalismo, porque los contratos colectivos se adelgazaron; las empresas pudieron colocar nuevas fábricas al norte con sindicatos a modo; se creó una estructura de líderes sindicales venales y se canceló el derecho de libre asociación consignado en la Carta Magna.
El investigador expone que el rasgo distintivo del actual funcionario calderonista y su política laboral que ahora padecemos es una en la que se asume que los derechos de las empresas son prioritarios, por encima de cualquier derecho social conquistado.
Es decir, todo aquello que afecte a los intereses de las empresas privadas tiene preferencia sobre cualquier cosa que esté escrita en este país o que se haya conquistado, como la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, respectivamente.
La feroz persecución en contra de Gómez Urrutia y, ahora en contra de Esparza, confirman las palabras del investigador de la UAP.
En ambos casos, además, las acciones en contra del sindicato minero y el de los trabajadores de Luz y Fuerza han sido precedidos por campañas de desprestigio, a través de los medios y los comunicadores inscritos en la órbita de Los Pinos.
En el caso de Gómez Urrutia, las administraciones de Fox y ahora la de Calderón han intentado acusarlo del desvío de fondos sindicales sin éxito alguno, pues se ha demostrado ante las autoridades judiciales que tal delito es inexistente. No obstante, en cierta prensa se sigue manejando cual cierta esa situación. Se soslaya, en cambio, el punto que exacerbó el conflicto de la empresa Grupo Minero México en contra de este gremio: su responsabilidad en el crimen industrial de Pasta de Conchos.
A Esparza le acusan ahora de fraude electoral –en el que sí son expertos los panistas--, lo mismo que de ser responsable de la caótica situación administrativa y financiera de la empresa que abastece de energía eléctrica a seis entidades del centro del país, como si los trabajadores fuesen responsables de la ausencia de inversión en la modernización de la misma.
Desde hace tiempo que Luz y Fuerza está en la mira de los privatizadores. Desde hace tiempo que esta empresa es apetitoso objetivo de las compañías extranjeras, con las que mantiene inconfesables compromisos la Administración de Calderón.
Es por tal que, también sin rubor alguno, en los medios aparecen en los últimos días jubilosas informaciones en las que se da cuenta ya de la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya de la requisa de Luz y Fuerza, cual si ambos objetivos fuesen un triunfo de la sociedad.
Por el contario. Son retrocesos, como casi todo lo que desde 2000, pero sobre todo a partir de 2006, ha sucedido en nuestro país.
Índice Flamígero: Para la memoria: "Ha llegado la hora en México de construir un nuevo tipo de sindicalismo, un sindicalismo democrático por una parte, pero también un sindicalismo responsable, un sindicalismo que cuide a la par de los intereses de los trabajadores, los intereses del país, que se entienda que sólo va a cambiar si convergen los intereses de todos, los intereses de los trabajadores y los intereses de los empleadores": Felipe Calderón, precandidato del PAN a la Presidencia de la República, tras señalar que con la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine, a la sazón dirigente de la CTM, llegaba a su fin una etapa del sindicalismo mexicano. Fue el 8 de agosto de 2005.
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