Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares -única cifra total disponible ahora- el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 2.291,298 de votos, que tal vez le alcancen para obtener 22 diputados. Con ellos contribuirá a formar la mayoría en la Cámara, con su aliado el PRI.
No tenemos derecho a minusvaluar a los ciudadanos que emitieron su voto a favor del PVEM, pero sí nos asiste el de insistir en sus características de partido tramposo, infractor de la ley, carente de escrúpulos, lo que le permite presentarse ante el electorado como lo que no es, y de formular propuestas de campaña imposibles de cumplir pero que impactan a ciudadanos desprevenidos y que se realizan en contra de la legislación electoral.
El Verde ha sido así desde que nació, primero en 1986 y luego en 1991. Sólo ha tenido dos presidentes, padre e hijo, tocayos: Jorge González Torres lo encabezó hasta 2001, y lo heredó a partir de entonces a Jorge Emilio González Martínez, actualmente diputado federal después de haber sido diputado local y senador de la República. Ha participado en tres contiendas presidenciales, con González Torres como candidato la primera (en 1994) y aliado al PAN (2000) y al PRI (2006). González Torres lo fue en 1997, en la única vez que ha tenido candidato propio al gobierno capitalino. Merced a su política de alianzas ha tenido creciente representación parlamentaria.
Sus dirigentes no son ejemplo de honestidad política (ni de la otra). González Martínez fue grabado mientras chalaneaba una gratificación millonaria por realizar gestiones para negocios inmobiliarios (ofensivos para el medio ambiente) en Cancún. El senador Arturo Escobar, uno de los posibles sucesores de González Martínez en el remoto caso de que éste permita a otro administrar su pródiga fuente de ingresos, viajaba en la víspera de las elecciones del Distrito Federal a Chiapas, con más de un millón de pesos en efectivo cuyo origen y destino no se estableció. Este año el financiamiento público del partido asciende a 304 millones de pesos. En los tres años anteriores recibió un total de más de 800 millones. Sus miembros no hacen aportación alguna, por lo que carece de un padrón de militantes, según campechana confesión de su secretario de finanzas. Dice contar con una fundación, el Instituto de Investigaciones Ecológicas: reto a los lectores no vinculados al PVEM a citar un solo producto de esa fundación, que cuenta con siete miembros, dos de los cuales son González Torres y su hija Erica, hermana de Jorge Emilio.
En los meses recientes el PVEM ha empeorado, si cabe. Sedujo a sus votantes con su propuesta de pena de muerte a los asesinos y secuestradores, algo imposible de lograr porque México abolió la pena capital y en la comunidad internacional se sanciona a los países que intentan restablecerla después de suprimirla. Para difundir esa propuesta el PVEM infringió una y otra vez la ley, para lo cual contó con la valiosa colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no vio propaganda electoral donde todo el mundo percibió lo contrario, y consagró de ese modo la compra de tiempo en la televisión, prohibida para ese fin en la Constitución y el código respectivo. Con ese aval el Verde violó de otras burdas maneras la prohibición citada y aunque fue multado por sus infracciones, en la estricta lógica mercantil con que actúa ese partido fue buen negocio pagar las multas a cambio de incrementar la votación al romper la equidad en la contienda.
De tiempo atrás el Partido Verde entró en componendas con el duopolio de la televisión. Como resultado de ellas hizo diputado a Javier Orozco Gómez, que había sido funcionario (prosecretario del consejo directivo) de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y preparó el proyecto de reformas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión conocido como Ley Televisa. Como premio a su exitosa labor, fue hecho senador pero por una vía equívoca de aplicación frecuente en el Verde: era suplente de Irma Ortega, que pidió licencia a su cargo. Así llegaron a ser legisladores Jorge Legorreta, Jesús Sesma, Alberto Puente Salas, registrados como suplentes de mujeres que figuran sólo para cumplir la equidad de género y que son desechadas después.
Ahora el Verde ha ido más allá. Integró un grupo de candidatos enviados por las televisoras para servir a sus intereses. Se le conoce ya como la telebancada. Es figura sobresaliente en ella Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, y están incluidos miembros de la oficina de Javier Tejado Dondé, el brillante abogado de Televisa que es vicepresidente de la CIRT. Cada uno de ellos, como ciudadanos, tiene pleno derecho a ser postulado y a ejercer su papel como legislador según convenga a sus intereses.
No debería permitirse, sin embargo, que esta nueva modalidad del corporativismo sea prohijada por un partido que recibe cuantioso financiamiento público. El Partido Verde Europeo rompió su relación con el de los González Torres Martínez por proponer la pena de muerte. Sugiero que por una vez esa sanción capital se aplique al propio partido que la propone. Bien es cierto que cuenta con un abundante número de votantes, que le aseguraron su permanencia en la liza electoral. Pero también lo es que un partido pueda perder su registro si incumple "de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala" el Cofipe.
Cajón de Sastre
El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, formula una aclaración a la aclaración presentada en este mismo lugar, ayer, por Santiago Corcuera, abogado de Jorge Castañeda, "pues por el término general con que se narra, parecería que México fue condenado en lo principal por el asunto Castañeda y no es así. Por el contrario, México fue exonerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la demanda relacionada con el tema de candidaturas independientes y con el pago de los daños y perjuicios materiales y morales que don Jorge alegó sufrir... La Corte sólo obligó a pagar 7000 dólares por gastos del juicio; a reformar un artículo... a fin de que quede claro el derecho a demandar de candidatos no propuestos por partidos políticos y a publicar esa parte de la sentencia. El pago y la publicación ya fueron hechos, la reforma está en proceso...".
Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares -única cifra total disponible ahora- el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 2.291,298 de votos, que tal vez le alcancen para obtener 22 diputados. Con ellos contribuirá a formar la mayoría en la Cámara, con su aliado el PRI.
No tenemos derecho a minusvaluar a los ciudadanos que emitieron su voto a favor del PVEM, pero sí nos asiste el de insistir en sus características de partido tramposo, infractor de la ley, carente de escrúpulos, lo que le permite presentarse ante el electorado como lo que no es, y de formular propuestas de campaña imposibles de cumplir pero que impactan a ciudadanos desprevenidos y que se realizan en contra de la legislación electoral.
El Verde ha sido así desde que nació, primero en 1986 y luego en 1991. Sólo ha tenido dos presidentes, padre e hijo, tocayos: Jorge González Torres lo encabezó hasta 2001, y lo heredó a partir de entonces a Jorge Emilio González Martínez, actualmente diputado federal después de haber sido diputado local y senador de la República. Ha participado en tres contiendas presidenciales, con González Torres como candidato la primera (en 1994) y aliado al PAN (2000) y al PRI (2006). González Torres lo fue en 1997, en la única vez que ha tenido candidato propio al gobierno capitalino. Merced a su política de alianzas ha tenido creciente representación parlamentaria.
Sus dirigentes no son ejemplo de honestidad política (ni de la otra). González Martínez fue grabado mientras chalaneaba una gratificación millonaria por realizar gestiones para negocios inmobiliarios (ofensivos para el medio ambiente) en Cancún. El senador Arturo Escobar, uno de los posibles sucesores de González Martínez en el remoto caso de que éste permita a otro administrar su pródiga fuente de ingresos, viajaba en la víspera de las elecciones del Distrito Federal a Chiapas, con más de un millón de pesos en efectivo cuyo origen y destino no se estableció. Este año el financiamiento público del partido asciende a 304 millones de pesos. En los tres años anteriores recibió un total de más de 800 millones. Sus miembros no hacen aportación alguna, por lo que carece de un padrón de militantes, según campechana confesión de su secretario de finanzas. Dice contar con una fundación, el Instituto de Investigaciones Ecológicas: reto a los lectores no vinculados al PVEM a citar un solo producto de esa fundación, que cuenta con siete miembros, dos de los cuales son González Torres y su hija Erica, hermana de Jorge Emilio.
En los meses recientes el PVEM ha empeorado, si cabe. Sedujo a sus votantes con su propuesta de pena de muerte a los asesinos y secuestradores, algo imposible de lograr porque México abolió la pena capital y en la comunidad internacional se sanciona a los países que intentan restablecerla después de suprimirla. Para difundir esa propuesta el PVEM infringió una y otra vez la ley, para lo cual contó con la valiosa colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no vio propaganda electoral donde todo el mundo percibió lo contrario, y consagró de ese modo la compra de tiempo en la televisión, prohibida para ese fin en la Constitución y el código respectivo. Con ese aval el Verde violó de otras burdas maneras la prohibición citada y aunque fue multado por sus infracciones, en la estricta lógica mercantil con que actúa ese partido fue buen negocio pagar las multas a cambio de incrementar la votación al romper la equidad en la contienda.
De tiempo atrás el Partido Verde entró en componendas con el duopolio de la televisión. Como resultado de ellas hizo diputado a Javier Orozco Gómez, que había sido funcionario (prosecretario del consejo directivo) de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y preparó el proyecto de reformas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión conocido como Ley Televisa. Como premio a su exitosa labor, fue hecho senador pero por una vía equívoca de aplicación frecuente en el Verde: era suplente de Irma Ortega, que pidió licencia a su cargo. Así llegaron a ser legisladores Jorge Legorreta, Jesús Sesma, Alberto Puente Salas, registrados como suplentes de mujeres que figuran sólo para cumplir la equidad de género y que son desechadas después.
Ahora el Verde ha ido más allá. Integró un grupo de candidatos enviados por las televisoras para servir a sus intereses. Se le conoce ya como la telebancada. Es figura sobresaliente en ella Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, y están incluidos miembros de la oficina de Javier Tejado Dondé, el brillante abogado de Televisa que es vicepresidente de la CIRT. Cada uno de ellos, como ciudadanos, tiene pleno derecho a ser postulado y a ejercer su papel como legislador según convenga a sus intereses.
No debería permitirse, sin embargo, que esta nueva modalidad del corporativismo sea prohijada por un partido que recibe cuantioso financiamiento público. El Partido Verde Europeo rompió su relación con el de los González Torres Martínez por proponer la pena de muerte. Sugiero que por una vez esa sanción capital se aplique al propio partido que la propone. Bien es cierto que cuenta con un abundante número de votantes, que le aseguraron su permanencia en la liza electoral. Pero también lo es que un partido pueda perder su registro si incumple "de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala" el Cofipe.
Cajón de Sastre
El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, formula una aclaración a la aclaración presentada en este mismo lugar, ayer, por Santiago Corcuera, abogado de Jorge Castañeda, "pues por el término general con que se narra, parecería que México fue condenado en lo principal por el asunto Castañeda y no es así. Por el contrario, México fue exonerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la demanda relacionada con el tema de candidaturas independientes y con el pago de los daños y perjuicios materiales y morales que don Jorge alegó sufrir... La Corte sólo obligó a pagar 7000 dólares por gastos del juicio; a reformar un artículo... a fin de que quede claro el derecho a demandar de candidatos no propuestos por partidos políticos y a publicar esa parte de la sentencia. El pago y la publicación ya fueron hechos, la reforma está en proceso...".
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