SAmuel García / El observador
En México el dinero público se gasta mal. Le doy un dato que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo para ilustrar el punto, aunque los casos abundan al respecto. Del total del presupuesto anual destinado a la salud pública, que año con año aprueba el Congreso, 11 por ciento se destina a gastos administrativos en el sector salud. Es decir, 11 pesos de 100 van a costear la burocracia del sector y no los gastos asociados con el trabajo y capacitación de médicos, enfermeras, compra de medicamentos, de equipo hospitalario o de ampliación y construcción de infraestructura hospitalaria. Este dato en México es más del doble del promedio de los países que forman la OCDE, es el triple de los gastos administrativos en salud que destinan los aparatos burocráticos de España o Australia, y 40 porciento más alto que en Estados Unidos, donde el cuestionamiento a la eficiencia en el sistema de salud pública está provocando en estos días un fuerte debate entre la Casa Blanca y el Congreso.
Pues déjeme decirle que en México —con estas cifras de la OCDE— estamos peor que estas naciones y nadie ha planteado un debate público al respecto.
No es ninguna novedad decir que tenemos una burocracia cara e ineficiente en relación a la calidad y precio de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos.
Estamos acostumbrados a recibir servicios públicos de mala calidad, a tal grado que cuando en algunos casos tienen alguna leve mejoría, los políticos en turno —desde presidentes municipales hasta legisladores y secretarios de Estado— no pierden tiempo para salir en televisión y en la prensa a ponderar las obras como si éstas no fueran producto de nuestros impuestos y el cumplimiento de su estricta responsabilidad en el encargo público y no un favor que nos hacen.
¿Cómo explicar los pésimos y caros servicios públicos de salud, educación, transporte, etcétra, que se ofrecen en México si es uno de los países de la OCDE que más dinero destina de su gasto a estos menesteres (56 por ciento del gasto público total se destina a la producción de bienes y servicios, según la OCDE; y de ese monto el 80 por ciento va para remuneraciones de funcionarios públicos)? Países con menos recursos relativos para pagar funcionarios públicos que México, como Corea, tienen resultados más eficientes.
El dinero que entregamos los contribuyentes a los gobiernos se gasta mal: por graves ineficiencias en
nuestra burocracia, por corrupción del aparato burocrático o por ambas. Eso lo sabemos desde hace tiempo. El problema es quién lo corregirá. ¿El propio gobierno federal?, ¿los legisladores?, ¿los gobiernos estatales? o ¿el poder judicial? La corrección no viene porque existen fuertes conflictos de interés por parte de quienes lo deberían hacer. Ellos son los protagonistas y ganadores de este mal gasto del dinero público y los ejemplos abundan.
De allí que sean las presiones de las organizaciones ciudadanas, los organismos empresariales y de los medios de comunicación los verdaderos propulsores de un cambio que le urge a las finanzas de la nación.
Sígale la pista…
VITRO FRÁGIL. El tema de la fragilidad estructural de la otrora poderosa empresa regiomontana Vitro, que preside Adrián Sada, es un asunto que se viene comentando en el sector empresarial capitalino y que ya ha repercutido en decisiones de negocios.
En México el dinero público se gasta mal. Le doy un dato que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo para ilustrar el punto, aunque los casos abundan al respecto. Del total del presupuesto anual destinado a la salud pública, que año con año aprueba el Congreso, 11 por ciento se destina a gastos administrativos en el sector salud. Es decir, 11 pesos de 100 van a costear la burocracia del sector y no los gastos asociados con el trabajo y capacitación de médicos, enfermeras, compra de medicamentos, de equipo hospitalario o de ampliación y construcción de infraestructura hospitalaria. Este dato en México es más del doble del promedio de los países que forman la OCDE, es el triple de los gastos administrativos en salud que destinan los aparatos burocráticos de España o Australia, y 40 porciento más alto que en Estados Unidos, donde el cuestionamiento a la eficiencia en el sistema de salud pública está provocando en estos días un fuerte debate entre la Casa Blanca y el Congreso.
Pues déjeme decirle que en México —con estas cifras de la OCDE— estamos peor que estas naciones y nadie ha planteado un debate público al respecto.
No es ninguna novedad decir que tenemos una burocracia cara e ineficiente en relación a la calidad y precio de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos.
Estamos acostumbrados a recibir servicios públicos de mala calidad, a tal grado que cuando en algunos casos tienen alguna leve mejoría, los políticos en turno —desde presidentes municipales hasta legisladores y secretarios de Estado— no pierden tiempo para salir en televisión y en la prensa a ponderar las obras como si éstas no fueran producto de nuestros impuestos y el cumplimiento de su estricta responsabilidad en el encargo público y no un favor que nos hacen.
¿Cómo explicar los pésimos y caros servicios públicos de salud, educación, transporte, etcétra, que se ofrecen en México si es uno de los países de la OCDE que más dinero destina de su gasto a estos menesteres (56 por ciento del gasto público total se destina a la producción de bienes y servicios, según la OCDE; y de ese monto el 80 por ciento va para remuneraciones de funcionarios públicos)? Países con menos recursos relativos para pagar funcionarios públicos que México, como Corea, tienen resultados más eficientes.
El dinero que entregamos los contribuyentes a los gobiernos se gasta mal: por graves ineficiencias en
nuestra burocracia, por corrupción del aparato burocrático o por ambas. Eso lo sabemos desde hace tiempo. El problema es quién lo corregirá. ¿El propio gobierno federal?, ¿los legisladores?, ¿los gobiernos estatales? o ¿el poder judicial? La corrección no viene porque existen fuertes conflictos de interés por parte de quienes lo deberían hacer. Ellos son los protagonistas y ganadores de este mal gasto del dinero público y los ejemplos abundan.
De allí que sean las presiones de las organizaciones ciudadanas, los organismos empresariales y de los medios de comunicación los verdaderos propulsores de un cambio que le urge a las finanzas de la nación.
Sígale la pista…
VITRO FRÁGIL. El tema de la fragilidad estructural de la otrora poderosa empresa regiomontana Vitro, que preside Adrián Sada, es un asunto que se viene comentando en el sector empresarial capitalino y que ya ha repercutido en decisiones de negocios.
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