jueves, agosto 27, 2009

Impunidad y corrupción

Bertha Luján

Mientras la casi totalidad de las ejecuciones cometidas en lo que va del año (4,521 según cifras al 23 de agosto) siguen impunes y al mismo tiempo, se libera a los 20 presuntos asesinos materiales en el caso de Acteal, debido a fallas (cometidas por quién preguntamos) en la integración de los expedientes y los autores intelectuales siguen sin aparecer, la justicia actúa a su manera, selectivamente, en contra de líderes sociales.

A la orden de aprehensión en contra de Héctor Camero Haro de la Radio Comunitaria Tierra y Libertad, en Monterrey, N:L:, se sumó esta semana el secuestro perpetrado por individuos armados que bajaron de dos vehículos sin placas, del líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca

El dirigente fue encontrado muchas horas después, en los separos de la Procuraduría de Justicia de ése estado, acusado de cuatro delitos graves, entre otros, delincuencia organizada y daños por 200 mil pesos en contra de la empresa minera Black Fire.

Este hecho se suma a las órdenes de aprehensión, amenazas de muerte y represión en contra de luchadores que denuncian los problemas ambientales y sociales que causan las empresas mineras en distintos estados de la República.

En el caso de Chicomuselo, los habitantes organizados en la REMA mantienen un plantón desde el pasado mes de junio exigiendo la reparación de daños o el retiro de las mineras canadienses que existen en función de las 54 concesiones mineras que operan en la estado para extraer oro, barita y antimonio en plazos que llegan a los 50 años.

En relación a esta problemática, el pasado mes de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó el foro denominado “La minería a tajo abierto y sus impactos”, desarrollando conclusiones importantes sobre el tema y un exhorto del que haremos reseña en nuestra próxima entrega.

Por lo pronto, decenas de organizaciones sociales y civiles en México, han denunciado los abusos y acciones ilegales cometidos en contra de éste dirigente social, y demandan de la autoridad su liberación inmediata y el respeto al derecho de manifestación y expresión consagrado en nuestra Carta Magna.

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