miércoles, mayo 27, 2009

Indispensable marco legislativo que proteja a consumidores contra prácticas monopólicas

Boletín UNAM-DGCS-319
Ciudad Universitaria

* El director de la Facultad de Derecho, Ruperto Patiño Manffer, opinó que sólo así se evitará que los consumidores sean víctimas de actores sin escrúpulos
* México tiene más de 15 años con un crecimiento bajo por falta de productividad e ineficiencia de su sistema productivo, dijo Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC
* Participaron en el II Simposio de Competencia Económica “Prácticas Monopólicas Absolutas”, organizado por la FD y la CFC


México requiere un marco legislativo que proteja a los consumidores contra ciertas prácticas monopólicas anticompetitivas, que aumentan los precios y reducen la producción porque sólo así se evitará que sean víctimas de actores sin escrúpulos.

Así lo consideró el director de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, en un texto leído por el secretario general de la FD, José Barroso Figueroa, en la inauguración del II Simposio de Competencia Económica Prácticas Monopólicas Absolutas, organizado junto con esta entidad universitaria y la Comisión Federal de Competencia (CFC).

Patiño Manffer refirió que los objetivos de la política de competencia estriban en lograr mercados competitivos, y regular y sancionar toda práctica contraria. El derecho de la competición cubre esos propósitos, pero debe redimensionarlos con un sentido humanista, unido a la garantía de libertad de trabajo y de goce de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales.

Por ello, se deben hacer aportes jurídicos y económicos que permitan concertar estrategias para garantizar a todo individuo, sin importar origen o nacionalidad, la disponibilidad y accesibilidad de los medios de subsistencia que necesite para salvaguardar su dignidad humana.

En su texto, Ruperto Patiño anunció la culminación de los trabajos entre la CFC y el Programa Único de Especializaciones en Derecho de la FD, con la creación de planes y programas de estudio de la especialidad en Derecho de la competencia económica, que una vez aprobada por las instancias correspondientes, podría estar disponible para los alumnos en enero de 2010.

En su oportunidad, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, aseveró que México lleva más de 15 años con un crecimiento mediocre, que se debe a la falta de productividad y eficiencia del sistema productivo nacional.

Por ello, consideró necesario impulsar una política de competencia sólida y activa que promueva mayor eficiencia en los mercados, evitando tácticas anticompetitivas o prácticas absolutas. Dentro de las primeras, las colusiones y la cartelización de los mercados son las más dañinas.

De hecho, dijo, en México hay tanto abuso por parte de las empresas, que tienen una participación importante derivada de la colusión entre distintos propietarios. La colusión implica una conspiración para eliminar la competencia y vender a precios más elevados, mediante acuerdos que implican determinación de precios a través de la división de los mercados, reducción de la oferta, o la participación en licitaciones públicas o privadas.

Por su parte, Carlos Mena Labarthe, director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la CFC, habló del Programa de inmunidad en México, que busca combatir de manera efectiva los “cárteles” que tengan efecto en territorio nacional, para lograr mayores beneficios en favor de los consumidores y la economía en general.

En el aula magna Jacinto Pallares de la FD, mencionó que con ello se busca desincentivar las prácticas monopólicas absolutas, que son los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, para fijar, elevar o manipular los precios.

El programa de inmunidad establecido en el artículo 33 bis 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, permite a cualquier agente económico que haya formado parte o se encuentre realizando acuerdos ilegales con sus competidores, recibir un beneficio por cooperar con la autoridad. Con ello puede reducir la posible sanción de 1.5 millones de salarios mínimos a tan sólo uno.

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