Miguel Ángel Granados Chapa
Dentro de un mes asumirá sus responsabilidades la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque no tiene el status de un Congreso local, sus miembros que ya no son Representantes (como en el origen de ese cuerpo) sino diputados tienen en sus manos resoluciones de notable alcance, que generan repercusiones más allá de su ámbito geográfico.
Aunque todavía es posible algún cambio en su integración, porque los afectados por las decisiones más recientes del Tribunal Electoral local pueden acudir al federal, que es la última instancia en esta materia, ya ha quedado delineado el poder que cada una de las fracciones parlamentarias tendrá a partir del 17 de septiembre entrante. Según las más recientes decisiones de la justicia electoral capitalina, el PRD conserva su condición de partido dominante, aunque no logró la mayoría, que en un cuerpo integrado por 66 diputados es de 34. El partido del sol azteca suma 30 curules, el doble de las que alcanzó el PAN, mientras que el resto de las bancadas reúnen a un número considerablemente menor, aunque esa condición cuantitativa no corresponde mecánicamente a la influencia que tendrán en ese cuerpo legislativo. El PRI con siete diputados (uno menos de los que el Instituto Electoral del DF le asignó, motivo por el cual de seguro acudirá al Trife) y el PT con seis, serán piedra de toque de las alianzas que permitirán la gobernabilidad de la Asamblea. El Partido Verde tendrá cuatro diputados, dos el Panal; y Convergencia y el PSD uno cada uno. Este último protagonizará un caso que ya se ha presentado en la Asamblea: se trata de un diputado sin partido, pues el Socialdemócrata está ahora en liquidación pues no superó el tope de 2 por ciento previsto por la ley para prevalecer.
Se da por hecho que los partidos que todavía forman el Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia, actúen juntos en la Asamblea. Esa fuerza será determinante en la integración de comisiones y en la dirección de la Asamblea, cuya Comisión de Gobierno será, inexorablemente, presidida por un perredista (o una perredista para decirlo con mayor propiedad). En efecto, esos tres partidos juntos reúnen 37 votos, suma a la que ni de cerca llegará la oposición. Aun si se resta del total de diputados del FAP a los siete perredistas que forman parte de Nueva Izquierda (enemiga de coaligarse con el PT y Convergencia, pues son el coto de Andrés Manuel López Obrador) los 30 integrantes de esa coalición superarán siempre a sus opositores. Una impensable alianza del PAN y el PRI apenas llegaría a 22 curules, y sería necesario que a ella se sumaran los diputados verdes y los de Nueva Alianza para acercarse a la fuerza fapista. Es previsible, por su parte, que si se ahonda la división entre las corrientes principales del PRD, los siete neoizquierdistas admitirían al socialdemócrata en su eventual y exigua bancada.
Si bien no se han definido los liderazgos en las fracciones, puede conjeturarse que Alejandra Barrales encabece la del PRD, Mariana Gómez del Campo la del PAN y Joel Ayala la del PRI. En el PT hay un conflicto por la decisión de Alberto Anaya, uno de los principales dirigentes petistas, de apoyar a Adolfo Orive Bellinger como responsable del grupo, lo que dificultaría el funcionamiento del Frente Amplio, debido a que le tacha por su servicio cercano a Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De no prosperar su aspiración coordinará la crucial bancada petista el líder capitalino de ese partido, Arturo López.
