La Comisión Mediadora entre el Gobierno de México y la guerrilla Ejército Popular Revolucionario (EPR), autora de varios atentados explosivos sin víctimas aunque con cuantiosos daños materiales en 2007, abandonó su labor por la supuesta falta de voluntad gubernamental en la resolución del problema.
Los mediadores indicaron en un comunicado que habían decidido "poner fin" a sus misión "en virtud de que el Gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez", dos militantes del EPR del estado sureño de Oaxaca.
En una respuesta casi inmediata, la Secretaría de Gobernación (Interior) hizo un llamamiento a la Comisión a "reconsiderar su decisión", la invitó a sostener una reunión que estaba programada para este viernes y a mantener un "diálogo constructivo y pacífico".
En su comunicado, Gobernación expresó su extrañamiento por esta decisión porque, aseguró, el Ejecutivo "ha respondido favorablemente" a todas las solicitudes de los mediadores.
Los integrantes de la comisión reconocieron a los insurgentes "la confianza depositada" en ellos y valoraron "su cumplimiento de la tregua", iniciada hace casi un año como condición para dialogar.
Además, demandaron que "se respete la integridad de todas las personas y organismos que intercambiaron puntos de vista" con ellos y anunciaron que han dado a conocer su decisión a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para exigir que se aclare la situación de los dos rebeldes desaparecidos, que el grupo guerrillero sostiene que fueron eliminados por el Gobierno oaxaqueño tras ser detenidas en mayo de 2007, el EPR hizo estallar hace dos años varias bombas en instalaciones de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El más reciente atentado fue en septiembre de 2007 en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, y provocó pérdidas millonarias para Pemex y para unas 2.500 empresas de varios estados del país que se quedaron sin suministro de gas.
Anteriormente la guerrilla había realizado acciones similares en los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Querétaro y en la Ciudad de México.
En ninguno hubo daños personales, aunque todos lograron una fuerte repercusión mediática.
El 14 de abril de 2008 el EPR le solicitó a un grupo de ciudadanos mexicanos y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) que hicieran en su nombre gestiones ante el Gobierno a fin de aclarar la situación de los dos militantes desaparecidos.
Entre ellos estaban el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la senadora Rosario Ibarra, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito Samuel Ruiz García.
Tras aceptar el Ejecutivo el diálogo, un mes después comenzaron las conversaciones, en las que la comisión mediadora no logró su propósito de hablar con la Secretaría de Defensa, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), denunció hoy.
El EPR surgió el 28 de junio de 1996, dos años y medio después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, en el vado de Aguas Blancas, en el sureño estado de Guerrero, donde otras guerrillas intervinieron en las décadas de 1960 y 1970.
Es considerado un grupo con una ideología marxista ortodoxa, que se nutrió económicamente de secuestros de grandes empresarios en la década de 1990. EFE
Los mediadores indicaron en un comunicado que habían decidido "poner fin" a sus misión "en virtud de que el Gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez", dos militantes del EPR del estado sureño de Oaxaca.
En una respuesta casi inmediata, la Secretaría de Gobernación (Interior) hizo un llamamiento a la Comisión a "reconsiderar su decisión", la invitó a sostener una reunión que estaba programada para este viernes y a mantener un "diálogo constructivo y pacífico".
En su comunicado, Gobernación expresó su extrañamiento por esta decisión porque, aseguró, el Ejecutivo "ha respondido favorablemente" a todas las solicitudes de los mediadores.
Los integrantes de la comisión reconocieron a los insurgentes "la confianza depositada" en ellos y valoraron "su cumplimiento de la tregua", iniciada hace casi un año como condición para dialogar.
Además, demandaron que "se respete la integridad de todas las personas y organismos que intercambiaron puntos de vista" con ellos y anunciaron que han dado a conocer su decisión a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para exigir que se aclare la situación de los dos rebeldes desaparecidos, que el grupo guerrillero sostiene que fueron eliminados por el Gobierno oaxaqueño tras ser detenidas en mayo de 2007, el EPR hizo estallar hace dos años varias bombas en instalaciones de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El más reciente atentado fue en septiembre de 2007 en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, y provocó pérdidas millonarias para Pemex y para unas 2.500 empresas de varios estados del país que se quedaron sin suministro de gas.
Anteriormente la guerrilla había realizado acciones similares en los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Querétaro y en la Ciudad de México.
En ninguno hubo daños personales, aunque todos lograron una fuerte repercusión mediática.
El 14 de abril de 2008 el EPR le solicitó a un grupo de ciudadanos mexicanos y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) que hicieran en su nombre gestiones ante el Gobierno a fin de aclarar la situación de los dos militantes desaparecidos.
Entre ellos estaban el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la senadora Rosario Ibarra, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito Samuel Ruiz García.
Tras aceptar el Ejecutivo el diálogo, un mes después comenzaron las conversaciones, en las que la comisión mediadora no logró su propósito de hablar con la Secretaría de Defensa, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), denunció hoy.
El EPR surgió el 28 de junio de 1996, dos años y medio después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, en el vado de Aguas Blancas, en el sureño estado de Guerrero, donde otras guerrillas intervinieron en las décadas de 1960 y 1970.
Es considerado un grupo con una ideología marxista ortodoxa, que se nutrió económicamente de secuestros de grandes empresarios en la década de 1990. EFE
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