Miguel Ángel Granados Chapa
Si no ha perdido por completo la sensibilidad social y humana que le viene de familia, al procurador Eduardo Medina Mora debe habérsele atragantado la comida a que fue invitado anteayer, organizada por la Asociación Nacional de la Publicidad. De pronto, irrumpieron en la reunión los señores María Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo, portadores de una manta en que al "sr. procurador" le exigían "la pronta localización" de su hijo José Antonio Robledo Fernández, ingeniero "secuestrado desde el 25 de enero en Monclova, Coah.".
Ver cara a cara a los denunciantes de una desaparición sobre la que no hay noticias desde hace siete meses probablemente disminuyó el rigor lógico con que el procurador expuso a su auditorio que, ahí donde nos ven, estamos mejor hoy que hace 15 años, pues había una proporción de homicidios dolosos mayor que la que hoy prevalece. Nadie alegó que la cifra referida al pasado inmediato es mayor que la del presente acaso porque se la compara sólo con el número de muertes ejecutadas por la delincuencia organizada y no con el número de fallecimientos por violencia en total.
Si Medina Mora no se sobrecogió con el dolor de esos padres, de que tuvo noticia reciente pues el 9 de agosto ofrecieron una conferencia de prensa sobre la inactividad ministerial, es que acaso pensaba que la comida con los publicistas puede ser uno de los últimos actos sociales a que acude en su condición de procurador. Aunque otras veces ha corrido el rumor de su dimisión esta vez parece que en efecto de un momento a otro sabremos que se marcha, y hasta comprobaremos que su destino es la embajada mexicana en Londres, donde reemplazaría a Juan José Bremer.
Pero el destino burocrático de Medina Mora es asunto menor comparado con el del ingeniero Robledo Fernández. Sus padres recibieron la noticia de que probablemente fue privado de su libertad por Los Zetas, el grupo delincuencial que extorsiona a ICA-Fluor, la empresa para la cual trabaja su hijo, y que realiza una obra para Altos Hornos de México, motivo por el cual Robledo Fernández se hallaba en aquella población coahuilense. No parece tratarse de un secuestro mercenario, porque al menos a los atribulados padres no se ha demandado el pago de rescate alguno.
Cualquiera que sea la modalidad de esa desaparición, ese caso se suma a la multitud de tragedias en que se priva de la libertad a una persona, y que abundan en nuestro país, entre otros factores por el muy conocido y eficaz de la impunidad: pues si no se castiga a los responsables de esos delitos, cunde su práctica ante la seguridad de permanecer sin castigo.
También en Coahuila, aunque con un perfil diferente, más nítido, ocurrió la desaparición de dos médicos veterinarios zootecnistas, Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, ocurrida el 5 de abril en Torreón. Hay testigos que vieron a efectivos del Ejército mexicano detener a los dos médicos, en la madrugada. A la mañana siguiente, el vehículo en que viajaban y que ostentaba la razón social del negocio de veterinaria en que eran socios fue hallado en el fraccionamiento Ciudad Nazas. Con base en los testimonios inmediatamente recabados, la esposa de Uribe, la señora Claudia Jeannette Soto, acudió al Campo Militar de La Joya, donde fue atendida por un oficial portador de un gafete con nombre diverso del que el militar usó para presentarse. Negó que los desaparecidos estuvieran allí. La señora acudió entonces a la delegación de la PGR donde se rehusaron a aceptar la denuncia, arguyendo que se trata de un asunto local, no federal. Finalmente la Fiscalía General del Estado (equivalente a la Procuraduría estatal) recibió la denuncia pero en más de cuatro meses corridos desde esa noche infortunada nadie se ha servido ofrecer informe alguno sobre el curso de la averiguación previa, seguramente porque no se avanza en ella. La señora Soto de Uribe estaba embarazada de seis meses y por el sacudimiento que le produjo la desaparición de su esposo dio a luz prematuramente a un bebé que no resistió las condiciones adversas de su alumbramiento.
