MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Con un tono triunfalista, para sostener el cual mutila y tuerce recomendaciones que se le formulan, el gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo en particular, dio a conocer muy breve y parcialmente el informe que sobre la tragedia de Pasta de Conchos aprobó el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incumplió así la disposición de ese organismo internacional de “dar a conocer públicamente el presente informe” y se limitó a acatar la parte final de esa recomendación: declarar “cerrado el procedimiento de reclamación”. En tal sentido tituló su boletín número 31, de 29 de marzo: “Se da por concluido el procedimiento de reclamación presentado en 2006 ante la Organización Internacional del Trabajo, con motivo del lamentable accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos”.
En efecto, el 2 de marzo de 2006, apenas dos semanas después de ese grave acontecimiento, en que perdieron la vida 65 personas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (al que después se unieron siete agrupaciones más) presentó una reclamación a la OIT, alegando incumplimiento del gobierno mexicano de dos convenios internacionales relacionados con el caso, el número 150 sobre administración del trabajo, el 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 170, sobre productos químicos. Un año después –la burocracia internacional es de andar pausado– se integró el Comité que estudiaría la reclamación y con ese mismo paso cansino demoró dos años en presentar su informe. Sus recomendaciones, o invitaciones al gobierno, revelan que la reclamación fue admitida por el órgano internacional, ya que, con el alambicado lenguaje que se estila en la diplomacia, se invita “al gobierno a que en consulta con los interlocutores sociales siga adoptando las medidas necesarias a fin de …garantizar el pleno cumplimiento del convenio número 155 y en particular, continuar la revisión y examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la manera indicada en los artículos 4 y 7 del convenio 155, prestando particular atención a las actividades laborales peligrosas, como las que se realizan en la minería del carbón”.
Como señal de su indisposición a aceptar esa invitación, el gobierno (a través del boletín de la STPS) de plano ignoró ese párrafo, que lo involucra en el incumplimiento del convenio mencionado. Respecto de otras invitaciones, el comunicado se permitió realizar operaciones de cirugía, para eliminar frases en sí mismas quizá triviales pero que al ser omitidas adquieren importancia. El documento de la OIT invita al gobierno mexicano a “finalizar y adoptar el nuevo marco reglamentario sobre la SST (seguridad y salud de los trabajadores) en el sector de la minería del carbón…”. La SCT eliminó el verbo adoptar, lo que supone también rechazo a la invitación. De modo semejante se actúa respecto de otro párrafo. La OIT pide “asegurar por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 8 del Convenio No. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos”. El boletín eliminó la frase “por todos los medios necesarios”, que constituye una exigencia de exhaustividad que no debería eludir, y simplemente borró las líneas finales, para evitar referirse en ese contexto a Pasta de Conchos.
También se omite por completo la invitación que hace la OIT al gobierno para que “en consulta con los interlocutores sociales, reexamine el potencial del convenio sobre la inspección del trabajo”, no obstante que la organización internacional le reconoce estar adoptando medidas “con el objeto de fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo de las minas”.
El documento de la OIT se refiere también al pago de las indemnizaciones. En su boletín, la Secretaría del Trabajo se ufana de que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo consiguió para las familias de 56 víctimas cantidades superiores a las que por ley correspondería a los beneficiarios. Sin embargo, dice el organismo internacional, “el gobierno no proporcionó informaciones específicas sobre las bases o los elementos que se tomaron en cuenta para llegar” a la suma pagada.
A lo largo del informe que la STPS sintetiza con tanta parcialidad hacia sí misma, no faltan observaciones sobre el sistema de inspección laboral, cuyas deficiencias fueron tenidas como causantes de la tragedia del 19 de febrero de 2006. Si bien con sensatez el documento indica que no puede hacerse al gobierno responsable de los accidentes laborales, ni qué deficiencias de la administración cuentan entre las causas del desastre, el Comité opinó “que la inspección del trabajo de Sabinas no fue consecuente con sus propias recomendaciones ni aseguró su adecuado cumplimiento, aun mediante la imposición de sanciones eficaces y disuasivas. Por todas estas razones, el Comité opina que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó 65 muertos”.
Las organizaciones que impulsaron esta reclamación y obtuvieron estos resultados de que no quiere acusar recibo la autoridad laboral difundirán el informe de la OIT para contrarrestar el mutismo oficial. Lo harán mañana lunes en la Cámara de Diputados, que a partir de septiembre próximo recibirá de nuevo a un integrante de lujo. Se trata de Francisco Xavier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo a la hora de la tragedia, cuyo talante hizo sentir de inmediato la necesidad de acudir a las instancias internacionales, a sabiendas de que la administración federal del trabajo estaba para mal involucrada en el asunto. Ya fue miembro de ese órgano legislativo de 1994 a 1997 y volverá en la LXI legislatura. Quizá como premio a su desempeño en la Secretaría del Trabajo el PAN lo incluyó de modo notorio en su lista de candidatos de representación proporcional.
Que les aproveche.
