TeleSUR
El Congreso de facto de Honduras decretó este miércoles la suspensión de todas las garantías individuales consagradas en la Constitución del país centroamericano, según informó a teleSUR la diputada hondureña del Partido de Unificación Democrática (PUD), Silvia Ayala.
Ayala explicó que el decreto fue aprobado por cuatro de las cinco bancadas que hacen vida en el Parlamento.
"Tenemos la desdicha de informar que fue aprobada por cuatro bancadas en el Congreso, con excepción del Partido de Unificación Democrática, un decreto que deja en suspenso todos los derechos y garantías individuales que están establecidos en la Constitución de la República", señaló la diputada del PUD.
De acuerdo con la parlamentaria, el decreto suspende el derecho de libre asociación, la inviolabilidad del domicilio, la movilización libre por el territorio nacional, la garantía de que nadie puede ser apresado sino mediante orden de captura, entre otros.
"Es decir, que en este momento cualquier hondureño, cualquier hondureña, puede ser apresado, pueden entrar violentamente en su domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre, llevárselo detenido sin ni siquiera informar sobre las causas de la detención", sostuvo Ayala en diálogo con teleSUR.
Además denunció que, como parte de las acciones del gobierno de facto, el dirigente y candidato a alcalde del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón por el PUD, fue desalojado de un centro asistencial de los Seguros Sociales hondureños, luego de que fuera víctima de un atentado con armas de fuego.
"Es una situación, por demás, inhumana. La nueva directora del hospital, siguiendo órdenes del gobierno de facto, sacó a la calle al compañero Favio Ochoa, que aún se encuentra entre la vida y la muerte luego del atentado criminal del que fue víctima" dijo Ayala.
La congresista Ayala manifestó su satisfacción por el hecho de que la ciudadanía hondureña se mantenga protestando en las calles, en rechazó al gobierno de facto que se ha instalado luego del golpe de Estado contra Zelaya, liderado por el presidente del Congreso de ese país, Roberto Micheletti.
También señaló que existen dos funcionarios que pertenecen al gabinete Ejecutivo de Zelaya y que se han alineado con el gobierno de facto, al tiempo que valoró la declaración hecha por otros ministros, que manifestaron estar a la espera del regreso del legítimo jefe de Estado.
"Nosotros estamos bastante satisfechos con que el Gabinete legítimo de nuestro país continúe sus acciones de resistencia y que continúe su lealtad hacia el gobierno de la República, porque lamentablemente hay dos funcionarios que están usurpando algunos funciones, dos ministros del gabinete del presidente Manuel Zelaya que se han unido al régimen de facto".
Los funcionarios mencionados por Ayala son el Secretario de Obras Públicas y de Transporte; José Rosario Bonano y el secretario de Seguridad, coronel Rodas Gamero.
"Nosotros hemos visto con suma satisfacción como el pueblo hondureño no ha bajado su decisión de continuar en las calles, luchando por el restablecimiento del orden constitucional
Resaltó que este miércoles, en Tegucigalpa, la capital hondureña, se dio un marcha multitudinaria hacia las inmediaciones de la Casa Presidencial, que posteriormente se dirigió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, para agradecer el apoyo de este organismo que ha condenado el golpe de Estado.
Por su lado, en declaraciones telefónicas exclusivas a teleSUR, Carlos Zelaya, hermano del presidente legítimo, Manuel Zelaya, sostuvo que la suspensión de las garantías permitirá al gobierno de facto de Roberto Mecheletti " hacer arrestos ilegales e ingresar a nuestros hogares sin que tengan justificación".
"No entendemos como un gobierno que está hablando de reconciliación adelanta este tipo de medidas", afirmó.
Agregó que preparan una movilización hacia la capital hondureña (Tegucigalpa) para recibir al presidente Zelaya, cuyo único delito fue "darle participación a la población, por ello aquí en el país la gente se está pronunciando en las calles".
Confió en que "la presión internacional y la presión que ejerce el pueblo hondureño con paros en distintos sectores logre restituir el orden democrático en la nación".
