Teodoro Rentería Arróyave
Ahora se conjuntaron los órganos superiores de procuración y administración de justicia de nuestro sufrido país para emitir absurdos dictámenes, que por sus contenidos no dudamos en calificarlos de criminales.
Nos referimos al de esa entelequia que pomposamente se llama Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos contra los Periodistas y Medio de Comunicación, cuyo titular es un notable notario pero un neófito ministerio público, Octavio Alberto Orellana Wiarco, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos que está a su vez a cargo del panista, Juan de Dios Castro Lozano, quien según él, está en ese cargo por obra y gracia de su alumno el presidente, Felipe Calderón Hinojosa y en consecuencia ambos corresponden a la Procuraduría General de la República cuyo titular es el descalificado y recién nombrado, Arturo Chávez Chávez.
El otro dictamen corresponde “a la suprema”, así con minúsculas, como hemos calificado a la Suprema Corte de justicia de la Nación, al compararla con la veladora corriente de ese nombre porque no puede sostener su flama, en este caso no pueden mantener la luz de la justicia.
En el primer caso, el señor fiscal Orellana Wiarco se aventó el criminal dictamen de que los asesinatos contra periodistas, que en los últimos 9 años de gobierno panistas suman 65, en un 80 por ciento no tiene relación con el ejercicio profesional.
En el segundo caso la suprema dictamina también un verdadero disparate: exime a la revista Proceso de todo delito de difamación y otros en torno a la demanda de Martita Sahagún de Fox, pero en cambio declara culpable a la periodista argentina, Olga Wormat, no obstante tratarse del mismo asunto.
El señor que disque trabaja de fiscal especial antes de hacer público ese dictamen, debió cuando menos pensar que si afirma en forma pública que el 80 por ciento de los asesinatos de periodistas nada tiene en relación con el ejercicio profesional, es de suponerse que cuentas con los elementos de prueba, es decir que sabe quiénes son los autores materiales e intelectuales de los mismos, por consiguiente es de exigirle de a conocer los nombres de los responsables de tales crímenes.
El libro de la periodista argentina “Crónicas Malditas” relata, este es el meollo del diferendo legal, las diligencias que llevó a cabo Martita en el Vaticano para nulificar su matrimonio religioso con su ahora exesposo Manuel Bribiesca y así poder contraer otro con Vicente Fox Quesada, la revista Proceso lo único que hizo fue publicar el articulo correspondiente.
En este caso se viola el principio de igualdad a que obliga nuestra leyes; es una aberración jurídica que se exoneré por uno de los acusados, Proceso y a la Wortman se le considere culpable y para justificar el enredijo los togados de “la Suprema” rebajaron el pago de indemnización de un millón 500 mil pesos a medio millón.
Ante el absurdo de la justicia mexicana, ha declarado la colega Argentina que la señora que se sintió en un momento presidenta de México no verá de su parte ni un solo centavo de ella y pide a sus seguidores que eviten una colecta pues dicha persona no tiene derecho a beneficiarse aún más de los que se ha beneficiado con los dinero del pueblo mexicano.
En el caso de la Fiscalía Especial, nuevamente nos corresponde insistir en la posición del gremio organizado, en el sentido de que desaparezcan esa entelequia que no sirve para nada y que le cuesta a los mexicanos muchos millones de pesos. Sendos dictámenes horrendos, absurdos y criminales.
Ahora se conjuntaron los órganos superiores de procuración y administración de justicia de nuestro sufrido país para emitir absurdos dictámenes, que por sus contenidos no dudamos en calificarlos de criminales.
Nos referimos al de esa entelequia que pomposamente se llama Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos contra los Periodistas y Medio de Comunicación, cuyo titular es un notable notario pero un neófito ministerio público, Octavio Alberto Orellana Wiarco, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos que está a su vez a cargo del panista, Juan de Dios Castro Lozano, quien según él, está en ese cargo por obra y gracia de su alumno el presidente, Felipe Calderón Hinojosa y en consecuencia ambos corresponden a la Procuraduría General de la República cuyo titular es el descalificado y recién nombrado, Arturo Chávez Chávez.
El otro dictamen corresponde “a la suprema”, así con minúsculas, como hemos calificado a la Suprema Corte de justicia de la Nación, al compararla con la veladora corriente de ese nombre porque no puede sostener su flama, en este caso no pueden mantener la luz de la justicia.
En el primer caso, el señor fiscal Orellana Wiarco se aventó el criminal dictamen de que los asesinatos contra periodistas, que en los últimos 9 años de gobierno panistas suman 65, en un 80 por ciento no tiene relación con el ejercicio profesional.
En el segundo caso la suprema dictamina también un verdadero disparate: exime a la revista Proceso de todo delito de difamación y otros en torno a la demanda de Martita Sahagún de Fox, pero en cambio declara culpable a la periodista argentina, Olga Wormat, no obstante tratarse del mismo asunto.
El señor que disque trabaja de fiscal especial antes de hacer público ese dictamen, debió cuando menos pensar que si afirma en forma pública que el 80 por ciento de los asesinatos de periodistas nada tiene en relación con el ejercicio profesional, es de suponerse que cuentas con los elementos de prueba, es decir que sabe quiénes son los autores materiales e intelectuales de los mismos, por consiguiente es de exigirle de a conocer los nombres de los responsables de tales crímenes.
El libro de la periodista argentina “Crónicas Malditas” relata, este es el meollo del diferendo legal, las diligencias que llevó a cabo Martita en el Vaticano para nulificar su matrimonio religioso con su ahora exesposo Manuel Bribiesca y así poder contraer otro con Vicente Fox Quesada, la revista Proceso lo único que hizo fue publicar el articulo correspondiente.
En este caso se viola el principio de igualdad a que obliga nuestra leyes; es una aberración jurídica que se exoneré por uno de los acusados, Proceso y a la Wortman se le considere culpable y para justificar el enredijo los togados de “la Suprema” rebajaron el pago de indemnización de un millón 500 mil pesos a medio millón.
Ante el absurdo de la justicia mexicana, ha declarado la colega Argentina que la señora que se sintió en un momento presidenta de México no verá de su parte ni un solo centavo de ella y pide a sus seguidores que eviten una colecta pues dicha persona no tiene derecho a beneficiarse aún más de los que se ha beneficiado con los dinero del pueblo mexicano.
En el caso de la Fiscalía Especial, nuevamente nos corresponde insistir en la posición del gremio organizado, en el sentido de que desaparezcan esa entelequia que no sirve para nada y que le cuesta a los mexicanos muchos millones de pesos. Sendos dictámenes horrendos, absurdos y criminales.
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