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Con un tono triunfalista, para sostener el cual mutila y tuerce recomendaciones que se le formulan, el gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo en particular, dio a conocer muy breve y parcialmente el informe que sobre la tragedia de Pasta de Conchos aprobó el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incumplió así la disposición de ese organismo internacional de “dar a conocer públicamente el presente informe” y se limitó a acatar la parte final de esa recomendación: declarar “cerrado el procedimiento de reclamación”. En tal sentido tituló su boletín número 31, de 29 de marzo: “Se da por concluido el procedimiento de reclamación presentado en 2006 ante la Organización Internacional del Trabajo, con motivo del lamentable accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos”.
En efecto, el 2 de marzo de 2006, apenas dos semanas después de ese grave acontecimiento, en que perdieron la vida 65 personas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (al que después se unieron siete agrupaciones más) presentó una reclamación a la OIT, alegando incumplimiento del gobierno mexicano de dos convenios internacionales relacionados con el caso, el número 150 sobre administración del trabajo, el 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 170, sobre productos químicos. Un año después –la burocracia internacional es de andar pausado– se integró el Comité que estudiaría la reclamación y con ese mismo paso cansino demoró dos años en presentar su informe. Sus recomendaciones, o invitaciones al gobierno, revelan que la reclamación fue admitida por el órgano internacional, ya que, con el alambicado lenguaje que se estila en la diplomacia, se invita “al gobierno a que en consulta con los interlocutores sociales siga adoptando las medidas necesarias a fin de …garantizar el pleno cumplimiento del convenio número 155 y en particular, continuar la revisión y examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la manera indicada en los artículos 4 y 7 del convenio 155, prestando particular atención a las actividades laborales peligrosas, como las que se realizan en la minería del carbón”.
Como señal de su indisposición a aceptar esa invitación, el gobierno (a través del boletín de la STPS) de plano ignoró ese párrafo, que lo involucra en el incumplimiento del convenio mencionado. Respecto de otras invitaciones, el comunicado se permitió realizar operaciones de cirugía, para eliminar frases en sí mismas quizá triviales pero que al ser omitidas adquieren importancia. El documento de la OIT invita al gobierno mexicano a “finalizar y adoptar el nuevo marco reglamentario sobre la SST (seguridad y salud de los trabajadores) en el sector de la minería del carbón…”. La SCT eliminó el verbo adoptar, lo que supone también rechazo a la invitación. De modo semejante se actúa respecto de otro párrafo. La OIT pide “asegurar por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 8 del Convenio No. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos”. El boletín eliminó la frase “por todos los medios necesarios”, que constituye una exigencia de exhaustividad que no debería eludir, y simplemente borró las líneas finales, para evitar referirse en ese contexto a Pasta de Conchos.
También se omite por completo la invitación que hace la OIT al gobierno para que “en consulta con los interlocutores sociales, reexamine el potencial del convenio sobre la inspección del trabajo”, no obstante que la organización internacional le reconoce estar adoptando medidas “con el objeto de fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo de las minas”.
El documento de la OIT se refiere también al pago de las indemnizaciones. En su boletín, la Secretaría del Trabajo se ufana de que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo consiguió para las familias de 56 víctimas cantidades superiores a las que por ley correspondería a los beneficiarios. Sin embargo, dice el organismo internacional, “el gobierno no proporcionó informaciones específicas sobre las bases o los elementos que se tomaron en cuenta para llegar” a la suma pagada.
A lo largo del informe que la STPS sintetiza con tanta parcialidad hacia sí misma, no faltan observaciones sobre el sistema de inspección laboral, cuyas deficiencias fueron tenidas como causantes de la tragedia del 19 de febrero de 2006. Si bien con sensatez el documento indica que no puede hacerse al gobierno responsable de los accidentes laborales, ni qué deficiencias de la administración cuentan entre las causas del desastre, el Comité opinó “que la inspección del trabajo de Sabinas no fue consecuente con sus propias recomendaciones ni aseguró su adecuado cumplimiento, aun mediante la imposición de sanciones eficaces y disuasivas. Por todas estas razones, el Comité opina que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó 65 muertos”.
Las organizaciones que impulsaron esta reclamación y obtuvieron estos resultados de que no quiere acusar recibo la autoridad laboral difundirán el informe de la OIT para contrarrestar el mutismo oficial. Lo harán mañana lunes en la Cámara de Diputados, que a partir de septiembre próximo recibirá de nuevo a un integrante de lujo. Se trata de Francisco Xavier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo a la hora de la tragedia, cuyo talante hizo sentir de inmediato la necesidad de acudir a las instancias internacionales, a sabiendas de que la administración federal del trabajo estaba para mal involucrada en el asunto. Ya fue miembro de ese órgano legislativo de 1994 a 1997 y volverá en la LXI legislatura. Quizá como premio a su desempeño en la Secretaría del Trabajo el PAN lo incluyó de modo notorio en su lista de candidatos de representación proporcional.
Que les aproveche.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
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