Alonso Urrutia y Fabiola Martínez / La Jornada
Hoy se realizan votaciones federales en todo el país, y locales en 11 entidades. Su antesala estuvo opacada por los sobresaltos generados al implementar la reforma electoral y por la apatía ciudadana frente a las ofertas políticas. Los partidos gastaron 819.4 millones de pesos en campañas, al tiempo que se difundieron 23 millones de promocionales de la autoridad y de los propios institutos políticos.
La renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados pondrá a prueba una vez más la maquinaria de organización del Instituto Federal Electoral (IFE), la cual prácticamente no ha tenido contratiempos operativos para alistar los comicios, pero sí numerosos litigios interpartidistas y disputas relacionadas con la aplicación del nuevo modelo de comunicación política, que en conjunto han derivado en más de 900 procedimientos sancionadores.
Los ciudadanos acuden hoy a las urnas para decidir mil 508 cargos de elección popular, pues paralelamente habrá comicios concurrentes en 11 entidades, entre las cuales destacan las disputas por las gubernaturas de Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima y Campeche, donde también se renovarán alcaldías y el Poder Legislativo local.
Al mismo tiempo, se renovarán las presidencias municipales y los congresos en los estados de México, Jalisco, Guanajuato y Morelos, y en el Distrito Federal las delegaciones políticas y la Asamblea Legislativa.
El reto fundamental es remontar la participación más baja de la historia (41.8 por ciento) registrada en el más reciente antecedente de elecciones intermedias, en 2003.
El desafío es complejo, debido al descrédito de los partidos políticos, que en los últimos años favoreció en gran medida la irrupción de una nueva convocatoria: ir a las urnas, pero para anular el sufragio o inscribir nombres de candidatos no registrados.
A esos llamados han confluido intereses diversos, desde las organizaciones ciudadanas formadas expresamente para manifestar su hartazgo frente a la clase política nacional hasta la orientación interesada de medios electrónicos para alentar un rechazo social a la reforma electoral, que modificó el modelo de comunicación política.
Los alcances de la convocatoria –que ha sido lo que más llamó la atención de la campaña– no podrán ser conocidos más que por la vía de las encuestas, toda vez que el cómputo oficial echará a todos a la clasificación de votos nulos, junto con aquellos en los que ciudadanos hayan errado al momento de sufragar.
En ese contexto, el IFE se ha centrado en la importancia de convocar a la participación para consolidar el sistema democrático, enfatizado en la organización de los comicios.
En ese renglón, todo está dispuesto para la instalación de 139 mil 181 casillas en todo el país, tan sólo para la elección federal, a la cual están convocados 77 millones 481 mil 874 ciudadanos inscritos en el listado nominal, 40 millones 127 mil 950 mujeres (51.79 por ciento) y 37 millones 353 mil 924 hombres (48.21 por ciento).
Como funcionarios de casilla, participarán 982 mil 500 ciudadanos. Paralelamente, los partidos han distribuido representantes, con porcentajes de cobertura similares a los de la elección de 2006.
En 98 por ciento de las casillas habrá representantes de más de tres partidos. Nuevamente el PRI es el que desplegará más militantes, ya que acreditó representantes en 97 por ciento de las casillas. Lo siguen el PAN, con 95.25 por ciento, y el PRD, con 80.95.
Nueva Alianza, en su segunda participación en elecciones federales, echará mano otra vez de la estructura magisterial para cubrir 80.86 por ciento de las mesas receptoras. En el extremo opuesto está el Partido Social Demócrata, que sólo tendrá representantes en 21.25 por ciento.
El PVEM enviará ciudadanos a cubrir 48.52 por ciento de las casillas, el Partido del Trabajo 41.94 y Convergencia 34.48.
Se vigilará toda la jornada, en especial la fase que en 2006 generó mayor polémica: el conteo de los sufragios.
De acuerdo con el reporte del IFE, casi 30 por ciento de los funcionarios de casilla tienen un nivel escolar no mayor a la primaria terminada –8 por ciento sólo estudiaron hasta tercer grado–, en tanto que poco más de 15 por ciento tienen licenciatura o posgrados. Una cuarta parte serán jóvenes menores de 24 años.
La jornada de hoy será el clímax de un proceso precedido por las campañas más cortas de la historia, que arrancaron el 3 de mayo en medio de la crisis de influenza e implicaron un gasto, tan sólo de los partidos, de 819 millones 488 mil 876 pesos.
Fue un proceso en el que el cambio del modelo de comunicación política tuvo efectos diversos: la difusión de 23 millones de espots; el desafío de las televisoras al IFE por medio de litigios, la difusión de publicidad ilegal disfrazada y la anulación de las pantallas de la autoridad electoral y las campañas.
Igualmente, fue un proceso desgastante, dada la peculiaridad de las reformas y la instrumentación del nuevo esquema de desahogo de quejas, que implicó la realización de 907 procedimientos especiales sancionadores, 331 a nivel central y el resto en las juntas distritales.
Ambas innovaciones –el modelo de comunicación y los procedimientos sancionadores– terminaron por ser el eje de la actividad de la autoridad electoral, que por momentos parecía rebasada por la dinámica de los litigios y los desplantes de las televisoras, las cuales, entre otros aspectos, apoyaron abiertamente la irregular participación del PVEM, que aprovechó las lagunas de la legislación para obtener beneficios electorales.
Estos comicios serán observados por 418 extranjeros acredi-tados, procedentes de medio centenar de naciones –entre ellas Dinamarca, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zambia y la República Árabe Saharaui–, quienes representan organismos electorales, cuerpo diplomático y una misión especial de la Organización de Estados Americanos.
