Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
El eje de la reforma electoral -cuya primera aplicación está siendo evaluada en el Senado- fue instaurar un nuevo modelo de radio y televisión en materia de elecciones, en que se sustrae del comercio la propaganda electoral, es decir se prohíbe a candidatos, partidos y terceros, adquirir tiempos en esos medios electrónicos, concesionados por el Estado. No se suprime la propaganda electoral en esos instrumentos, imprescindibles para la convivencia en la sociedad contemporánea, sino que la administra de modo exclusivo la autoridad electoral, que la distribuye equitativamente a los partidos políticos y la usa para sus propios fines.
La primera aplicación de la reforma ha sido exitosa. No es insensato atribuir a esa aplicación, pese a sus muchas deficiencias e imperfecciones, una mayor presencia ciudadana en las urnas, más numerosa que en otras elecciones puramente legislativas, si bien en ese efecto contaron causas varias. Esta inicial instrumentación de la reforma padeció errores, enfrentó resistencias y desafíos que rayaron en la insolencia, puso a prueba la reciedumbre de los órganos electorales, que no la pasaron con el donaire debido, pero venturosamente consiguió su propósito: no se dilapidó el dinero de los contribuyentes, se asentó el principio de la soberanía estatal y frente a los poderes fácticos y se extendió a órganos representativos de la sociedad, entidades de interés público como son los partidos, el uso de los tiempos oficiales de la radio y la televisión, hasta ahora reservados a los Poderes de la Unión y regateados a los ciudadanos.
Por allí hay que comenzar en el análisis de la nueva legislación. Son nuevas las normas relacionadas con los procesos electorales, no la facultad de usar el tiempo que los concesionarios deben poner a disposición del Estado. La autoridad estatal se reservó en cada emisora, desde 1960, cuando promulgada la Ley Federal de Radio y Televisión, 30 minutos continuos o discontinuos de "transmisiones gratuitas diarias" dedicadas a difundir "temas educativos, culturales y de orientación social". Esa media hora, muy cercana a los 48 minutos establecidos por la reforma aplicada ahora por primera vez, se incrementó de modo considerable a partir de 1969, con el establecimiento de un impuesto especial de 25 por ciento de los ingresos de los concesionarios de radio y televisión y su conversión en 12.5 por ciento del tiempo total de transmisiones, pues se autorizó su pago en especie y no en efectivo. Los concesionarios estuvieron obligados a poner aquellos 30 minutos más la octava parte de su tiempo total de emisiones (¡tres horas diariamente en las estaciones que funcionan noche y día!) a disposición del Estado, suma que constituyó el "tiempo oficial". En octubre de 2002, después de 33 años en que nadie objetó, ni políticamente ni mediante amparos esa disposición (porque en los hechos se negociaba el incumplimiento de la ley), los concesionarios obtuvieron una sustancial reducción de esos tiempos del Estado a su actual magnitud: 18 minutos en televisión y 35 en la radio. La reducción fue doblemente inequitativa ya que afecta en mayor medida a la radio y perjudica a los pequeños radiodifusores que deben pagar lo mismo por horarios menores de 24 horas que quienes no interrumpen sus transmisiones.
La reforma electoral estableció que ese tiempo del Estado, gestionado por la Secretaría de Gobernación, pasara al IFE en las temporadas electorales. No hay robo ni expropiación como calumniosamente adujeron concesionarios conspicuos; sólo cambio de operador de un tiempo que se llenaba de todos modos con avisos gubernamentales, sobre todo del Poder Ejecutivo o se regala a los concesionarios cuando el órgano encargado deja de utilizarlos. Hay que decir que se yerra al tratar igual a concesionarios y permisionarios porque éstos, que no lucran, no generan tiempo fiscal.