Además de denunciar ante el Ministerio Público la desaparición de su esposo, la señora Uribe acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a centros particulares del mismo ramo y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el primero de julio conoció la propuesta de un acuerdo para solicitar de la PGR y la Sedena informes y colaboración para localizar al desaparecido. Como si la desaparición de una persona, que para entonces duraba ya tres meses, no requiriera una acción premiosa, el punto fue remitido a la Primera Comisión. Mes y medio después, las autoridades mencionadas no han siquiera acusado recibo de la petición.
En Torreón mismo han ocurrido otras desapariciones de personas notorias. En fecha ya tan lejana como mayo de 2007 -hace 27 meses- desaparecieron un abogado de nombre Alberto Romero y el jefe de la unidad antisecuestros de la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo. Un año después padeció la misma suerte su sucesor en el cargo, Gerardo Valdés, y en diciembre pasado desapareció Félix Batista, un experto en secuestros procedente de Miami.
Si las practicó el propio Estado, en cuyo caso estamos en presencia del delito de desaparición forzada, considerado como de lesa humanidad, la grave omisión de las autoridades frente a estos casos es parte de una displicencia criminal generadora de inmenso dolor. No lo admitamos.
Cajón de Sastre
Aunque todavía queda por delante la fase judicial, ante el Tribunal Electoral del DF y el federal, los candidatos panistas a gobernar las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa resintieron un frenazo en sus aspiraciones, pues el Instituto Electoral del Distrito Federal determinó que cada uno de ellos ejerció un gasto de campaña superior al tope fijado por la autoridad electoral. Por seis votos contra uno, se declaró oficialmente que Demetrio Sodi rebasó ese límite en poco más de 100 mil pesos. La justicia electoral, si no corrige esa determinación de los órganos fiscalizadores, está obligada a anular la elección, y en la extraordinaria a que hubiera lugar no podrían participar el ex priista y ex perredista ni su actual partido, el PAN. Y eso que no se contabilizó el presumible gasto de su entrevista con Televisa.
Si no ha perdido por completo la sensibilidad social y humana que le viene de familia, al procurador Eduardo Medina Mora debe habérsele atragantado la comida a que fue invitado anteayer, organizada por la Asociación Nacional de la Publicidad. De pronto, irrumpieron en la reunión los señores María Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo, portadores de una manta en que al "sr. procurador" le exigían "la pronta localización" de su hijo José Antonio Robledo Fernández, ingeniero "secuestrado desde el 25 de enero en Monclova, Coah.".
Ver cara a cara a los denunciantes de una desaparición sobre la que no hay noticias desde hace siete meses probablemente disminuyó el rigor lógico con que el procurador expuso a su auditorio que, ahí donde nos ven, estamos mejor hoy que hace 15 años, pues había una proporción de homicidios dolosos mayor que la que hoy prevalece. Nadie alegó que la cifra referida al pasado inmediato es mayor que la del presente acaso porque se la compara sólo con el número de muertes ejecutadas por la delincuencia organizada y no con el número de fallecimientos por violencia en total.
Si Medina Mora no se sobrecogió con el dolor de esos padres, de que tuvo noticia reciente pues el 9 de agosto ofrecieron una conferencia de prensa sobre la inactividad ministerial, es que acaso pensaba que la comida con los publicistas puede ser uno de los últimos actos sociales a que acude en su condición de procurador. Aunque otras veces ha corrido el rumor de su dimisión esta vez parece que en efecto de un momento a otro sabremos que se marcha, y hasta comprobaremos que su destino es la embajada mexicana en Londres, donde reemplazaría a Juan José Bremer.
Pero el destino burocrático de Medina Mora es asunto menor comparado con el del ingeniero Robledo Fernández. Sus padres recibieron la noticia de que probablemente fue privado de su libertad por Los Zetas, el grupo delincuencial que extorsiona a ICA-Fluor, la empresa para la cual trabaja su hijo, y que realiza una obra para Altos Hornos de México, motivo por el cual Robledo Fernández se hallaba en aquella población coahuilense. No parece tratarse de un secuestro mercenario, porque al menos a los atribulados padres no se ha demandado el pago de rescate alguno.