El Congreso de facto de Honduras decretó este miércoles la suspensión de todas las garantías individuales consagradas en la Constitución del país centroamericano, según informó a teleSUR la diputada hondureña del Partido de Unificación Democrática (PUD), Silvia Ayala.
Ayala explicó que el decreto fue aprobado por cuatro de las cinco bancadas que hacen vida en el Parlamento.
"Tenemos la desdicha de informar que fue aprobada por cuatro bancadas en el Congreso, con excepción del Partido de Unificación Democrática, un decreto que deja en suspenso todos los derechos y garantías individuales que están establecidos en la Constitución de la República", señaló la diputada del PUD.
De acuerdo con la parlamentaria, el decreto suspende el derecho de libre asociación, la inviolabilidad del domicilio, la movilización libre por el territorio nacional, la garantía de que nadie puede ser apresado sino mediante orden de captura, entre otros.
"Es decir, que en este momento cualquier hondureño, cualquier hondureña, puede ser apresado, pueden entrar violentamente en su domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre, llevárselo detenido sin ni siquiera informar sobre las causas de la detención", sostuvo Ayala en diálogo con teleSUR.
Además denunció que, como parte de las acciones del gobierno de facto, el dirigente y candidato a alcalde del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón por el PUD, fue desalojado de un centro asistencial de los Seguros Sociales hondureños, luego de que fuera víctima de un atentado con armas de fuego.
"Es una situación, por demás, inhumana. La nueva directora del hospital, siguiendo órdenes del gobierno de facto, sacó a la calle al compañero Favio Ochoa, que aún se encuentra entre la vida y la muerte luego del atentado criminal del que fue víctima" dijo Ayala.
La congresista Ayala manifestó su satisfacción por el hecho de que la ciudadanía hondureña se mantenga protestando en las calles, en rechazó al gobierno de facto que se ha instalado luego del golpe de Estado contra Zelaya, liderado por el presidente del Congreso de ese país, Roberto Micheletti.
También señaló que existen dos funcionarios que pertenecen al gabinete Ejecutivo de Zelaya y que se han alineado con el gobierno de facto, al tiempo que valoró la declaración hecha por otros ministros, que manifestaron estar a la espera del regreso del legítimo jefe de Estado.
"Nosotros estamos bastante satisfechos con que el Gabinete legítimo de nuestro país continúe sus acciones de resistencia y que continúe su lealtad hacia el gobierno de la República, porque lamentablemente hay dos funcionarios que están usurpando algunos funciones, dos ministros del gabinete del presidente Manuel Zelaya que se han unido al régimen de facto".
Los funcionarios mencionados por Ayala son el Secretario de Obras Públicas y de Transporte; José Rosario Bonano y el secretario de Seguridad, coronel Rodas Gamero.
"Nosotros hemos visto con suma satisfacción como el pueblo hondureño no ha bajado su decisión de continuar en las calles, luchando por el restablecimiento del orden constitucional
Resaltó que este miércoles, en Tegucigalpa, la capital hondureña, se dio un marcha multitudinaria hacia las inmediaciones de la Casa Presidencial, que posteriormente se dirigió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, para agradecer el apoyo de este organismo que ha condenado el golpe de Estado.
Por su lado, en declaraciones telefónicas exclusivas a teleSUR, Carlos Zelaya, hermano del presidente legítimo, Manuel Zelaya, sostuvo que la suspensión de las garantías permitirá al gobierno de facto de Roberto Mecheletti " hacer arrestos ilegales e ingresar a nuestros hogares sin que tengan justificación".
"No entendemos como un gobierno que está hablando de reconciliación adelanta este tipo de medidas", afirmó.
Agregó que preparan una movilización hacia la capital hondureña (Tegucigalpa) para recibir al presidente Zelaya, cuyo único delito fue "darle participación a la población, por ello aquí en el país la gente se está pronunciando en las calles".
Confió en que "la presión internacional y la presión que ejerce el pueblo hondureño con paros en distintos sectores logre restituir el orden democrático en la nación".
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