Hoy se realizan votaciones federales en todo el país, y locales en 11 entidades. Su antesala estuvo opacada por los sobresaltos generados al implementar la reforma electoral y por la apatía ciudadana frente a las ofertas políticas. Los partidos gastaron 819.4 millones de pesos en campañas, al tiempo que se difundieron 23 millones de promocionales de la autoridad y de los propios institutos políticos.
La renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados pondrá a prueba una vez más la maquinaria de organización del Instituto Federal Electoral (IFE), la cual prácticamente no ha tenido contratiempos operativos para alistar los comicios, pero sí numerosos litigios interpartidistas y disputas relacionadas con la aplicación del nuevo modelo de comunicación política, que en conjunto han derivado en más de 900 procedimientos sancionadores.
Los ciudadanos acuden hoy a las urnas para decidir mil 508 cargos de elección popular, pues paralelamente habrá comicios concurrentes en 11 entidades, entre las cuales destacan las disputas por las gubernaturas de Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima y Campeche, donde también se renovarán alcaldías y el Poder Legislativo local.
Al mismo tiempo, se renovarán las presidencias municipales y los congresos en los estados de México, Jalisco, Guanajuato y Morelos, y en el Distrito Federal las delegaciones políticas y la Asamblea Legislativa.
El reto fundamental es remontar la participación más baja de la historia (41.8 por ciento) registrada en el más reciente antecedente de elecciones intermedias, en 2003.
El desafío es complejo, debido al descrédito de los partidos políticos, que en los últimos años favoreció en gran medida la irrupción de una nueva convocatoria: ir a las urnas, pero para anular el sufragio o inscribir nombres de candidatos no registrados.
A esos llamados han confluido intereses diversos, desde las organizaciones ciudadanas formadas expresamente para manifestar su hartazgo frente a la clase política nacional hasta la orientación interesada de medios electrónicos para alentar un rechazo social a la reforma electoral, que modificó el modelo de comunicación política.
Los alcances de la convocatoria –que ha sido lo que más llamó la atención de la campaña– no podrán ser conocidos más que por la vía de las encuestas, toda vez que el cómputo oficial echará a todos a la clasificación de votos nulos, junto con aquellos en los que ciudadanos hayan errado al momento de sufragar.
En ese contexto, el IFE se ha centrado en la importancia de convocar a la participación para consolidar el sistema democrático, enfatizado en la organización de los comicios.
En ese renglón, todo está dispuesto para la instalación de 139 mil 181 casillas en todo el país, tan sólo para la elección federal, a la cual están convocados 77 millones 481 mil 874 ciudadanos inscritos en el listado nominal, 40 millones 127 mil 950 mujeres (51.79 por ciento) y 37 millones 353 mil 924 hombres (48.21 por ciento).
Como funcionarios de casilla, participarán 982 mil 500 ciudadanos. Paralelamente, los partidos han distribuido representantes, con porcentajes de cobertura similares a los de la elección de 2006.
En 98 por ciento de las casillas habrá representantes de más de tres partidos. Nuevamente el PRI es el que desplegará más militantes, ya que acreditó representantes en 97 por ciento de las casillas. Lo siguen el PAN, con 95.25 por ciento, y el PRD, con 80.95.
Nueva Alianza, en su segunda participación en elecciones federales, echará mano otra vez de la estructura magisterial para cubrir 80.86 por ciento de las mesas receptoras. En el extremo opuesto está el Partido Social Demócrata, que sólo tendrá representantes en 21.25 por ciento.
El PVEM enviará ciudadanos a cubrir 48.52 por ciento de las casillas, el Partido del Trabajo 41.94 y Convergencia 34.48.
Se vigilará toda la jornada, en especial la fase que en 2006 generó mayor polémica: el conteo de los sufragios.
De acuerdo con el reporte del IFE, casi 30 por ciento de los funcionarios de casilla tienen un nivel escolar no mayor a la primaria terminada –8 por ciento sólo estudiaron hasta tercer grado–, en tanto que poco más de 15 por ciento tienen licenciatura o posgrados. Una cuarta parte serán jóvenes menores de 24 años.
La jornada de hoy será el clímax de un proceso precedido por las campañas más cortas de la historia, que arrancaron el 3 de mayo en medio de la crisis de influenza e implicaron un gasto, tan sólo de los partidos, de 819 millones 488 mil 876 pesos.
Fue un proceso en el que el cambio del modelo de comunicación política tuvo efectos diversos: la difusión de 23 millones de espots; el desafío de las televisoras al IFE por medio de litigios, la difusión de publicidad ilegal disfrazada y la anulación de las pantallas de la autoridad electoral y las campañas.
Igualmente, fue un proceso desgastante, dada la peculiaridad de las reformas y la instrumentación del nuevo esquema de desahogo de quejas, que implicó la realización de 907 procedimientos especiales sancionadores, 331 a nivel central y el resto en las juntas distritales.
Ambas innovaciones –el modelo de comunicación y los procedimientos sancionadores– terminaron por ser el eje de la actividad de la autoridad electoral, que por momentos parecía rebasada por la dinámica de los litigios y los desplantes de las televisoras, las cuales, entre otros aspectos, apoyaron abiertamente la irregular participación del PVEM, que aprovechó las lagunas de la legislación para obtener beneficios electorales.
Estos comicios serán observados por 418 extranjeros acredi-tados, procedentes de medio centenar de naciones –entre ellas Dinamarca, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zambia y la República Árabe Saharaui–, quienes representan organismos electorales, cuerpo diplomático y una misión especial de la Organización de Estados Americanos.
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