No sé si para suscitar admiración por la proeza de emitirlos o para provocar malestar público ante la cifra descomunal, el IFE se ufanó de que transmitiría 23 millones de mensajes, sin informar que bajo el antiguo régimen en la campaña de 2006 se había difundido una cantidad mayor. Ese error de difusión se agregó al de mayor importancia de establecer un formato que impidió el debate y aun la presentación de programas, que eran los objetivos de la reforma, al privilegiar la emisión de spots en cuya brevedad apenas cabían algunas señas de identidad de los partidos, pero cuyo manejo convenía a las empresas concesionarias cuando podían venderlos. He allí un desliz en la instrumentación, que no puede ser imputado al modelo establecido por la reforma, susceptible por lo tanto de enmienda y mejora para el próximo proceso electoral.
Los órganos electorales se mostraron frágiles y sinuosos en su relación con los medios electrónicos, especialmente la televisión que abiertamente comenzó negándose a transmitir los mensajes que estaba obligada a difundir, y recurriendo después a añagazas para impedir su cumplimiento, como las cortinillas y la compactación de mensajes, la interrupción de programas continuos, ámbito en que quiso contrastar el trato de que gozaba con el reclamado por las emisoras culturales. A través del órgano empresarial que las reúne, y en que tienen poder dominante, las televisoras pretendieron sustituir la fuerza y certeza de la ley por acuerdos convencionales y convenencieros, admitidos como válidos en algún momento por la mayoría de los consejeros electorales.
Cajón de Sastre
Al participar en la mesa de evaluación de la instrumentación de la reforma electoral 2007-2008, cuya tercera sesión se efectuó al mediodía de ayer en el Senado, expresé mi convicción, como se aprecia en el texto precedente, parte de las palabras pronunciadas al respecto, de que el espíritu de dicha reforma, que establece un nuevo modelo de radio y televisión en materia electoral no sea modificado, como se sospecha, se rumora, se teme. El presidente de la junta de gobierno de esa cámara, Manlio Fabio Beltrones, se manifestó convencido de que el eje de la reforma funcionó y anunció que no será revertido. Se mostró satisfecho de que Roberto Rock -que ha entregado los 30 años de su vida profesional a El Universal. Que dirigió y del que ahora es columnista
El eje de la reforma electoral -cuya primera aplicación está siendo evaluada en el Senado- fue instaurar un nuevo modelo de radio y televisión en materia de elecciones, en que se sustrae del comercio la propaganda electoral, es decir se prohíbe a candidatos, partidos y terceros, adquirir tiempos en esos medios electrónicos, concesionados por el Estado. No se suprime la propaganda electoral en esos instrumentos, imprescindibles para la convivencia en la sociedad contemporánea, sino que la administra de modo exclusivo la autoridad electoral, que la distribuye equitativamente a los partidos políticos y la usa para sus propios fines.
La primera aplicación de la reforma ha sido exitosa. No es insensato atribuir a esa aplicación, pese a sus muchas deficiencias e imperfecciones, una mayor presencia ciudadana en las urnas, más numerosa que en otras elecciones puramente legislativas, si bien en ese efecto contaron causas varias. Esta inicial instrumentación de la reforma padeció errores, enfrentó resistencias y desafíos que rayaron en la insolencia, puso a prueba la reciedumbre de los órganos electorales, que no la pasaron con el donaire debido, pero venturosamente consiguió su propósito: no se dilapidó el dinero de los contribuyentes, se asentó el principio de la soberanía estatal y frente a los poderes fácticos y se extendió a órganos representativos de la sociedad, entidades de interés público como son los partidos, el uso de los tiempos oficiales de la radio y la televisión, hasta ahora reservados a los Poderes de la Unión y regateados a los ciudadanos.