Cualquiera que sea la modalidad de esa desaparición, ese caso se suma a la multitud de tragedias en que se priva de la libertad a una persona, y que abundan en nuestro país, entre otros factores por el muy conocido y eficaz de la impunidad: pues si no se castiga a los responsables de esos delitos, cunde su práctica ante la seguridad de permanecer sin castigo.
También en Coahuila, aunque con un perfil diferente, más nítido, ocurrió la desaparición de dos médicos veterinarios zootecnistas, Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, ocurrida el 5 de abril en Torreón. Hay testigos que vieron a efectivos del Ejército mexicano detener a los dos médicos, en la madrugada. A la mañana siguiente, el vehículo en que viajaban y que ostentaba la razón social del negocio de veterinaria en que eran socios fue hallado en el fraccionamiento Ciudad Nazas. Con base en los testimonios inmediatamente recabados, la esposa de Uribe, la señora Claudia Jeannette Soto, acudió al Campo Militar de La Joya, donde fue atendida por un oficial portador de un gafete con nombre diverso del que el militar usó para presentarse. Negó que los desaparecidos estuvieran allí. La señora acudió entonces a la delegación de la PGR donde se rehusaron a aceptar la denuncia, arguyendo que se trata de un asunto local, no federal. Finalmente la Fiscalía General del Estado (equivalente a la Procuraduría estatal) recibió la denuncia pero en más de cuatro meses corridos desde esa noche infortunada nadie se ha servido ofrecer informe alguno sobre el curso de la averiguación previa, seguramente porque no se avanza en ella. La señora Soto de Uribe estaba embarazada de seis meses y por el sacudimiento que le produjo la desaparición de su esposo dio a luz prematuramente a un bebé que no resistió las condiciones adversas de su alumbramiento.
Además de denunciar ante el Ministerio Público la desaparición de su esposo, la señora Uribe acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a centros particulares del mismo ramo y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el primero de julio conoció la propuesta de un acuerdo para solicitar de la PGR y la Sedena informes y colaboración para localizar al desaparecido. Como si la desaparición de una persona, que para entonces duraba ya tres meses, no requiriera una acción premiosa, el punto fue remitido a la Primera Comisión. Mes y medio después, las autoridades mencionadas no han siquiera acusado recibo de la petición.
En Torreón mismo han ocurrido otras desapariciones de personas notorias. En fecha ya tan lejana como mayo de 2007 -hace 27 meses- desaparecieron un abogado de nombre Alberto Romero y el jefe de la unidad antisecuestros de la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo. Un año después padeció la misma suerte su sucesor en el cargo, Gerardo Valdés, y en diciembre pasado desapareció Félix Batista, un experto en secuestros procedente de Miami.
Si las practicó el propio Estado, en cuyo caso estamos en presencia del delito de desaparición forzada, considerado como de lesa humanidad, la grave omisión de las autoridades frente a estos casos es parte de una displicencia criminal generadora de inmenso dolor. No lo admitamos.
Cajón de Sastre
Aunque todavía queda por delante la fase judicial, ante el Tribunal Electoral del DF y el federal, los candidatos panistas a gobernar las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa resintieron un frenazo en sus aspiraciones, pues el Instituto Electoral del Distrito Federal determinó que cada uno de ellos ejerció un gasto de campaña superior al tope fijado por la autoridad electoral. Por seis votos contra uno, se declaró oficialmente que Demetrio Sodi rebasó ese límite en poco más de 100 mil pesos. La justicia electoral, si no corrige esa determinación de los órganos fiscalizadores, está obligada a anular la elección, y en la extraordinaria a que hubiera lugar no podrían participar el ex priista y ex perredista ni su actual partido, el PAN. Y eso que no se contabilizó el presumible gasto de su entrevista con Televisa.
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