Apenas se instale, la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa tendrá que abordar dos tareas de gran importancia. Una es la de nombrar jefe delegacional suplente en Iztapalapa, después de que el delegado elegido solicite licencia y sea propuesta Clara Brugada para reemplazarlo. Aunque es difícil determinar cuándo habla en serio y cuándo bromea (por ejemplo, un día sacudió a un interlocutor radiofónico cuando negó que fuera a renunciar, y sólo después de haber generado sobresaltos aclaró que pedirá licencia, acto jurídico distinto de la dimisión), a ratos parece que él dificultará consumar la estrategia delineada por López Obrador el 16 de junio. Conforme al plan enunciado ese día, apenas una quincena antes de las elecciones, Rafael Acosta, apodado Juanito, sería impulsado para superar el raquítico 2 por ciento de preferencias que le asignaban las encuestas y luego de ser elegido se retiraría para facilitar el nombramiento de Brugada. Toda la estrategia obedecía al propósito de frustrar la elección de Silvia Oliva cuya candidatura fue avalada no por los militantes del PRD ni sus órganos internos sino por el tribunal federal. Sin embargo, Acosta está haciendo cuentas alegres y calcula que es difícil que la Asamblea Legislativa, dada la composición que hemos descrito, concluya el itinerario propuesto por López Obrador y nombre a Brugada. En ese caso, piensa Acosta, él se quedaría en su lugar, del que no sería usurpador conforme a su visión de las cosas. Afirma que el 60 por ciento de su triunfo lo consiguió directamente él, por su trabajo previo en la delegación y el influjo de su partido, y que el restante 40 por ciento debe atribuirse por mitades a Brugada y López Obrador (Reforma, 12 de agosto).
En su primera quincena de actividades la Asamblea deberá elegir a quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ambos casos se requerirá conciliar posiciones distantes para acercarlas mediante la negociación.
Cajón de Sastre
Uno de los principios que rigen la doctrina penal más acatada en los países democráticos es que, ante la posibilidad de que un inocente padezca pena de prisión y al liberársele se beneficie a un culpable, es preferible que éste quede sin castigo (o afectado por una sanción más leve de la que un juez hubiera decretado). Ese problema teórico fue resuelto por la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la libertad de 20 presos. Uno de ellos es indubitablemente culpable. Se llama Lorenzo Pérez Vázquez, procedía de Los Chorros, una comunidad que proveyó a varios de los atacantes de Las Abejas. Está confeso de haber quitado la vida a un número indeterminado de personas. Y ahora, cuando apenas había cumplido una tercera parte de la sentencia que le fue impuesta, goza de libertad y hasta estrenará casa y parcela.
Dentro de un mes asumirá sus responsabilidades la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque no tiene el status de un Congreso local, sus miembros que ya no son Representantes (como en el origen de ese cuerpo) sino diputados tienen en sus manos resoluciones de notable alcance, que generan repercusiones más allá de su ámbito geográfico.
Aunque todavía es posible algún cambio en su integración, porque los afectados por las decisiones más recientes del Tribunal Electoral local pueden acudir al federal, que es la última instancia en esta materia, ya ha quedado delineado el poder que cada una de las fracciones parlamentarias tendrá a partir del 17 de septiembre entrante. Según las más recientes decisiones de la justicia electoral capitalina, el PRD conserva su condición de partido dominante, aunque no logró la mayoría, que en un cuerpo integrado por 66 diputados es de 34. El partido del sol azteca suma 30 curules, el doble de las que alcanzó el PAN, mientras que el resto de las bancadas reúnen a un número considerablemente menor, aunque esa condición cuantitativa no corresponde mecánicamente a la influencia que tendrán en ese cuerpo legislativo. El PRI con siete diputados (uno menos de los que el Instituto Electoral del DF le asignó, motivo por el cual de seguro acudirá al Trife) y el PT con seis, serán piedra de toque de las alianzas que permitirán la gobernabilidad de la Asamblea. El Partido Verde tendrá cuatro diputados, dos el Panal; y Convergencia y el PSD uno cada uno. Este último protagonizará un caso que ya se ha presentado en la Asamblea: se trata de un diputado sin partido, pues el Socialdemócrata está ahora en liquidación pues no superó el tope de 2 por ciento previsto por la ley para prevalecer.
