Bertha Luján
El día 26 de marzo del 2006, en uno de los operativos que acostumbraba la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), varios de sus elementos llegaron con lujo de violencia a destrozar las escasas mercancías de los tianguistas del poblado de Santiago Mexquititlán, Qro., con la justificación de buscar drogas y mercancía pirata.
Ante la decisiva defensa de los afectados, la corporación se comprometió a pagar entre 70 y 80 mil pesos por los daños causados. Pero la cosa no paró ahí. Como un acto de venganza, posteriormente, seis agentes de esta corporación presentaron acusaciones contra varios de los tianguistas por secuestro, siendo detenidas tres mujeres indígenas ñañú: Jacinta Santiago Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara.
A Jacinta, quien vendía aguas frescas en el tianguis, la llevaron con engaños dizque a que revisara algunas fotografías, gente vestida de civil en un automóvil no oficial a la ciudad de Querétaro. A partir de ahí, contando como prueba contundente con una foto de un periódico, es acusada del secuestro de seis miembros de la AFI, junto a Teresa y Alberta. Después de un proceso plagado de irregularidades, en el que no hubo traductor oficial, se presentaron testigos falsos y pruebas fabricadas, fueron sentenciadas a 21 años de prisión.
Gracias a la presión y movilización de organizaciones de derechos humanos, como el Miguel Agustín Pro y Amnistía Internacional, y la intervención de la Cámara de Diputados quien exhortó a la PGR a revisar el caso (con la abstención del Partido Verde, el de la pena de muerte y otrora indigenista), la madrugada del l5 del septiembre, Jacinta fue liberada, sin embargo, Teresa y Alberta siguen en prisión.
Este caso nos muestra claramente las aberraciones de nuestro sistema de justicia que exacerba sus “métodos” contra la gente pobre, indígena y además, mujer. México necesita cambios profundos que atiendan la problemática de miles de personas que por irregularidades en los procesos en que interviene el ministerio público y después los jueces, se mantienen en las cárceles del país, mientras los delincuentes de cuello blanco y los narcos se pasean por las calles sin problemas.
El día 26 de marzo del 2006, en uno de los operativos que acostumbraba la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), varios de sus elementos llegaron con lujo de violencia a destrozar las escasas mercancías de los tianguistas del poblado de Santiago Mexquititlán, Qro., con la justificación de buscar drogas y mercancía pirata.
Ante la decisiva defensa de los afectados, la corporación se comprometió a pagar entre 70 y 80 mil pesos por los daños causados. Pero la cosa no paró ahí. Como un acto de venganza, posteriormente, seis agentes de esta corporación presentaron acusaciones contra varios de los tianguistas por secuestro, siendo detenidas tres mujeres indígenas ñañú: Jacinta Santiago Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara.
A Jacinta, quien vendía aguas frescas en el tianguis, la llevaron con engaños dizque a que revisara algunas fotografías, gente vestida de civil en un automóvil no oficial a la ciudad de Querétaro. A partir de ahí, contando como prueba contundente con una foto de un periódico, es acusada del secuestro de seis miembros de la AFI, junto a Teresa y Alberta. Después de un proceso plagado de irregularidades, en el que no hubo traductor oficial, se presentaron testigos falsos y pruebas fabricadas, fueron sentenciadas a 21 años de prisión.
Gracias a la presión y movilización de organizaciones de derechos humanos, como el Miguel Agustín Pro y Amnistía Internacional, y la intervención de la Cámara de Diputados quien exhortó a la PGR a revisar el caso (con la abstención del Partido Verde, el de la pena de muerte y otrora indigenista), la madrugada del l5 del septiembre, Jacinta fue liberada, sin embargo, Teresa y Alberta siguen en prisión.
Este caso nos muestra claramente las aberraciones de nuestro sistema de justicia que exacerba sus “métodos” contra la gente pobre, indígena y además, mujer. México necesita cambios profundos que atiendan la problemática de miles de personas que por irregularidades en los procesos en que interviene el ministerio público y después los jueces, se mantienen en las cárceles del país, mientras los delincuentes de cuello blanco y los narcos se pasean por las calles sin problemas.
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