Por allí hay que comenzar en el análisis de la nueva legislación. Son nuevas las normas relacionadas con los procesos electorales, no la facultad de usar el tiempo que los concesionarios deben poner a disposición del Estado. La autoridad estatal se reservó en cada emisora, desde 1960, cuando promulgada la Ley Federal de Radio y Televisión, 30 minutos continuos o discontinuos de "transmisiones gratuitas diarias" dedicadas a difundir "temas educativos, culturales y de orientación social". Esa media hora, muy cercana a los 48 minutos establecidos por la reforma aplicada ahora por primera vez, se incrementó de modo considerable a partir de 1969, con el establecimiento de un impuesto especial de 25 por ciento de los ingresos de los concesionarios de radio y televisión y su conversión en 12.5 por ciento del tiempo total de transmisiones, pues se autorizó su pago en especie y no en efectivo. Los concesionarios estuvieron obligados a poner aquellos 30 minutos más la octava parte de su tiempo total de emisiones (¡tres horas diariamente en las estaciones que funcionan noche y día!) a disposición del Estado, suma que constituyó el "tiempo oficial". En octubre de 2002, después de 33 años en que nadie objetó, ni políticamente ni mediante amparos esa disposición (porque en los hechos se negociaba el incumplimiento de la ley), los concesionarios obtuvieron una sustancial reducción de esos tiempos del Estado a su actual magnitud: 18 minutos en televisión y 35 en la radio. La reducción fue doblemente inequitativa ya que afecta en mayor medida a la radio y perjudica a los pequeños radiodifusores que deben pagar lo mismo por horarios menores de 24 horas que quienes no interrumpen sus transmisiones.
La reforma electoral estableció que ese tiempo del Estado, gestionado por la Secretaría de Gobernación, pasara al IFE en las temporadas electorales. No hay robo ni expropiación como calumniosamente adujeron concesionarios conspicuos; sólo cambio de operador de un tiempo que se llenaba de todos modos con avisos gubernamentales, sobre todo del Poder Ejecutivo o se regala a los concesionarios cuando el órgano encargado deja de utilizarlos. Hay que decir que se yerra al tratar igual a concesionarios y permisionarios porque éstos, que no lucran, no generan tiempo fiscal.
No sé si para suscitar admiración por la proeza de emitirlos o para provocar malestar público ante la cifra descomunal, el IFE se ufanó de que transmitiría 23 millones de mensajes, sin informar que bajo el antiguo régimen en la campaña de 2006 se había difundido una cantidad mayor. Ese error de difusión se agregó al de mayor importancia de establecer un formato que impidió el debate y aun la presentación de programas, que eran los objetivos de la reforma, al privilegiar la emisión de spots en cuya brevedad apenas cabían algunas señas de identidad de los partidos, pero cuyo manejo convenía a las empresas concesionarias cuando podían venderlos. He allí un desliz en la instrumentación, que no puede ser imputado al modelo establecido por la reforma, susceptible por lo tanto de enmienda y mejora para el próximo proceso electoral.
Los órganos electorales se mostraron frágiles y sinuosos en su relación con los medios electrónicos, especialmente la televisión que abiertamente comenzó negándose a transmitir los mensajes que estaba obligada a difundir, y recurriendo después a añagazas para impedir su cumplimiento, como las cortinillas y la compactación de mensajes, la interrupción de programas continuos, ámbito en que quiso contrastar el trato de que gozaba con el reclamado por las emisoras culturales. A través del órgano empresarial que las reúne, y en que tienen poder dominante, las televisoras pretendieron sustituir la fuerza y certeza de la ley por acuerdos convencionales y convenencieros, admitidos como válidos en algún momento por la mayoría de los consejeros electorales.
Cajón de Sastre
Al participar en la mesa de evaluación de la instrumentación de la reforma electoral 2007-2008, cuya tercera sesión se efectuó al mediodía de ayer en el Senado, expresé mi convicción, como se aprecia en el texto precedente, parte de las palabras pronunciadas al respecto, de que el espíritu de dicha reforma, que establece un nuevo modelo de radio y televisión en materia electoral no sea modificado, como se sospecha, se rumora, se teme. El presidente de la junta de gobierno de esa cámara, Manlio Fabio Beltrones, se manifestó convencido de que el eje de la reforma funcionó y anunció que no será revertido. Se mostró satisfecho de que Roberto Rock -que ha entregado los 30 años de su vida profesional a El Universal. Que dirigió y del que ahora es columnista
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