Se da por hecho que los partidos que todavía forman el Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia, actúen juntos en la Asamblea. Esa fuerza será determinante en la integración de comisiones y en la dirección de la Asamblea, cuya Comisión de Gobierno será, inexorablemente, presidida por un perredista (o una perredista para decirlo con mayor propiedad). En efecto, esos tres partidos juntos reúnen 37 votos, suma a la que ni de cerca llegará la oposición. Aun si se resta del total de diputados del FAP a los siete perredistas que forman parte de Nueva Izquierda (enemiga de coaligarse con el PT y Convergencia, pues son el coto de Andrés Manuel López Obrador) los 30 integrantes de esa coalición superarán siempre a sus opositores. Una impensable alianza del PAN y el PRI apenas llegaría a 22 curules, y sería necesario que a ella se sumaran los diputados verdes y los de Nueva Alianza para acercarse a la fuerza fapista. Es previsible, por su parte, que si se ahonda la división entre las corrientes principales del PRD, los siete neoizquierdistas admitirían al socialdemócrata en su eventual y exigua bancada.
Si bien no se han definido los liderazgos en las fracciones, puede conjeturarse que Alejandra Barrales encabece la del PRD, Mariana Gómez del Campo la del PAN y Joel Ayala la del PRI. En el PT hay un conflicto por la decisión de Alberto Anaya, uno de los principales dirigentes petistas, de apoyar a Adolfo Orive Bellinger como responsable del grupo, lo que dificultaría el funcionamiento del Frente Amplio, debido a que le tacha por su servicio cercano a Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De no prosperar su aspiración coordinará la crucial bancada petista el líder capitalino de ese partido, Arturo López.
Apenas se instale, la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa tendrá que abordar dos tareas de gran importancia. Una es la de nombrar jefe delegacional suplente en Iztapalapa, después de que el delegado elegido solicite licencia y sea propuesta Clara Brugada para reemplazarlo. Aunque es difícil determinar cuándo habla en serio y cuándo bromea (por ejemplo, un día sacudió a un interlocutor radiofónico cuando negó que fuera a renunciar, y sólo después de haber generado sobresaltos aclaró que pedirá licencia, acto jurídico distinto de la dimisión), a ratos parece que él dificultará consumar la estrategia delineada por López Obrador el 16 de junio. Conforme al plan enunciado ese día, apenas una quincena antes de las elecciones, Rafael Acosta, apodado Juanito, sería impulsado para superar el raquítico 2 por ciento de preferencias que le asignaban las encuestas y luego de ser elegido se retiraría para facilitar el nombramiento de Brugada. Toda la estrategia obedecía al propósito de frustrar la elección de Silvia Oliva cuya candidatura fue avalada no por los militantes del PRD ni sus órganos internos sino por el tribunal federal. Sin embargo, Acosta está haciendo cuentas alegres y calcula que es difícil que la Asamblea Legislativa, dada la composición que hemos descrito, concluya el itinerario propuesto por López Obrador y nombre a Brugada. En ese caso, piensa Acosta, él se quedaría en su lugar, del que no sería usurpador conforme a su visión de las cosas. Afirma que el 60 por ciento de su triunfo lo consiguió directamente él, por su trabajo previo en la delegación y el influjo de su partido, y que el restante 40 por ciento debe atribuirse por mitades a Brugada y López Obrador (Reforma, 12 de agosto).
En su primera quincena de actividades la Asamblea deberá elegir a quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ambos casos se requerirá conciliar posiciones distantes para acercarlas mediante la negociación.
Cajón de Sastre
Uno de los principios que rigen la doctrina penal más acatada en los países democráticos es que, ante la posibilidad de que un inocente padezca pena de prisión y al liberársele se beneficie a un culpable, es preferible que éste quede sin castigo (o afectado por una sanción más leve de la que un juez hubiera decretado). Ese problema teórico fue resuelto por la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la libertad de 20 presos. Uno de ellos es indubitablemente culpable. Se llama Lorenzo Pérez Vázquez, procedía de Los Chorros, una comunidad que proveyó a varios de los atacantes de Las Abejas. Está confeso de haber quitado la vida a un número indeterminado de personas. Y ahora, cuando apenas había cumplido una tercera parte de la sentencia que le fue impuesta, goza de libertad y hasta estrenará casa y parcela.
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